Ghana respalda una presidencia de cinco años para futuros líderes

Cinco. Ese es el número que redefiniría el poder en Ghana si el último paquete constitucional del Gobierno se convierte en ley: cinco años en vez de cuatro para cada futuro presidente y cada futuro Parlamento, un año entero más en el cargo por mandato, un alargamiento del 25% del tiempo que cualquier Gobierno ganador tendría para gobernar antes de volver a enfrentarse a los votantes ^{2 3 5}.

El 30 de julio de 2026, durante la serie sobre rendición de cuentas del Gobierno celebrada en Jubilee House, el fiscal general y ministro de Justicia, Dr. Dominic Ayine, presentó la postura del Gobierno recogida en el Libro Blanco sobre las recomendaciones del Comité de Revisión Constitucional, un organismo creado en 2025 por el presidente John Dramani Mahama ^{4 7}. El Libro Blanco no modificó una sola norma de forma aislada. Aceptó un conjunto de reformas que, en conjunto, afectarían la duración de los mandatos, quiénes pueden postularse, quiénes pueden ocupar cargos públicos y cómo se elige a las autoridades locales ^{4 7}.

El eje de ese conjunto es la ampliación de los mandatos. Tanto el presidencial como el parlamentario pasarían de cuatro a cinco años según la postura aceptada por el Gobierno ^{2 3 5 6}. La justificación expresada por el Gobierno, según informó MyJoyOnline, es que el ciclo actual de cuatro años «no proporciona tiempo suficiente para que los Gobiernos ejecuten sus programas eficazmente» ⁵. En un país donde las elecciones son muy disputadas y el primer año suele dedicarse a asentarse en el cargo mientras el último se pasa en campaña, ese argumento resultará familiar a cualquiera que haya visto a un Gobierno ghanés correr contra el calendario ⁵.

Es importante que las informaciones dejan claro que el mandato más largo no ampliaría el de nadie que ya esté en curso. Solo se aplicaría a futuros presidentes y futuros parlamentos ². Felix Kwakye Ofosu, ministro de Comunicaciones del Gobierno, aclaró que la ampliación del mandato no se aplicará al presidente en funciones, John Dramani Mahama ⁸. Esa distinción importa porque los cambios de mandato en África suelen interpretarse como proyectos de los gobernantes en ejercicio; en este caso, según la información disponible, el Gobierno ha trazado una línea entre una norma para quienes sucedan en el cargo y un beneficio para quien lo ocupa actualmente ^{2 8}.

Más allá de la duración en el cargo, el paquete abriría la puerta a la máxima investidura a más personas por edad. El Gobierno aceptó reducir a 35 años la edad mínima para la presidencia ^{3 6}. El cambio pondría a Ghana en sintonía con una iniciativa en todo el continente para que los requisitos de elegibilidad presidencial reflejen poblaciones mucho más jóvenes, y permitiría que una generación que hasta ahora ha observado las carreras presidenciales principalmente desde los márgenes participe plenamente en la contienda una etapa vital antes ^{3 6}.

En cuanto a la ciudadanía, el Libro Blanco va más allá de una reforma parlamentaria limitada. Los ciudadanos con doble nacionalidad podrían ocupar cargos públicos, pero no la presidencia ni la vicepresidencia, y se eliminaría el requisito de renunciar a otra nacionalidad para los ciudadanos por nacimiento ¹¹. Esto va más allá de permitir simplemente que los ciudadanos con doble nacionalidad se postulen al Parlamento. Mantiene reservados los dos cargos más altos, pero elimina una restricción de larga data para los ghaneses que, además de su ciudadanía ghanesa por nacimiento, tienen otra nacionalidad ¹¹.

En el ámbito local, el Gobierno aceptó que se elija a los directores ejecutivos de distrito, en lugar de que los designe el presidente ^{7 10}. En el sistema de Ghana, los MMDCE son el nexo entre Accra y los distritos, y la designación presidencial ha hecho durante mucho tiempo que respondan ante el presidente, en vez de ante los votantes. La elección directa sería la medida de descentralización más tangible del paquete: cambiaría no cuánto tiempo gobierna Accra, sino ante quiénes pueden exigir responsabilidades cotidianas las comunidades locales ^{7 10}.

El Libro Blanco también abarca asuntos que van más allá de las elecciones y los cargos. Entre otras reformas aceptadas figuran la abolición de la pena de muerte, un mecanismo para que los ciudadanos propongan enmiendas constitucionales y una revisión del tamaño y la composición del Gobierno ¹⁰. En conjunto, sugieren que la revisión no se concibió como una iniciativa centrada en un solo mandato, sino como un intento más amplio de reconsiderar los controles sobre el poder del Estado: desde los castigos hasta la iniciativa popular y la estructura del propio Ejecutivo ¹⁰.

Lo que viene ahora es un proceso procedimental y sin calendario definido. No se ha fijado una fecha para el referéndum, y los cambios deben seguir el proceso de reforma constitucional ². Toda la información principal se publicó el 30 de julio de 2026 ^{2 3 4 5 6 7 8 9 11}, con un seguimiento el 9 de agosto de 2026 que detalló otras reformas aceptadas ¹⁰. Ese calendario deja el contenido aprobado por el Gabinete, pero aún no promulgado, y deja pendientes de hacerse públicos el mecanismo, el cronograma y el orden de aplicación ^{2 10}.

En una lectura directa, el paquete avanza en dos direcciones, y por eso merece escrutinio, no aplausos ni alarma. Las medidas que distribuyen el poder —elegir a las autoridades locales, permitir que ciudadanos con doble nacionalidad ocupen cargos, permitir que los ciudadanos propongan enmiendas y reconsiderar el tamaño del Gobierno— conviven con una medida que permite a quien gane el poder nacional conservarlo durante más tiempo en cada ocasión ^{7 10 11 2}. Un año más puede significar más tiempo para construir carreteras y escuelas y elaborar presupuestos sin estar en campaña permanente. También puede significar un año más de espera antes de que los votantes emitan su veredicto. Ambas cosas son ciertas a la vez; por eso tendrán tanto peso la limitación del alcance a futuros titulares y la integridad del propio proceso de reforma ^{2 5 8}.