Justicia · Rendición de cuentas en el campus

Se reabre la investigación por violación en Cornell mientras el fiscal corrige su versión sobre las pruebas de Snapchat

Siete hombres son demandados civiles, no acusados penalmente. La corrección sobre las pruebas y una versión más compleja de lo dicho sobre el consentimiento intensifican las preguntas sobre la investigación anterior y la respuesta de Cornell.

Emitido 30 de septiembre de 2026, 14:41 UTCEscrito 30 de septiembre de 2026, 14:56 UTC9 min de lectura75 fuentes

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Traducido del original en inglés.

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Transcripción · CARGANDO

Siete miembros de una fraternidad figuran como demandados en una demanda civil presentada por una exalumna de Cornell que alega que la drogaron y violaron. Siete no es el número de cargos penales ni el número de condenas. Pero la amplitud de las acusaciones hace que el reconocimiento del fiscal de que los investigadores nunca entrevistaron a esos hombres sea una omisión importante en la investigación anterior, que ahora se ha reabierto después de que los fiscales inicialmente concluyeran que no había pruebas suficientes para presentar cargos. ⁹ ¹⁰

El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, también corrigió su versión sobre la recepción de una captura de pantalla de Snapchat. Ahora reconoce que se equivocó al afirmar anteriormente que no la había recibido, aunque mantiene que la captura no cambió su análisis jurídico del consentimiento. Al 30 de septiembre de 2026, no se ha informado de cargos penales ni se ha establecido que haya concluido una presentación ante el gran jurado. La versión sobre la recepción de las pruebas ha cambiado; el resultado penal sigue sin resolverse. ⁶ ²⁹

La demandante, que usa el nombre Jane Doe, alega que varios hombres la presionaron para que consumiera drogas, la drogaron y la agredieron sexualmente o la violaron en la casa de la fraternidad Chi Phi de Cornell en octubre de 2024. No se ha verificado el día exacto del incidente. La cobertura de BBC sitúa la presentación de su demanda civil el 16 de septiembre de 2026; en su declaración del 28 de septiembre, Van Houten dice que se enteró de la denuncia el 18 de septiembre. Afirma que esta contiene acusaciones distintas de las examinadas anteriormente. Se trata de un nuevo escrutinio de una acusación anterior, no de una agresión ocurrida recientemente. ¹ ³³ ²⁴ ¹⁰

La acusación y el nuevo escrutinio

Octubre de 2024
Doe alega que la drogaron y agredieron sexualmente en la casa de Chi Phi; el día exacto no está verificado.
1 21
Noviembre de 2024
Doe entrega una declaración de seis páginas a un agente de la policía del campus, obtenida posteriormente por ABC News.
22
16 de septiembre de 2026
BBC informa que se presentó la demanda civil; el fragmento disponible de la citación no muestra por sí solo un sello de presentación.
33
28 de septiembre de 2026
Van Houten emite una declaración pública en la que explica la nueva investigación.
24 10
29 de septiembre de 2026
La gobernadora Kathy Hochul pide una revisión transparente e independiente de la respuesta de Cornell, con abogados externos.
55 56

La citación nombra a Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar. Además de Cornell y Chi Phi, también nombra a otras entidades de fraternidades y hermandades, a Zareen Enterprise LLC, que opera como Moonies Bar & Nightclub, a Orazio Petito y a demandados no identificados. Su inclusión no demuestra que hayan cometido irregularidades ni que todos desempeñaran el mismo papel en la conducta alegada. ³²

Según los informes, la demanda incluye mensajes atribuidos a miembros de la fraternidad durante la supuesta agresión. El abogado de Doe dice que los mensajes invitaban a otras personas a sumarse. Que aparezcan en una demanda no significa que un tribunal los haya autenticado. ABC informa que dos hombres negaron públicamente las acusaciones y que cinco no habían respondido a sus solicitudes de comentarios. No responder no constituye una admisión. ³ ⁷ ²

El consentimiento no puede reducirse a una fórmula simplista

La explicación de Van Houten sobre la decisión anterior se basa en parte en la declaración de Doe ante la policía del campus. Dijo que la declaración no alegaba que la hubieran drogado contra su voluntad ni que no hubiera consentido, y citó su reconocimiento de que participó voluntariamente en el consumo de drogas y en conductas sexuales. La precisión “contra su voluntad” importa: no debe simplificarse hasta afirmar que ella no mencionó las drogas. ²

