Newsom busca sustituir todas las condenas a muerte de California, pero la mayoría requiere una medida judicial

El gobernador Gavin Newsom quiere ahora sustituir las 548 condenas a muerte vigentes por penas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El anuncio del 5 de noviembre de 2026 va más allá de la moratoria de ejecuciones que impuso en 2019: en lugar de dejar suspendidas las sentencias de muerte, las conmutaciones, una vez efectivas, sustituirían el propio castigo. Pero, para aproximadamente siete de cada diez posibles beneficiarios, no puede actuar por sí solo.⁠9⁠3⁠8

La distinción importa porque las primeras informaciones no coincidían sobre lo ocurrido. BBC News y NBC News informaron el 5 de noviembre que las conmutaciones se habían completado. CBS News y Los Angeles Times, en sus informaciones de ese mismo día, describieron una medida prevista que aún requería revisión judicial. Los documentos del propio gobernador describen un plan y una medida de indulto propuesta, no prueban que todas las condenas ya hayan cambiado. No hay una cifra confirmada de concesiones individuales que hayan entrado en vigor legalmente.⁠1⁠6⁠3⁠7⁠8⁠9

El documento central se titula «Declaración explicativa – Medida propuesta de indulto para condenados a muerte». Solicita recomendaciones al Tribunal Supremo de California para 382 personas condenadas a muerte por más de un delito grave. Frente a las 548 personas anunciadas, representan aproximadamente el 69.7%. Las 166 restantes constituyen alrededor del 30.3%; que no estén incluidas en ese grupo identificado para revisión judicial no demuestra que sus conmutaciones hayan sido firmadas.⁠8⁠3

Esas cifras reemplazan la descripción inicial de Los Angeles Times de una proporción aproximada de 60–40 entre los casos que requerían una medida judicial y aquellos que Newsom podía resolver directamente. El recuento del documento arroja una proporción más cercana a 70–30. Se trata de un cálculo basado en el documento y en el total anunciado, no de una estimación alternativa de otro medio.⁠7⁠8

El artículo V, sección 8(a), de la Constitución de California limita la facultad del gobernador para conceder indultos a una persona condenada dos veces por un delito grave. Un indulto o una conmutación requieren una recomendación respaldada por la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo estatal: cuatro de los siete. El tribunal no conmuta la condena por sí mismo; su recomendación permite que lo haga el gobernador.⁠67⁠8

Las condenas adicionales pueden ser anteriores a una sentencia de muerte o derivarse de delitos cometidos mientras se espera la ejecución. Y una recomendación favorable no es automática: en 2018, cerca del final de su mandato, el tribunal rechazó diez solicitudes de indulto presentadas por el gobernador Jerry Brown. Ese antecedente no permite predecir el resultado en este caso, pero impide tratar la revisión judicial como un mero trámite.⁠7

El anuncio público del 5 de noviembre está confirmado. No están confirmadas de manera independiente la fecha de presentación o recepción, las recomendaciones judiciales resultantes ni la tramitación de todos los instrumentos de conmutación necesarios. Newsom ha tomado una decisión trascendental; su aplicación sigue sin completarse.⁠8⁠9

Para cualquiera cuya conmutación entre en vigor, el castigo sería la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No se trata de un indulto ni de una declaración de inocencia. Las condenas seguirían vigentes, los presos continuarían encarcelados y esta medida no les daría ninguna posibilidad de obtener la libertad condicional. Newsom la califica como el castigo más severo que puede imponer mediante el indulto.⁠3

Eso convierte la propuesta en algo más que otra pausa. El 13 de marzo de 2019, Newsom suspendió las ejecuciones, retiró el protocolo de inyección letal y ordenó cerrar la cámara de ejecución de San Quintín. La moratoria no sustituyó las condenas a muerte ni liberó a los presos. Una conmutación cambiaría la sentencia en virtud de la cual una persona permanece recluida, incluso aunque, debido a la suspensión vigente, no haya ninguna ejecución inminente.⁠69⁠8

La última ejecución de California fue la inyección letal de Clarence Ray Allen, el 17 de enero de 2006. El estado ha llevado a cabo 13 ejecuciones desde 1978. Allen tenía 76 años y llevaba 23 en el corredor de la muerte; algunos presos condenados a muerte actualmente tienen 80 o 90 años. La propuesta incluye a personas que han vivido durante décadas bajo sentencias de muerte.⁠6⁠7

