El Tribunal Supremo de Pakistán ordena trasladar a Imran Khan a un hospital

48 horas. Ese fue el plazo que el Tribunal Supremo de Pakistán dio al Estado el 18 de agosto de 2026, al ordenar que el ex primer ministro Imran Khan fuera trasladado de su celda a una cama de hospital. ² Khan, recluido en la prisión de máxima seguridad de Adiala, en Rawalpindi, desde 2023 por condenas por corrupción que califica de motivadas políticamente, debía ser trasladado al hospital privado Shifa International, en Islamabad, para una evaluación y tratamiento médicos tras la preocupación por su presión arterial. ²⁴¹¹ En un país donde su encarcelamiento ha definido la política durante años, el tribunal intentó sustituir la confrontación por un procedimiento: un plazo, una lista de médicos y reglas sobre quién podía entrar en la habitación.

Tres años es la cifra que da peso a esas 48 horas. Khan lleva ya más de tres años detenido, y casi todos los meses de ese período han estado marcados por disputas sobre el acceso: a su familia, a sus abogados, a médicos independientes y a cualquier información fiable sobre su salud. ²⁴ Por tanto, la orden de agosto trataba de algo más que de la presión arterial. Era un intento del máximo tribunal del país de ejercer control sobre la custodia física de su preso con mayor peso político y de fijar condiciones que ni el Gobierno ni el partido de Khan pudieran cambiar fácilmente por su cuenta. ²

La directiva provino de un tribunal de tres jueces presidido por el juez Shahid Waheed, junto con los jueces Naeem Akhtar Afghan e Ishtiaq Ibrahim. ¹¹ Otras coberturas describen la composición más sencillamente como un tribunal de tres miembros, pero el contenido de la orden coincide en las distintas versiones: trasladar a Khan en un plazo de 48 horas, examinarlo fuera del sistema penitenciario e informar después al tribunal. ³² El tribunal también exigió el historial médico completo de Khan y fijó la siguiente audiencia para el 16 de septiembre. ²³

Las condiciones eran inusualmente detalladas. El tribunal ordenó formar una junta médica de cinco miembros —un médico, un cirujano, un especialista en medicina interna, un oftalmólogo y un cardiólogo—, y dispuso que acompañaran a Khan su médico personal, el doctor Faisal Sultan, y su hermana, la doctora Uzma Khan. ²⁷ El Gobierno sería responsable de la seguridad durante el traslado y la estancia, mientras que los gastos del tratamiento correrían a cargo de la familia; además, el tribunal advirtió que las facilidades podrían retirarse si se incumplían sus instrucciones. ²⁷³ Se permitirían visitas familiares semanales y llamadas telefónicas con sus hijos, que viven en el Reino Unido, mientras que se prohibiría a sus simpatizantes reunirse frente al hospital. ²⁴

El Gobierno actuó rápidamente para oponerse. El ministro de Justicia, Tarar, dijo que el Gobierno impugnaría la orden y argumentó que los presos condenados reciben tratamiento en hospitales públicos y que disponer atención en un hospital privado era «discriminatorio» y sentaba un precedente. ⁴⁶¹⁰ La petición de revisión, presentada el 19 de agosto por el comisionado jefe de Islamabad, sostenía que la orden provisional excedía la jurisdicción del tribunal y que no se había notificado a las partes pertinentes. ¹⁰⁶⁵ Según la interpretación del Gobierno, el examen debía realizarse en un hospital público de atención terciaria, salvo que los especialistas lo consideraran inadecuado, y no en Shifa por orden inicial.

El partido de Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf, celebró el fallo como un alivio tras las prolongadas restricciones al acceso y pidió a sus militantes que cumplieran plenamente las instrucciones del tribunal; afirmó que no las infringiría. ⁴¹⁰ Esa disciplina era importante porque el tribunal había prohibido expresamente las concentraciones políticas en el hospital, en un intento por evitar que un traslado médico se convirtiera en un enfrentamiento callejero. ²⁴ El encuentro en Adiala entre Khan y su hermana Noreen Niazi, el 19 de agosto, puso de relieve lo que, según el partido, estaba en juego: un acceso familiar regular y conforme a la ley, que describió como un derecho básico, no como una concesión. ⁴

Durante las actuaciones, el juez Afghan dijo que no debía haber «política en torno a la salud del fundador del PTI», mientras que el tribunal describió las visitas de sus hermanas como «derechos fundamentales». ³ La elección de esas palabras fue deliberada. Al plantear la salud y el contacto familiar como derechos y no como favores, el tribunal rechazó la idea de que el acceso a Khan pudiera concederse o retirarse por conveniencia política. También puso de manifiesto la tensión central del caso: el poder ejecutivo controla las prisiones y la seguridad, pero el poder judicial dictaba ahora dónde, quién y con qué garantías examinaría a este preso en particular.

Esa tensión explica por qué analistas externos consideraron llamativa la orden. Michael Kugelman, investigador sénior del Atlantic Council, calificó la intervención de «significativa y sorprendente», una valoración que llamó la atención porque se produjo después de reiteradas garantías del Gobierno de que la salud de Khan era estable. En los comentarios sobre el fallo se sugirió que el tribunal había intervenido precisamente allí donde la postura oficial decía que no hacía falta intervenir, lo que alimentó las especulaciones sobre una distensión calibrada entre bastidores con participación de la cúpula militar. El expediente de investigación no incluye las declaraciones literales de Kugelman, más allá de esa caracterización, y ninguno de los fragmentos proporcionados aclara si existe algún entendimiento de ese tipo.

Sobre el terreno, la orden no se había traducido en un traslado, al menos de inmediato. Según se informó, las autoridades penitenciarias estaban a la espera de la orden por escrito y, para el 20 de agosto, se describía como completos los preparativos para el traslado, mientras el inspector general de policía de Islamabad revisaba la seguridad del hospital. ⁹ Ese mismo día, la oficina del secretario del Tribunal Supremo devolvió la petición de revisión del Gobierno. ⁸ La devolución es un paso procesal, no una decisión definitiva sobre el fondo, pero dejó formalmente vigente la directiva del 18 de agosto mientras seguía sin respuesta la cuestión práctica —cuándo, cómo y bajo la custodia de quién saldría realmente Khan de Adiala— en las fuentes.

El expediente reconoce con franqueza sus límites. Ninguna de las fuentes confirma que el traslado se llevara a cabo, ni establece qué ocurrió en la audiencia prevista para el 16 de septiembre o después de ella, ni cuál fue el estado final de Khan. ²⁸⁹ Los fragmentos no incluyen el texto íntegro y literal de las declaraciones de los ministros y los magistrados, más allá de las breves frases citadas, y tampoco detallan los hallazgos médicos precisos que motivaron la preocupación por la presión arterial. Lo que sí está establecido es más limitado, pero aun así importante: una orden judicial clara para una evaluación en un hospital privado; una impugnación del Gobierno que la calificó de discriminatoria y cuestionó la jurisdicción; un partido que prometió cumplirla; y un aparato de seguridad que se preparaba para un traslado que, según la información disponible, aún no se había producido.