La descripción posterior de ABC sobre la declaración habla de intoxicación, consentimiento a algunos actos sexuales y negativas reiteradas a otros. Su cobertura cita la frase “sentí que era coacción”. Por separado, el abogado de Doe alega que le administraron ketamina en varias ocasiones y que ella era incapaz de consentir. Estas versiones no encajan con una descripción general de que todo fue consensuado. El expediente disponible tampoco ofrece el archivo íntegro de la investigación que permitiría evaluar el razonamiento completo del fiscal. ² ²²

Aceptar un acto no equivale a aceptar todos los actos. El consumo voluntario de drogas no demuestra, por sí solo, que se tenga capacidad para consentir en cada momento posterior. Ninguna de estas observaciones decide el caso. Ambas señalan preguntas que una investigación adecuada debe examinar, en lugar de resolverlas con fórmulas simplistas.

La cronología de la captura de pantalla también requiere precisión. ABC News informó el 28 de septiembre que Van Houten dijo que vio por primera vez el chat alegado cuando se presentó la demanda. La emisión de NBC del 29 de septiembre, publicada el 30 de septiembre, informó posteriormente sobre la declaración de Cornell de que la policía del campus envió una captura en 2024, y sobre el reconocimiento de Van Houten de que se había expresado mal al decir que no la había recibido. Por lo tanto, la versión anterior de que no la había recibido quedó reemplazada; no es una versión alternativa igualmente vigente. ⁹ ⁶

Esa corrección no demuestra que los fiscales tuvieran todo el hilo de mensajes en 2024, cuándo se examinó cada elemento ni cómo se evaluó. Una captura de pantalla y un chat grupal completo son objetos probatorios distintos.

Cornell afirma que la policía del campus investigó y consultó al fiscal de distrito conforme al protocolo establecido. La policía de Ithaca dice que no participó y que se enteró recientemente de las acusaciones por los medios; NPR informa que la policía local dijo que nunca había recibido aviso. Se trata de organismos diferentes. La falta de participación de Ithaca no significa que no hubiera una investigación policial, mientras que la versión de Cornell no demuestra que la policía municipal recibiera aviso. ⁵ ¹

Reabrir el caso no equivale a una revisión externa

Van Houten anunció su intención de presentar el caso ante un gran jurado del condado de Tompkins, en algunas versiones con la colaboración de Doe. Los informes difieren en cuanto al grado de certeza: la nota de India Today del 28 de septiembre dice que la presentación está prevista, mientras que la nota de Hindustan Times del mismo día describe una posibilidad sujeta a que nuevas pruebas respalden los cargos. El informe de CTV del 30 de septiembre indica que sería en otoño. No se ha establecido una fecha exacta, que la presentación haya concluido ni su resultado. ²¹ ¹⁵ ¹⁶ ³

La intervención de Hochul del 29 de septiembre plantea una pregunta distinta: cómo gestionó Cornell la denuncia. “Ningún estudiante debería quedarse preguntándose si las instituciones que deberían protegerle van a escucharle y actuar”, dijo. Cornell expresó un compromiso compartido con abordar la cultura del campus y trabajar con funcionarios estatales, pero en esas respuestas no se comprometió a la revisión externa independiente que solicitó Hochul. Cooperar no es lo mismo que someter las decisiones institucionales a un examen externo. ⁵⁵ ⁴ ⁸

La cobertura de CNN describe una posible revisión del fiscal general, pero no se han establecido su inicio, mandato ni calendario. Cornell también publicó preguntas frecuentes en un correo firmado por el presidente Michael Kotlikoff, la rectora Kavita Bala y la presidenta del consejo de administración, Anne Meinig Smalling. Se trata de una respuesta institucional, no de una confirmación de una investigación independiente. ³⁴ ²³

Cornell afirma que llevó a cabo una investigación de varios meses conforme al Título IX y que resolvió las acusaciones según las políticas de la universidad. Chi Phi sigue teniendo prohibido el acceso al campus. NBC y CTV informan que algunos estudiantes fueron suspendidos o expulsados, pero los registros de sanciones individuales y su cronología siguen sin aclararse. Una medida disciplinaria del campus no es una condena penal; la ausencia de cargos no demuestra que el proceso disciplinario no hallara ninguna infracción. ¹ ²⁰ ⁶ ³

