Fuera de emisión

Política · Costos de electricidad de los centros de datos

El Senado frena el proyecto de ley sobre electricidad para centros de datos y deja sin resolver quién paga

Una mayoría de 57–43 no pudo hacer avanzar la Ley de Protección de los Contribuyentes en las Tarifas. La disputa central: habría exigido a las jurisdicciones considerar que los enormes clientes informáticos pagaran los costos de la red, pero no obligarlas a adoptar esa medida.

Emitido Escrito 9 min de lectura244 fuentes

Seguimiento de la noticiaDía 7

1 informe144 medios244 fuentes4 vídeos

  • Aún no hay hechos fechados
  1. Actualización 1El Senado frena el proyecto de ley sobre electricidad para centros de datos y deja sin resolver quién pagaEstás aquí

Traducido del original en inglés.

Vídeo en su idioma original

Transcripción · CARGANDO

Cuatrocientos diecisiete miembros de la Cámara votaron a favor del proyecto de ley sobre electricidad para centros de datos. Tres votaron en contra. Dos semanas después, 57 senadores apoyaron someterlo a consideración, y aun así no fue suficiente. La Ley de Protección de los Contribuyentes en las Tarifas quedó estancada el 30 de septiembre, sin que se promulgara la salvaguarda federal propuesta para los clientes de electricidad. 100 5

La pregunta práctica es bastante sencilla: cuando un enorme complejo informático necesita nuevas centrales eléctricas, líneas de transmisión o equipos de distribución, ¿paga por esa ampliación la empresa que la solicita, o puede recaer parte del costo en familias y empresas que nunca la pidieron?

La disputa en el Senado era si este proyecto de ley garantizaría de forma fiable el primer resultado. La norma propuesta asignaba a los clientes informáticos cubiertos la totalidad de los costos incrementales de las mejoras. Pero las jurisdicciones habrían tenido que considerar la norma, no adoptarla. Esa brecha entre un principio de protección y una protección vinculante explica más que las afirmaciones contrapuestas de avance bipartidista y obstrucción política. 99

El resultado del 30 de septiembre fue una votación de procedimiento fallida, no un rechazo en la votación final. A las 12:51 p. m., hora del Este, la votación nominal 254 del Senado registró 57 votos a favor de cerrar el debate sobre la moción para proceder a H.R. 9340 y 43 en contra; se necesitaban 60. Posteriormente se retiró la moción para proceder. Cuatro demócratas se unieron a los republicanos para votar a favor: Maggie Hassan, de New Hampshire; Amy Klobuchar, de Minnesota; y los georgianos Jon Ossoff y Raphael Warnock. 5 55

La mayoría de los demócratas del Senado se opuso a avanzar la medida porque consideraba insuficientes sus protecciones al consumidor. Aun así, el apoyo en la Cámara fue abrumador, y fue para este mismo proyecto de ley, no solo para una propuesta similar. El acta del secretario de la Cámara registra su aprobación, con enmiendas y bajo suspensión de las reglas, el 16 de septiembre, por 417–3, con 12 miembros que no votaron. La emisión de NBC News del 30 de septiembre dijo que la Cámara lo había aprobado la semana anterior; el registro oficial sitúa la votación dos semanas antes de la del Senado. 3 100 1

Una norma sin adopción obligatoria

El representante republicano de Colorado Gabe Evans presentó H.R. 9340 el 18 de junio, con la demócrata de Florida Kathy Castor como copatrocinadora original. El senador republicano de Ohio Jon Husted encabezó la iniciativa en el Senado. Su proyecto complementario, S. 5028, se presentó el 16 de julio, pero la votación del 30 de septiembre correspondía a la medida aprobada por la Cámara. 101 102 6

La propuesta apunta a cargas informáticas muy grandes, no a todos los edificios llamados centros de datos. Los clientes cubiertos serían consumidores no residenciales que, a partir de la promulgación, contrataran instalaciones dedicadas principalmente a operar infraestructura de tecnología de la información y sistemas relacionados de almacenamiento de datos y procesamiento. Su demanda máxima agregada tendría que alcanzar al menos 100 megavatios en un solo sitio o complejo. 99

Según la norma propuesta, las tarifas recuperarían de esos clientes la totalidad de los costos incrementales de las mejoras de generación, transmisión o distribución necesarias para atenderlos. La responsabilidad se extendería a los costos pendientes si un cliente rescindiera su contrato o dejara de comprar electricidad. Las empresas de servicios públicos obtendrían garantías financieras o aportes antes de realizar las mejoras. 99

Este último punto importa tanto como la factura inicial. La infraestructura puede durar más que el cliente para el que se construyó. Un complejo que se reduzca, se marche o consuma menos electricidad de la prevista puede dejar atrás capacidad costosa. Exigir respaldo financiero antes de construir es una forma de abordar ese riesgo, en lugar de discutirlo después de haber realizado la inversión.