No aboliría la pena capital. Los fiscales aún podrían solicitar nuevas condenas a muerte, y los jurados y los tribunales conservarían sus funciones. Los votantes rechazaron la abolición en 2012 y nuevamente en 2016, cuando también aprobaron por un estrecho margen una medida destinada a acelerar los procedimientos relacionados con la pena de muerte. Newsom utiliza el indulto para cambiar las condenas vigentes, no para modificar la ley que rige los casos futuros.⁠3

Su argumento es categórico, no una afirmación de que todos los posibles beneficiarios hayan sido condenados injustamente o merezcan una indulgencia especial. Sostiene que los homicidios sancionados por el Estado son incompatibles con los valores de California y que el sistema no puede administrarse con equidad. Reconoce que los votantes decidieron mantener la pena, pero argumenta que la misma Constitución también otorga a los gobernadores la facultad de conceder indultos.⁠46⁠7

El sistema sigue consumiendo recursos públicos incluso sin ejecuciones. Una estimación de 2025 del Habeas Corpus Resource Center cifró en más de $200 millones el gasto anual en apelaciones capitales automáticas y peticiones de hábeas corpus. Se estima que las apelaciones relacionadas con la pena de muerte representan alrededor de una cuarta parte del trabajo del Tribunal Supremo estatal. Las conmutaciones podrían reducir los costos de los litigios sobre la pena capital, pero esas cifras no son una previsión de ahorro: el encarcelamiento continuaría y los procedimientos pendientes no desaparecerían todos automáticamente.⁠7

Una decisión universal necesariamente incluye casos cuya brutalidad sigue siendo fundamental para las objeciones de las familias. Entre los posibles beneficiarios están Charles Ng, condenado por matar a seis hombres, tres mujeres y dos niños pequeños en el norte de California en 1984 y 1985; Richard Allen Davis, que secuestró y asesinó a Polly Klaas, de 12 años, en 1993; y Christopher Cheary, condenado por asesinar, violar y torturar a la hija de tres años de su novia, Sophia Acosta. Su inclusión se debe al alcance de la propuesta, no a una reevaluación anunciada de esos delitos.⁠7

Bethany Webb considera que el prolongado proceso de la pena capital es en sí mismo una fuente de daño. Su hermana Laura fue una de las ocho personas asesinadas en el tiroteo masivo de Seal Beach de 2011; su madre recibió disparos y resultó gravemente herida. Webb rechaza la promesa de que ejecutar a un delincuente reparará la pérdida de una familia. «Es algo que brutaliza a los familiares, a todo el sistema», dijo a Los Angeles Times.⁠7

Sandy Friend llega a la conclusión opuesta. Su hijo de ocho años, Michael Lyons, fue secuestrado y asesinado en 1996. «Es una falta total de respeto a las víctimas. Es una bofetada», dijo sobre la eliminación de las condenas a muerte. Ninguna de las dos mujeres habla en nombre de todas las familias en duelo. La misma decisión puede evitarle a una familia más procedimientos relacionados con la pena capital y, a la vez, arrebatarle a otra el castigo que consideraba necesario para que hubiera justicia.⁠7

Newsom reconoce que su decisión reavivará recuerdos dolorosos y provocará ira y sufrimiento en algunos californianos. La describe como una de las decisiones más difíciles de su mandato como gobernador y acepta la responsabilidad por sus consecuencias. Su objetivo final es el encarcelamiento de por vida, centrando la atención en recordar a las víctimas en lugar de ejecutar a los delincuentes.⁠5⁠46

Una demanda aparte podría llegar más lejos que el indulto. El defensor público estatal impugnó en 2024 el sistema de pena de muerte de California, alegando disparidades raciales persistentes. Esta primavera, el Tribunal Supremo ordenó al fiscal general que explicara por qué la pena no debería declararse inconstitucional. En agosto, el fiscal general Rob Bonta escribió que las pruebas de disparidades generalizadas podrían mostrar un riesgo constitucionalmente intolerable de castigos arbitrarios. Ese caso se refiere a la propia ley; no es un fallo sobre las solicitudes de indulto de Newsom.⁠7

Para esta propuesta, la prueba inmediata es más acotada y tiene un plazo. El mandato de Newsom termina en enero de 2027. Para completar por sí mismo las 382 conmutaciones que dependen de los tribunales, necesita las recomendaciones requeridas y luego debe concederlas mientras siga siendo gobernador. No hay una fecha establecida para la decisión judicial. El próximo acontecimiento decisivo no será otra declaración contra las ejecuciones, sino la medida legal que haga efectiva su decisión.⁠7⁠8