Veintisiete muertos, sin aprobación de la FDA y una firma presidencial

Al menos veintisiete estadounidenses han muerto tras consumir ibogaína en clínicas no reguladas en el extranjero, y el fármaco sigue sin contar con la aprobación de la FDA. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 18 de abril de 2026 que ordena a la FDA acelerar su evaluación; esa misma tarde sostuvo el documento firmado en el Despacho Oval. ²⁸

Lo primero que importa es la cifra de muertes. La proporciona la Dra. Céline Gounder, colaboradora de CBS News y médica especializada en enfermedades infecciosas que lleva años siguiendo el uso de ibogaína para indicaciones no autorizadas. Gounder informó que estadounidenses han muerto en clínicas extranjeras mientras la base formal de evidencia sobre el fármaco sigue siendo escasa. ⁸ Esa cifra —veintisiete— es el recuento más claro de muertes vinculadas a nombres concretos de estadounidenses. El total más amplio, que incluye muertes en clínicas que no registran la nacionalidad, no figura en los registros públicos.

La ibogaína es un compuesto psicoactivo derivado de la corteza de la raíz del arbusto Tabernanthe iboga, utilizado tradicionalmente en África central y occidental. En Estados Unidos figura en la Lista I de sustancias controladas de la DEA, la misma categoría que la heroína, definida por incluir sustancias sin uso médico aceptado y con alto potencial de abuso. ³⁹ Actualmente, ningún compuesto psicodélico cuenta con la aprobación de la FDA. ⁷ La orden de abril no reclasificó la ibogaína ni la aprobó. Indicó a la FDA que avanzara más rápido. ⁹

La principal preocupación de seguridad con la ibogaína es el corazón. Los expertos advierten que puede prolongar el intervalo QT del corazón —la pausa eléctrica entre latidos—, lo que puede desencadenar arritmias y muerte súbita cardíaca, en particular en pacientes con factores de riesgo preexistentes o en quienes recaen y vuelven a tomar el fármaco. ¹¹ El resumen de Model Diplomat es tajante: no hay ningún ensayo completado en Estados Unidos y existe un riesgo cardíaco bien documentado. ⁹

La evidencia publicada más sólida a favor de la ibogaína es un ensayo abierto de 2024, dirigido por Stanford, sobre un tratamiento con magnesio e ibogaína, que informó de grandes reducciones a corto plazo de los síntomas del trastorno de estrés postraumático (TEPT), la depresión y la ansiedad. ¹¹ El estudio fue pequeño y no aleatorizado —es decir, los pacientes sabían qué estaban recibiendo y no había un grupo de control—, lo que limita las conclusiones que pueden extraer los reguladores. Según el argumento de Gounder, ahora está llegando dinero federal antes de que exista la base de evidencia que lo justificaría. ⁸

Texas ha comprometido decenas de millones de dólares a la investigación sobre la ibogaína. ⁷ La orden de abril añadió fondos federales equivalentes, un flujo de dinero público destinado a un tratamiento que los veteranos estadounidenses y los legisladores conservadores han adoptado pese a las advertencias de seguridad. ²¹⁰ Los texanos con TEPT y adicción a los opioides han cruzado la frontera hacia México para recibir ibogaína, que no es legal en Estados Unidos. ⁶

Ese flujo —pacientes que salen del país y dinero que regresa en forma de subvenciones para investigación— es la configuración política del asunto. Los veteranos de combate y sus defensores se han convertido en un grupo de presión muy visible, y la orden ejecutiva responde en parte a esa presión. Según informaron Jennifer Jacobs y la Dra. Céline Gounder para CBS, la Casa Blanca ya estaba redactando la orden el 16 de abril. ⁵

El fármaco se encuentra en medio de una contradicción regulatoria. Poseerlo en Estados Unidos sin autorización para investigación es ilegal, pero los pacientes estadounidenses viajan a clínicas de México y otros lugares para consumirlo bajo supervisión médica. Esas clínicas operan según normativas médicas extranjeras, no estadounidenses, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos no tiene jurisdicción sobre la forma en que administran el fármaco. Cuando estadounidenses mueren en el extranjero, ninguna agencia de Estados Unidos registra sistemáticamente los casos. ⁸

El mecanismo de la orden es procedimental, no científico. Ordena a la FDA acelerar la evaluación de la ibogaína; no habilita el uso del fármaco con receta. ⁹ Quien interprete la orden ejecutiva como un acceso inmediato la está leyendo mal. Lo que cambia es el calendario, no las reglas.

El impulso político a favor de la ibogaína es real. Los grupos de veteranos, los donantes conservadores y la firma del presidente empujan todos en la misma dirección. La evidencia clínica avanza más despacio. Un pequeño ensayo no aleatorizado de Stanford es el dato publicado más reciente; la prolongación del intervalo QT es la señal de seguridad más constante. Entre ambos se sitúa la orden ejecutiva, que comprime el calendario sin resolver el desacuerdo.

La orden de abril cambió la política en torno a la ibogaína. No cambió su farmacología. El efecto de la molécula de prolongar el intervalo QT es una propiedad del compuesto, no de la orden ejecutiva. Hasta que se publiquen los resultados de ensayos aleatorizados en Estados Unidos —y no se ha completado ninguno—, la brecha entre la promesa y la evidencia es la historia.