Pero H.R. 9340 enmendaría la Ley de Políticas Reguladoras de Servicios Públicos de 1978, o PURPA, mediante su marco de consideración y determinación. Los reguladores estatales y las empresas de servicios públicos no reguladas empezarían a considerar la norma en el plazo de un año desde su promulgación y completarían la consideración y tomarían una determinación en el plazo de dos años. Las medidas estatales previas comparables podrían satisfacer el proceso. La adopción seguiría siendo opcional. Como el proyecto no se convirtió en ley, ninguno de los dos plazos ha comenzado. 99

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, la calificó de «proyecto de ley sin fuerza, pensado para enviar un mensaje». Su objeción tiene un fundamento concreto en la legislación: una jurisdicción podría completar el proceso obligatorio y rechazar la protección propuesta. Eso no significa que el texto carezca de una norma significativa para asignar los costos. Significa que el requisito federal no llegaría a hacer universal esa norma. 12 99

El argumento de Husted era que el Congreso debía dar un paso bipartidista para evitar que los costos de las grandes cargas eléctricas recayeran en las facturas de otros clientes. Durante un intento anterior, bloqueado, de lograr la aprobación por consentimiento unánime el 17 de septiembre, dijo: 7

La Ley de Protección de los Contribuyentes en las Tarifas representa el paso bipartidista más significativo que el Congreso podría dar para proteger al pueblo estadounidense de precios más altos de la electricidad.

Jon Husted 7

El resultado de la votación en la Cámara da un peso real al argumento bipartidista. No responde al argumento sobre la aplicación. Coincidir en que las empresas deben pagar lo que les corresponde no equivale a exigir que todas las jurisdicciones las obliguen a hacerlo.

El riesgo que esconden las proyecciones

La escala de la posible demanda de electricidad hace que esa distinción sea importante. El Servicio de Investigación del Congreso cita una estimación histórica del DOE/LBNL de alrededor de 192 teravatios-hora consumidos por los centros de datos de EE. UU. en 2024, aproximadamente el 4.7% de la electricidad del país. Sus escenarios para 2030 proyectan entre 521 y 843 teravatios-hora, o entre el 9.5% y el 15.3%. Son proyecciones, no una demanda garantizada. 80

Un modelo aparte de EPRI sitúa la proporción para 2030 en aproximadamente el 9–17%, con entre 380 y 790 teravatios-hora en sus propios escenarios. Las distintas hipótesis implican que estos rangos no deben combinarse en una sola serie numérica. Los complejos que se retrasan o cancelan, las carteras de proyectos sobredimensionadas y las revisiones a la baja de la carga pueden hacer que las proyecciones sean demasiado altas. Esa incertidumbre refuerza la necesidad de asignar los costos con cuidado: las empresas de servicios públicos pueden construir para una demanda que nunca llega a materializarse por completo. 80

El escenario de financiación de septiembre de Moody’s ilustra la posible inversión. Sobre la base de un consumo de los centros de datos de aproximadamente 426 teravatios-hora en 2030, estimó unos 45 gigavatios de nueva generación hasta ese año, cerca de $110 mil millones en costos de capital y entre $25 mil millones y $30 mil millones en costos anuales adicionales para el sistema eléctrico. La expansión prevista consistía principalmente en gas, con algo de energía solar y almacenamiento, y pocas reactivaciones de centrales nucleares. 79

Esas cifras no son costos ya materializados ni una predicción de que los hogares pagarán todo lo que quede pendiente. El análisis contemplaba que los centros de datos cubrieran directamente hasta unos $15 mil millones mediante proyectos en las instalaciones o detrás del medidor que representarían alrededor del 30% de la expansión de la generación, no el 30% de los costos anuales del sistema. Quién termina pagando depende de las tarifas, la regulación y el desarrollo efectivo. 79