El abogado de Doe alega que ella quería dejar Cornell, pero que la universidad no reembolsaría a sus padres el costo del año académico, y que se encontraba regularmente con los hombres a quienes acusó. No se proporciona la respuesta específica de Cornell a esas afirmaciones. Plantean una pregunta práctica junto a las jurídicas: ¿qué protección y opciones tuvo ella mientras las instituciones examinaban su denuncia? ⁴

La preocupación general por la seguridad no puede demostrar lo ocurrido en este caso. La cobertura de una encuesta informa que más de una de cada tres mujeres encuestadas de pregrado describió haber sufrido agresión sexual o contacto sexual no consentido durante su etapa en Cornell; el porcentaje exacto y la equivalencia entre esas definiciones siguen sin aclararse. ABC también informa de más de 40 respuestas sobre conducta sexual indebida a una línea de atención de un periódico estudiantil en una semana, incluidos relatos de 2016 y de la década de 1990; no se trata de 40 agresiones comprobadas ocurridas esa semana. ⁷¹ ⁷

Lo que sabemos

La investigación penal se ha reabierto y el fiscal corrigió su versión sobre la recepción de la captura de pantalla. 6 10

Lo que no sabemos

La cronología completa del examen de las pruebas, el resultado del gran jurado y los registros disciplinarios individuales siguen sin establecerse.

Lo que viene

Estén atentos a una decisión fiscal concreta y a una revisión externa con investigadores, alcance y calendario identificables, no a otra expresión de intenciones.

Fuentes de este informe

NPR ¹; recopilación de ABC ²; CTV ³; entrevista de ABC ⁴; NBC Nightly News ⁵; NBC Top Story ⁶; ABC World News Tonight ⁷; informe de ABC sobre la revisión ⁸; informe de ABC sobre la reapertura ⁹; artículo de ABC ¹⁰; WRVO ¹¹; Cornell Daily Sun ¹²; Newser ¹³; CRBC ¹⁴; India Today ¹⁵; Hindustan Times ¹⁶; video de ABC ¹⁷; Independent ¹⁸; New York Post ¹⁹; emisión de ABC del 27 de septiembre ²⁰; informe de ABC sobre la demanda ²¹.

Información de ABC sobre la declaración ²²; información de Daily Sun sobre las preguntas frecuentes ²³; declaración del fiscal ²⁴; informe de BBC sobre la reapertura ²⁵; Economic Times ²⁶; DNYUZ ²⁷; informe de NBC sobre la decisión de presentar cargos ²⁸; Irish Times ²⁹; informe de CNY Central sobre el gran jurado ³⁰; informe de ABC sobre la decisión de presentar cargos ³¹; citación ³²; explicador de BBC ³³; CNN/KEYT ³⁴; reproducción de la transcripción de la demanda ³⁵; copia del artículo de ABC ³⁶; GPB ³⁷; informe de CNY Central sobre la revisión ³⁸.

Documentos de encuestas de Cornell: tablas de 2025 ³⁹, resumen general ⁴⁰, resumen general de 2023 ⁴¹, cuestionario de 2017 ⁴², resumen general de 2017 ⁴³, tablas de 2021 ⁴⁴, tablas de 2019 ⁴⁵, resumen general de 2021 ⁴⁶. Informe de Daily Sun sobre la revisión ⁴⁷; reproducción del PDF del fiscal ⁴⁸; IBTimes UK ⁴⁹; KBAR ⁵⁰; 607 News Now ⁵¹; Us Magazine ⁵²; entrevista de CNN ⁵³; entrevista de WAOW ⁵⁴.

Declaración de la gobernadora ⁵⁵; artículo de ABC sobre la revisión ⁵⁶; CNN/Local 3 ⁵⁷; informe de 607 News Now sobre la revisión ⁵⁸; Good Morning America ⁵⁹; CBS New York ⁶⁰; páginas de entrevistas de ABC ⁶¹ ⁶²; reproducción de la entrevista ⁶³; agentes de NOW ⁶⁴; perfil de Villanueva ⁶⁵; Ms. Magazine ⁶⁶; videos de ABC sobre la revisión ⁶⁷ ⁶⁸; video de ABC sobre la declaración ⁶⁹; anuncio de Cornell sobre la encuesta ⁷⁰; información de CNY Central sobre la encuesta ⁷¹; cuestionario de 2025 ⁷²; resumen de la encuesta ⁷³; declaración de Cornell sobre apoyo ⁷⁴; información de Daily Sun sobre la encuesta ⁷⁵.

