El fiscal general Blanche no promete independencia del Departamento de Justicia y escuchará a Trump sobre los casos

50-49 no es un mandato. Es una diferencia de un voto: la votación del Senado que nombró a Todd Blanche fiscal general poco más de una semana antes de que apareciera en la televisión nacional para redefinir su cargo ⁹. Un voto en sentido contrario y el Departamento de Justicia tendría otro líder. En cambio, tiene al exabogado defensor personal del presidente Donald Trump, ahora máximo responsable de la aplicación de la ley en el país, diciendo abiertamente que tendrá en cuenta las opiniones del presidente sobre los procesamientos ^{3 4}. Esa es la proporción que hay que tener presente: la confirmación más ajustada posible permite la afirmación más amplia posible sobre la influencia de la Casa Blanca.

Blanche hizo estas declaraciones el domingo 16 de agosto de 2026 en «Meet the Press», de NBC, en su primera entrevista televisiva importante desde que asumió el cargo ^{7 10}. Los informes sobre la entrevista se publicaron el 16 de agosto, y se actualizaron el 17 de agosto ^{3 7 11}. La aparición se presentó como una introducción a un nuevo fiscal general. Se convirtió en otra cosa: una negativa pública a aceptar la norma posterior al caso Watergate según la cual el Departamento de Justicia decide a quién procesar sin directrices políticas.

Cuando se le preguntó directamente si actuaría con independencia de la Casa Blanca, Blanche dijo que «no va a prometer eso», es decir, que el Departamento sería independiente, y sostuvo que ningún fiscal general debería asumir tal compromiso ^{3 11}. No fue un tropiezo ni una declaración equivocada. Repitió la idea con distintas formulaciones a lo largo de la entrevista y la presentó como una cuestión de realismo constitucional, no de lealtad personal ^{3 11}. Según su versión, el Departamento forma parte del poder ejecutivo y el presidente es quien lo encabeza.

Luego llegó la frase que lo perseguirá. Cuando le preguntaron si tendría en cuenta la opinión del presidente sobre un procesamiento, Blanche respondió: «¿Tendré en cuenta la opinión del presidente de Estados Unidos sobre algo? Sí, por supuesto» ^{7 10}. Varios medios reprodujeron la misma versión basándose en la emisión de NBC ^{7 10}. La respuesta citada no incluyó ninguna salvedad sobre cortafuegos, fiscales de carrera o procedimientos de recusación. Solo hubo una promesa de escuchar, presentada como algo natural.

Blanche combinó esa apertura con la negación de que escuchar equivalga a recibir órdenes. The Independent informa que Blanche asegura que Trump no quiere personas que siempre le den la razón e insiste en que Trump no ordena los procesamientos, aunque se negó a prometer independencia ⁵. En otras palabras, el presidente tiene opiniones, el fiscal general las tendrá en cuenta, pero tenerlas en cuenta no significa recibir órdenes. Esta distinción está haciendo un enorme esfuerzo argumentativo, y la entrevista no puso a prueba dónde termina la consideración y dónde empieza la dirección.

Su biografía hace más difícil aceptar esa distinción sin cuestionarla. Blanche fue el abogado defensor personal de Trump, una relación central para las preocupaciones sobre la independencia planteadas por sus críticos y mencionada en la cobertura de la entrevista ^{3 4}. Defendió al presidente cuando este enfrentaba cargos penales. Ahora dirige el Departamento que decide la política federal de procesamiento, supervisa investigaciones políticamente delicadas y representa a Estados Unidos ante los tribunales. Ningún fiscal general de la historia moderna llegó al cargo con esos mismos antecedentes de abogado y cliente, y ninguna paráfrasis puede hacer que parezcan genéricos.

Si la independencia era el principio en juego, los padrones electorales eran la práctica. El Departamento de Justicia ha presentado 31 demandas contra estados para obtener acceso a los datos de sus padrones electorales ². Las demandas buscan obligar a los estados a entregar información confidencial de los votantes, en una campaña que ha generado impugnaciones por motivos de privacidad, federalismo y los límites de la autoridad federal en materia electoral ². Blanche dijo que el Departamento seguirá adelante con esos casos ⁵. Indicó que los esfuerzos para obligar a los estados a entregar sus padrones electorales continuarán pese a los fallos adversos de tribunales inferiores ⁵.