Ohio acerca el debate a casa

Antes de la votación, Reuters informó el 28 de septiembre que los republicanos querían demostrar que actuaban ante la preocupación por las tarifas eléctricas de cara a las elecciones de medio mandato. Esa votación prevista ya tuvo lugar y el proyecto no avanzó. Ohio es una prueba electoral concreta: Husted se enfrenta al exsenador demócrata Sherrod Brown en la elección especial del 3 de noviembre para completar el resto del mandato senatorial de J.D. Vance. 4 142

Brown ha criticado la anterior promoción de centros de datos e incentivos fiscales por parte de Husted. Ambos candidatos se oponen a trasladar a los hogares los costos de infraestructura de grandes cargas nuevas, pero sus posturas no son intercambiables. Husted impulsó la propuesta federal de consideración. Brown favorece que las comunidades locales decidan sobre la ubicación, el empleo sindicalizado, el fin de las exenciones fiscales excesivas y la protección contra facturas de electricidad más altas. Esas posturas de campaña no establecen por sí mismas un mandato federal independiente de asignación de costos ya promulgado. 200 198 203 99

Las encuestas muestran incomodidad política, no un pronóstico electoral. La encuesta original de NBC News encontró que el 64% sería menos propenso a apoyar a «Un candidato que apoya construir un centro de datos en su comunidad»: el 51% sería mucho menos propenso y el 13% algo menos propenso. El once por ciento sería más propenso y el 22% dijo que no supondría ninguna diferencia. En su emisión del 30 de septiembre, NBC resumió el dato diciendo que el 51% sería menos propenso; ese era el subgrupo muy negativo, no el total. 213 16 1

La pregunta se planteó el 14–15 de septiembre a 397 votantes registrados del formulario A, con un margen de error de ±4.92 puntos porcentuales. La encuesta más amplia de Hart Research/Public Opinion Strategies para NBC entrevistó a 1,000 votantes registrados entre el 11 y el 15 de septiembre, pero su menor margen de error general no describe la precisión de esta pregunta. Solo el 2% eligió los centros de datos como su principal tema entre nueve asuntos nacionales. Una prioridad nacional baja aun así puede convertirse en una postura local impopular. 213 134

El presidente Donald Trump sigue defendiendo la expansión por razones económicas y de competencia con China. El 29 de septiembre dijo que las zonas anfitrionas «se han vuelto muy ricas» y que «sus impuestos han bajado, no subido». Esas son afirmaciones suyas, no beneficios universales verificados. La competencia nacional y la prosperidad prometida no resuelven quién paga por la red eléctrica. 74

Lo que sabemos

  • El proyecto no avanzó ni se convirtió en ley. El requisito federal de consideración y los plazos de adopción propuestos no están vigentes. 55599

Lo que no sabemos

  • No se ha establecido una fecha para otra votación del Congreso ni para una medida sustitutiva. Se desconoce el impacto de esta disputa en las elecciones.

Lo que viene

  • El 3 de noviembre se celebrará la elección especial de Ohio, pero su resultado por sí solo no puede demostrar que los centros de datos hayan determinado las decisiones de los votantes.

El resultado en el Senado no prohíbe los centros de datos ni crea una nueva obligación nacional para que los clientes cubiertos paguen sus costos incrementales de electricidad e infraestructura. Las normas estatales y de las empresas de servicios públicos vigentes son independientes. Para los consumidores, esa es la consecuencia inmediata: el Congreso no ha resuelto la cuestión de la asignación de costos, y la propuesta fallida habría exigido decidir sobre la protección, pero no la habría garantizado. 99 172