Tal como se emitió 18 líneas

Matthew Van Houten has corrected his claim that he never received a Snapchat screenshot. The district attorney has reopened a rape investigation involving seven fraternity members, while Cornell faces demands for an independent examination of its response. What did investigators examine before declining charges, and will renewed scrutiny produce charges or an outside review?
Van Houten now acknowledges that his earlier statement about not receiving the screenshot was mistaken. Cornell's position is that campus police sent it to his office in 2024. But he maintains that possessing the screenshot did not change his legal analysis of consent. That corrects the evidence-receipt account; it does not resolve the assault allegations or explain the complete evidence review. A single screenshot is not interchangeable with an entire group-chat thread. Which messages investigators possessed, when they received them and how they reviewed each item remain unresolved.
Jane Doe alleges that multiple men pressured her to take drugs, drugged her and sexually assaulted or raped her at a Chi Phi fraternity party in October 2024. No exact incident day has been verified. She is described as a twenty-year-old former Cornell student; that does not establish her age at the alleged assault. The new development is a renewed investigation into an older allegation, not an assault occurring this September.
Doe filed her civil lawsuit on September sixteenth, 2026. That filing date has not been independently confirmed by a court filing stamp. Van Houten's September twenty-eighth statement places his awareness of the complaint on September eighteenth. He reopened the criminal inquiry because the complaint contained allegations differing from those previously reviewed. The earlier review found insufficient evidence to bring criminal charges. Reopening does not establish that the new allegations are proven, or that prosecutors have obtained additional evidence sufficient to charge.
The lawsuit names Cornell, Chi Phi and seven individual fraternity members: Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris and Scott Kretzschmar. They are civil defendants, not people charged with or convicted of crimes in this case. The suit is broader still: it names additional fraternity and sorority entities, Zareen Enterprise LLC, doing business as Moonies Bar and Nightclub, Orazio Petito and unidentified defendants. Their individual roles have not been established here, and inclusion in the lawsuit does not establish wrongdoing. The fraternity is Chi Phi; references to a Ki fraternity are naming variants, not a separate organization.
The complaint includes purported Snapchat and fraternity group-chat messages attributed to members during the alleged assault. One purported message describes Doe as available for sex. Her lawyer's allegation is that messages invited other members to join the assault. Those messages require examination and authentication; putting them in a complaint does not authenticate them or prove that every named man participated in the same conduct. Two of the seven men publicly denied the allegations. Five had not responded to requests for comment at the time of the covered reporting. Other accounts describe several civil defendants denying wrongdoing, but their precise individual responses and attorneys' differing descriptions of involvement are not sufficiently established to reproduce. Silence is not an admission.
Doe's six-page November 2024 statement describes intoxication, agreement to some sexual acts and repeated refusals of others. It also describes feeling coerced. That is materially more complicated than a blanket description of all the sex as consensual. Van Houten's explanation for declining charges was that her earlier statement did not allege drugging against her will or a lack of consent, and acknowledged consensual participation in drug use and sexual conduct. The distinction matters: his reference to drugging against her will must not become a claim that she mentioned no drugs at all. The statement has been described as sworn, but its oath has not been independently established. Neither the full investigative file nor the complete evidentiary basis for the earlier charging decision is established.
Doe's attorney alleges that she was given ketamine multiple times and could not consent. That allegation remains distinct from Van Houten's characterization of her earlier statement and from its account of accepting some acts while refusing others. Agreement to one act is not agreement to every act. Voluntary drug use does not by itself establish capacity to consent at every later moment. Neither principle decides this case; both identify questions investigators must address. The differences cannot be resolved by treating either the prosecutor's summary or the civil allegations as the complete account. Questions about whether he saw a particular police transcript remain separate and unverified; they must not be merged with his established correction about the Snapchat screenshot.
Van Houten acknowledged that neither his office nor police interviewed the men. That is a significant gap in the described earlier inquiry, although it does not establish what other investigative steps found or what an interview would have yielded. Cornell's campus police and Ithaca's municipal police are different agencies. Cornell maintains that campus police investigated and consulted the district attorney under established protocol. Ithaca police were not involved or notified at the time. Their noninvolvement does not mean no police investigation occurred, and Cornell's account does not demonstrate that Ithaca received notice. Doe's lawyer's allegation that police possessed the chat in 2024 and failed to follow up needs agency-specific clarification. The unresolved questions include who collected which messages, who reviewed them and why the men were not interviewed.
