Votación 8-4: Avanzan las bonificaciones por reducir costos; fracasan cuatro enmiendas de ética por 7-8

Empecemos por el 96%. Esa es la proporción de los ahorros en subvenciones que DOGE afirma haber logrado y que, según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), no puede verificarse, de acuerdo con una auditoría publicada el 7 de agosto de 2026. ^{4 5 10} De los $110 billion en ahorros declarados en contratos, subvenciones y arrendamientos, salvo una mínima parte, no hay documentación que demuestre que el dinero realmente se ahorró; además, algunos de esos ahorros ya se estaban eliminando gradualmente antes de que existiera DOGE. ^{4 5 10} Es la única cifra concreta de una semana de declaraciones en el Capitolio sobre despilfarro, bonificaciones y corrupción que sí cuenta con una auditoría federal que la respalde.

Nuestro video del 7 de agosto contó una historia más contundente sobre Washington: que la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado había votado 8-4 para enviar al pleno del Senado un proyecto de ley de bonificaciones para empleados federales encargados de reducir costos, mientras rechazaba cuatro enmiendas demócratas de ética en sendas votaciones partidistas idénticas de 7-8, relativas a la cancelación de subvenciones, el acceso anticipado a redes sociales, los conflictos financieros y las donaciones al ala este. La narración vinculó la votación en comisión con cifras que incluían más de 200 subvenciones del Departamento de Energía canceladas, hasta $100,000 al mes por acceso anticipado a una red social presidencial, $1 million en ingresos extranjeros para un exfuncionario de salud y cientos de millones en dinero privado que llegaban a la Casa Blanca. Ninguna de esas afirmaciones sobre el proyecto de ley, las enmiendas o las cantidades está confirmada por ninguna de las diez fuentes periodísticas proporcionadas para este artículo.

La misma comisión, presidida por Rand Paul, de Kentucky, sí se reunió esa misma semana y sí celebró una votación partidista con consecuencias reales. El jueves 6 de agosto de 2026, votó 8-7 siguiendo líneas partidistas para declarar al doctor Anthony Fauci en desacato al Congreso; todos los republicanos votaron a favor y todos los demócratas, en contra. ^{2 8 9 11} La votación se produjo después de una audiencia el 29 de julio en la que Fauci se negó reiteradamente a responder preguntas sobre la COVID-19 e invocó la Quinta Enmienda. ^{2 8 9 11} Luego, el jueves 7 de agosto, Paul pidió al Departamento de Justicia que procesara a Fauci tras la votación por desacato. ⁶

Esa medida por desacato es importante porque es la única votación de la comisión de esa semana que puede contrastarse con información periodística independiente. El memorando de investigación confirma quién presidía la comisión, la fecha, el margen y la división partidista, y varios medios describen la misma audiencia preliminar del 29 de julio y la misma remisión penal del 7 de agosto. ^{2 8 9 11} En cambio, ninguna fuente menciona un proyecto de ley de bonificaciones para empleados federales, las cuatro enmiendas de ética citadas, que los senadores Gary Peters o Ruben Gallego presentaran enmiendas en esta sesión, las declaraciones de refutación de Paul sobre Fauci durante esa sesión ni ninguna de las cifras específicas vinculadas al acceso a redes sociales, los ingresos extranjeros o las donaciones a la Casa Blanca.

El tema del despilfarro, central en la afirmación sobre el proyecto de ley de bonificaciones, sí tiene un trasfondo documentado, y contradice las afirmaciones fáciles sobre ahorros. La auditoría de la GAO del «Muro de recibos» de DOGE detectó cancelaciones que nunca ocurrieron y ahorros que no pueden corroborarse; el 96% de los ahorros declarados en subvenciones no se puede verificar. ^{4 5 10} Federal News Network y Ars Technica, al resumir el mismo informe del 7 de agosto, señalan que DOGE declaró $110 billion en ahorros en contratos, subvenciones y arrendamientos. ^{4 5 10} En otras palabras, la idea de pagar bonificaciones por ahorros verificados surge justo cuando los propios auditores del Gobierno dicen que la declaración de ahorros más conocida de los últimos tiempos no puede verificarse.

Hay que exponer claramente dos discrepancias, porque el video y el expediente periodístico no coinciden. El pie de foto sitúa la sesión de la comisión el miércoles, pero la votación documentada de esa misma comisión para declarar a Fauci en desacato tuvo lugar el jueves 6 de agosto. ^{8 9} El margen de la votación por desacato fue 8-7, no la mayoría de 8-4 descrita para el proyecto de ley de bonificaciones ni las cuatro derrotas idénticas de 7-8 descritas para las enmiendas de ética. ⁸ Es posible que se trate de dos medidas distintas en la misma sesión, pero las fuentes proporcionadas no lo establecen y no ofrecen información periodística de primera mano sobre el proyecto de ley de bonificaciones, el texto exacto de las enmiendas ni citas textuales vinculadas a esas votaciones específicas.

La conclusión aquí es sencilla y no exige tomar partido por Fauci ni por DOGE. Pagar a los empleados federales para que encuentren despilfarro es una idea atractiva solo si los ahorros se pueden medir sin manipular las cifras, y el hallazgo de la GAO muestra con qué facilidad se inflan los ahorros declarados cuando escasean los comprobantes. ^{4 10} Una votación de 8-4 para premiar a quienes reducen costos tendría sentido si la base de referencia fuera honesta; una votación de 8-7 por desacato para hacer cumplir una citación judicial solo tiene sentido si la investigación subyacente es imparcial. Ambas dependen de la verificación, que es precisamente lo que, según la auditoría, falta en la cifra de $110 billion. ^{4 5}