Ordenan la detención de Peña en el caso Ueno Bank mientras millones esperan recuperar sus ahorros

Ahora Peña permanece detenido en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción. El juez Humberto Otazú ordenó su prisión preventiva el 7 de noviembre de 2026, un día después de su destitución y arresto, mientras los fiscales investigan presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio relacionados con Ueno. La orden determina dónde permanecerá el expresidente durante el proceso. No establece que haya cometido esos delitos ni que haya causado la crisis del banco.⁠1⁠12

La distinción importa porque se han entrelazado tres preguntas diferentes: si Peña debía seguir siendo presidente, si los fiscales pueden probar delitos y cuándo recuperarán su dinero los clientes. Su destitución resolvió la primera. Su detención no resuelve ninguna de las otras dos.

Peña pasó unas tres horas en la Fiscalía General, en Asunción, el 7 de noviembre, antes de la decisión judicial. Esa fue su comparecencia ante los fiscales, no la duración de la posterior audiencia judicial. Los fiscales solicitaron la prisión preventiva; Otazú la concedió tras una audiencia aparte a la que asistieron Peña y su abogado.⁠1

La fiscal Nancy Salomón identificó los presuntos delitos como lesión de confianza y administración en provecho propio, también descrita como autocontratación. Esas denominaciones corresponden a las acusaciones de la fiscalía, no son descripciones comprobadas de la conducta de Peña. El fondo de la causa está en cómo habría llegado a Ueno dinero público y de fondos de pensiones, y por qué permaneció allí.⁠1

Según el documento de la fiscalía descrito por DW, Peña podría haber intervenido en la colocación, renovación y permanencia de sumas sustanciales pertenecientes a instituciones públicas y entidades de pensiones en el banco. Los fiscales también alegan que antes tuvo una relación económica y empresarial con el grupo empresarial de Ueno.⁠1

El relato vincula esos depósitos con otro conjunto de transacciones: presuntamente, Ueno recibió recursos públicos mientras concedía préstamos a empresas relacionadas con su propio grupo económico. El documento de la fiscalía señala observaciones de supervisión e irregularidades detectadas por los organismos de control del banco central en esas operaciones de préstamo. Se trata de acusaciones sobre transacciones vinculadas; todavía no constituyen una cadena demostrada de responsabilidad penal que llegue hasta Peña.⁠1

Ese es el desafío probatorio que queda por delante. Una relación empresarial pasada no demuestra, por sí sola, que un presidente haya dirigido los depósitos de una institución pública. Tampoco el fracaso de un banco establece quién causó sus pérdidas. Los fiscales deben vincular la presunta influencia con las transacciones y probar los delitos que han identificado.

Medios paraguayos también identifican a Carlos Carvallo, exdirector del Banco Central del Paraguay, como coimputado. Su papel debe distinguirse del de Peña: uno dirigió el banco central y el otro, el país. La orden de detención firmada y el expediente completo de la acusación no se han examinado de forma independiente para este artículo, y las pruebas disponibles no establecen una pérdida cuantificada atribuible a Peña ni cuánto se habría beneficiado personalmente.⁠17⁠1

El juicio político declaró a Peña responsable de un mal desempeño de sus funciones, un pronunciamiento político distinto de una condena penal. Su exvicepresidente, Pedro Alliana, lo sucedió y comenzó su primer día completo como presidente el 7 de noviembre. Ambos pertenecen al Partido Colorado. Cambió el titular de la Presidencia, pero no el partido.⁠1⁠4

Para los depositantes, ese traspaso no resolvió el problema inmediato. El banco central intervino ante dificultades de solvencia, y la prensa especializada en banca informó del inicio de un proceso de resolución. Un proceso de resolución no equivale automáticamente a una liquidación concluida. Del mismo modo, que no se pueda acceder a un depósito no demuestra que se haya perdido definitivamente todo su valor. Cuánto recuperen los clientes dependerá de lo que ocurra a continuación.⁠19⁠21⁠24

Las restricciones afectaron tanto a los ahorros de los hogares como a los fondos estatales. Después se produjeron grandes protestas callejeras y, según DW, la policía hizo retroceder a los manifestantes. La información disponible para este artículo no permite establecer un balance verificado de víctimas o detenciones.⁠1

Ya hubo una respuesta legislativa: el Senado de Paraguay informó que aprobó una medida que prevé un anticipo de las garantías de depósitos. Es un paso concreto de política pública, pero la aprobación no demuestra que los clientes hayan recibido pagos ni establece que todos los depósitos se devolverán íntegramente. Aquí no se dispone de una fecha confirmada para la restitución de los fondos ni de un total verificado de las recuperaciones finales.⁠25