Cornell also conducted a months-long Title IX investigation and investigated and adjudicated the allegations under university policies. The Chi Phi chapter remains barred from campus. Individual discipline is not publicly detailed because Cornell invokes privacy laws. Some accused students were reportedly suspended or expelled, but verified individual sanction records, numbers, durations and outcomes are not established. Claims of other punishments, including essay-writing, are not sufficiently verified to state as outcomes. A chapter ban or university sanction is not a criminal conviction. The absence of criminal charges also does not establish that campus adjudication found no violation.
Doe's attorney also alleges that she wanted to leave Cornell, that the university would not refund her parents for the school year, and that she regularly encountered the men she accused. Those claims are not independently adjudicated, and Cornell's specific response is not provided. Reported suspensions or expulsions do not establish when encounters occurred or whether all seven men faced the same restrictions.
Governor Kathy Hochul requested a transparent, independent review by outside counsel on September twenty-ninth. Her statement emphasized the courage required to come forward and supported reopening the criminal inquiry. It was not a finding that the accused committed the alleged crimes. Cornell expressed a shared commitment to addressing campus culture and continuing work with state officials on student safety and well-being. But it did not commit in those responses to the outside investigation she requested. Cooperation with state officials is not an announced independent review.
A prospective examination by New York's attorney general is also separate from the local criminal investigation. Its commencement, mandate, investigator appointment, timetable and findings have not been established. Cornell released a frequently asked questions document in an email signed by President Michael Kotlikoff, Provost Kavita Bala and trustees chair Anne Meinig Smalling. Its release was established before the September thirtieth, 12:25 UTC cutoff for this account. That institutional response does not establish an independent inquiry, and its complete substantive answers have not been independently established beyond the university positions already described.
More than one in three undergraduate women who responded to a Cornell survey reported sexual assault or nonconsensual sexual contact during their time at the university. The respondent denominator matters: this is not a verified count of every undergraduate woman or an independently established exact campus-wide prevalence. The exact percentage, operational definition and equivalence of those two descriptions remain unresolved. The figure explains the broader safety concern; it does not prove this complaint.
Cornell's Survey of Sexual Assault and Related Misconduct was conducted in spring 2017, 2019, 2021, 2023 and 2025. The 2025 questionnaire covered experiences while attending Cornell, including nonconsensual sexual contact, sexual and gender-based harassment, stalking, and domestic and dating violence. Reported participation was 926 students from a sample of six thousand: about fifteen percent, compared with thirty-six percent in 2023. Those are participation rates, not assault rates. The official response rate for undergraduate women and the complete methodology underlying the headline proportion are not established. These figures cannot establish a precise trend in assault prevalence.
A student newspaper hotline received more than forty sexual-misconduct responses in one week, including accounts dating to 2016 and the 1990s. Those are responses, not forty adjudicated assaults or forty assaults occurring that week. The exact collection dates and full findings are not established. Students and recent graduates continue to express concerns about campus safety, but those concerns and the broader figures do not replace investigation of the specific allegations.
National Organization for Women president Kim Villanueva supports an independent investigation and recommends counseling, funded women's centers and nighttime escorts. She also urges restoration of federal guidelines she characterizes as protecting survivors. Those are advocacy proposals, not verified findings that a federal policy change caused Cornell's response. They address support during a case; an independent review would address how this case was handled.
Van Houten has announced an intention to present the case to a Tompkins County grand jury, with Doe's cooperation in some descriptions. The stated timing ranges from unspecified to fall 2026; other descriptions make presentation conditional on additional evidence supporting charges. No exact date, completed presentation, indictment or grand-jury outcome is established. His expressed hope of speaking with Doe about new evidence does not establish that an interview occurred or identify the evidence. The answer to the opening question remains incomplete: the screenshot-receipt account is corrected, but the full earlier review is not established. No criminal charges are reported as of September thirtieth, 2026, and Cornell has not committed in its covered responses to the independent outside review the governor requested.