Tal como se emitió 24 líneas
  1. The Senate blocked a data-center cost bill that 417 House members supported. The vote leaves a proposed federal ratepayer standard unenacted, with families and businesses facing the question of who pays for power plants and grid upgrades built for giant computing campuses. Would this bill have guaranteed that data centers pay those costs—and what protections remain now?
  2. Fifty-seven senators supported advancing the measure—not rejecting it. But they fell three votes short of the sixty needed to overcome the procedural hurdle. On September thirtieth, the Senate rejected cloture on the motion to proceed to H.R. 9340, the Ratepayer Protection Act. That prevented senators from taking up the House-passed bill; it was not a final-passage vote. The motion to proceed was subsequently withdrawn. Four Democrats joined Republicans in voting yes: Maggie Hassan of New Hampshire, Amy Klobuchar of Minnesota, and Georgia's Jon Ossoff and Raphael Warnock. Most Senate Democrats opposed moving ahead because they considered the consumer protections inadequate.
  3. The House had passed this same measure two weeks earlier, on September sixteenth—not during the week immediately before the Senate vote. The tally was 417 to three, with twelve members not voting. Passage came under suspension of the rules, requiring a two-thirds majority. That establishes overwhelming bipartisan passage, despite older bill-status descriptions that still reflected an earlier legislative stage.
  4. Colorado Republican Representative Gabe Evans introduced H.R. 9340 on June eighteenth. Florida Democrat Kathy Castor was an original cosponsor, and the measure was ordered reported from committee on July twenty-first. Ohio Republican Senator Jon Husted championed the Senate effort. His companion, S. 5028, was introduced July sixteenth and referred to the Energy and Natural Resources Committee. But the September thirtieth vote concerned the House bill, not final passage of Husted's Senate companion.
  5. The bill draws its coverage line at one hundred megawatts of aggregate peak demand at a single site or campus. It targets nonresidential customers contracting on or after enactment for facilities principally operating information-technology infrastructure and related data-storage and computing systems. It would not cover every building called a data center.
  6. Its proposed standard would recover the full incremental costs of generation, transmission and distribution upgrades from the large-load customer needing them. That responsibility would continue for remaining costs after the customer terminated its contract or stopped buying electricity. Utilities would obtain financial assurances or contributions before undertaking the upgrades. The purpose is to protect other customers from infrastructure costs left behind when a campus shrinks, leaves, or uses less capacity than planned.
  7. States would have to consider the protection, but would not have to adopt it. That is the decisive distinction. The proposal would amend the Public Utility Regulatory Policies Act of 1978, known as PURPA. State regulators and nonregulated utilities would begin consideration within one year of enactment, then finish considering the standard and make a determination within two years. Comparable prior state action could satisfy that process. The binding federal obligation would be to consider and decide—not necessarily to implement the cost protection. Because the bill did not become law, neither deadline has begun.
  8. The bill contains detailed proposed cost protections, but no nationwide requirement to adopt them. Senate Democratic leader Chuck Schumer attacked that optional structure as insufficient to ensure data centers pay their costs. His criticism does not mean the text contains no protective standard. It means jurisdictions could complete the required process and decline to put that standard into effect.
  9. Husted's goal was to make large data centers bear their electricity and infrastructure costs rather than shift them to other ratepayers. An earlier attempt to obtain passage by unanimous consent was blocked on September seventeenth, separate from the later cloture vote.
  10. His argument rests on taking a bipartisan step toward protection. After the September thirtieth vote, he accused Senate Democrats of rejecting a policy conservative and liberal House members had supported. The House tally supports his claim of bipartisan agreement. It does not settle whether requiring state consideration would deliver the protection households need.
  11. Data centers used an estimated 192 terawatt-hours of electricity in 2024—about 4.7 percent of U.S. consumption. That is a historical estimate, not a measurement of their 2026 use. One set of scenarios projects 521 to 843 terawatt-hours in 2030, or 9.5 to 15.3 percent of U.S. electricity. A separate model projects roughly 380 to 790 terawatt-hours, representing about nine to seventeen percent. Those models use different assumptions and should not be combined into one forecast. Delayed or canceled campuses, overstated development pipelines and downward revisions by grid operators can all make demand forecasts too high.
  12. National electricity sales are projected to reach 4,135 billion kilowatt-hours in 2026 and 4,211 billion in 2027. The 2026 forecast represents about two percent growth. Commercial-sector sales are projected to grow 3.3 percent in 2026 and 2.7 percent in 2027, with data centers and manufacturing among the drivers. These are sales forecasts across the economy—not generation totals, not data-center-only consumption, and not a measurement of how much a family's bill has increased because of a nearby campus.
  13. A separate financing scenario puts the generation buildout at about forty-five gigawatts through 2030, costing roughly 110 billion dollars. It anticipates mostly gas, some solar and storage, and little nuclear restart. Its calculation uses approximately 426 terawatt-hours of data-center consumption in 2030—a different planning assumption from the other demand scenarios.