Lo que ocurra a continuación podría tener un alcance mayor que el de cualquier estado en particular. Blanche dijo que existe la «posibilidad» de que el Departamento pida a la Corte Suprema intervenir en los casos en que los jueces han fallado en contra del gobierno ². NBC, que informó primero de ese detalle, lo presenta como el posible punto de escalada de una campaña de litigios que hasta ahora ha producido 31 demandas y una considerable resistencia judicial ². Una petición ante la Corte Suprema nacionalizaría la disputa y convertiría decenas de litigios separados sobre datos en un solo fallo sobre cuánta información de los votantes puede exigir Washington.

La cifra que hay que descartar es la que ha circulado sin fuentes. Algunas narraciones del programa publicadas en internet mencionaron 22 derrotas judiciales, pero esa cifra no está confirmada en el expediente de cobertura ². Lo que sí está confirmado es el total de 31 demandas informado por NBC ². La diferencia importa. Un recuento de derrotas implica fallos definitivos; un recuento de demandas describe el alcance de la iniciativa. La iniciativa del Departamento en este caso es amplia, y su teoría jurídica sigue siendo lo bastante cuestionada como para que incluso el fiscal general diga que necesita que los magistrados la rescaten.

Por eso las dos partes de la entrevista deben entenderse juntas. Un Departamento que libra 31 batallas paralelas sobre quién vota y qué información sobre los votantes puede obtener Washington no puede tratar las opiniones de la Casa Blanca como una aportación casual ². Tanto las decisiones de procesamiento como las solicitudes de datos electorales ponen a prueba si la aplicación de la ley responde a la ley o a las preferencias. Cuando el fiscal general dice que, por supuesto, tendrá en cuenta la opinión del presidente sobre los procesamientos, los estados que se resisten a las solicitudes de padrones electorales oyen algo concreto ^{7 10}. Oyen que la parte litigante al otro lado de la mesa no está del todo separada de la operación política que quiere sus datos.

Si se atiende estrictamente a la ley, Blanche tiene un argumento textual que sus críticos suelen pasar por alto. El Departamento de Justicia no es un cuarto poder. El fiscal general es nombrado por el presidente, debe ser confirmado por el Senado y puede ser destituido por el presidente; nunca se lo ha separado formalmente de la supervisión del poder ejecutivo ^{3 11}. Lo que Blanche llama realismo —que ningún fiscal general debería prometer independencia absoluta— refleja esa estructura. Las normas posteriores al caso Watergate, los reglamentos y las políticas internas levantaron barreras contra la interferencia precisamente porque la Constitución no las había establecido por sí misma.

Pero las normas no son un asunto trivial, y es aquí donde entra en juego el criterio. La razón por la que los fiscales generales desde la década de 1970 han prometido públicamente mantener distancia de la Casa Blanca en asuntos penales no es que no entendieran el organigrama. Es que entendían que la legitimidad de la fiscalía depende de que se perciba libre de la política. El argumento de Blanche da un giro a esa historia: como la independencia no es un requisito legal, no debería prometerse. Puede que sea una postura franca, pero la franqueza no es lo mismo que dar garantías. Un Departamento que puede encarcelar, deportar o privar del derecho al voto necesita algo más que una descripción técnicamente precisa del poder presidencial.

Todo lo que queda por resolver es de carácter operativo. ¿Cómo influirá la disposición de Blanche a escuchar en las futuras decisiones de procesamiento, y se sentirán los fiscales de carrera en libertad de desatender una preferencia presidencial después de que su jefe haya dicho que está dispuesto a escucharla ^{7 10}? ¿Cuáles son los siguientes pasos después de los reveses judiciales en la campaña por los padrones electorales, más allá de una posible apelación ante la Corte Suprema, y qué teoría jurídica presentaría realmente el procurador general ante los magistrados ²? La entrevista se emitió el 16 de agosto y la cobertura se actualizó el 17 de agosto, pero no resolvió ninguna de esas preguntas ^{3 7 11}. Solo estableció la premisa desde la que se plantearán a partir de ahora.