  14. That scenario estimates twenty-five billion to thirty billion dollars in additional electricity-system costs each year. Data centers might directly cover up to about fifteen billion dollars through on-site or behind-the-meter projects representing roughly thirty percent of the generation buildout. Thirty percent describes the buildout—not a share of annual system costs. These figures are not enacted spending or realized nationwide costs, and they do not establish that all remaining costs would fall on residential customers. The allocation depends on actual development, utility tariffs and regulation.
  15. Sixty-four percent of respondents said they would be less likely to support a candidate who backed building a data center in their community. Fifty-one percent were much less likely, and thirteen percent somewhat less likely. So fifty-one percent is the strongly negative subgroup—not the total negative response. Eleven percent were more likely to support that candidate, and twenty-two percent said it would make no difference. The remaining response category is not established and cannot be labeled. Respondents were asked how information about a candidate would affect their likelihood of voting for that person, then whether a positive or negative effect would be much or somewhat.
  16. The data-center item was asked only on Form A, September fourteenth and fifteenth, to 397 registered voters. Its margin of error is plus or minus 4.92 percentage points. The broader survey ran September eleventh through fifteenth with one thousand registered voters: 724 live telephone interviews and 276 text-to-web interviews. Its overall margin was 3.10 points; the Form A and B half-samples had a 4.38-point margin. Neither smaller margin describes the precision of this particular data-center question.
  17. A separate poll published September sixth found sixty-nine percent opposed building AI data centers in their areas, including forty-five percent strongly opposed. That measures construction opposition, not a candidate's electoral appeal. Its methodology is not established here, so it cannot be merged with the candidate-support results.
  18. Forty-four percent chose neither party on the question of trust over data centers. Thirty-two percent chose Democrats and twenty percent Republicans. The remaining response category and item-level methodology are not established. Those are issue-trust responses, not predicted votes. And only two percent selected data centers as their leading issue among nine national issues in the September survey. Low national priority can coexist with a negative reaction to a candidate backing a project close to home.
  19. Ohio voters will choose between Husted and former Democratic Senator Sherrod Brown on November third, in a special election for the remainder of J.D. Vance's Senate term. Brown has criticized Husted's earlier promotion of data centers and their tax incentives. Before the Senate vote, Republicans were seeking to demonstrate action on electricity-rate concerns ahead of the midterms. That planned vote has now happened, and the measure failed to advance.
  20. Both candidates say major new loads should not shift infrastructure costs onto households. But their records and proposals are not interchangeable. Husted advanced the federal consider-and-determine proposal. Brown calls for local say over siting, union labor, an end to excessive tax breaks and protection against higher electricity bills. He has not produced a separate enacted federal mandate resolving the cost-allocation dispute. Minimum-billing percentages and multi-year exit provisions in Ohio utility tariffs are utility rules—not Brown's personal legislative proposal, and not protections enacted by this failed federal bill.
  21. President Donald Trump continues to promote data-center expansion as economically beneficial and necessary for technological competition with China. His September twenty-ninth remarks asserted that companies would satisfy communities, that host areas had become wealthy, and that their taxes had fallen. Those are political claims—not verified findings that every host community benefits or pays lower taxes. His assertion that China would welcome projects rejected in the United States does not establish a Chinese commitment to accept any particular project.
  22. His comparisons with the Industrial Revolution also varied in certainty. In one September twenty-ninth statement, he pledged not to stifle a technology he described as larger than that transformation. In another, he attributed the comparison to others and explicitly acknowledged uncertainty. Those remarks belong to September twenty-ninth, not the previous day's coverage of his support. Neither formulation answers who pays for expanding the grid or proves household costs will fall.
  23. The answer to the central question is no: this bill would not have guaranteed nationwide that covered data centers pay their full incremental electricity and infrastructure costs. It would have required consideration of that protection, with adoption left optional. The failed vote neither bans new data centers nor sets a national electricity price or construction cap. Existing state and utility rules remain distinct, and actual household exposure depends on those rules and what gets built.
  24. No dated next congressional vote or replacement legislation is established. November third is the next concrete test in the Ohio campaign, but national hypothetical-candidate polling cannot determine how Ohio residents will vote or which issue will decide the race. The proposed federal consideration requirement is not law, and this vote secured no nationwide obligation for covered data centers to pay their incremental electricity and infrastructure costs.

Fuentes

244 fuentes144 medios4 vídeos3 textos de agencia

Mapa de fuentes

Consulta las pruebas que respaldan este informe. El mapa muestra sus conexiones; los enlaces de abajo abren las fuentes citadas en este artículo.

El mapa de fuentes se carga mientras lees.

Explorar el mapa completo de la redacción ↗

Traducción actualizada el

Historial de revisiones

  1. r1Primera publicación.