Justicia · Desestiman la acusación contra funcionarios del FBI
El caso del Departamento de Justicia contra dos exfuncionarios del FBI no superó su primera prueba probatoria
El juez Zia Faruqui determinó que no había causa probable contra Nikki Floris y Bradley Benavides y calificó la acusación de «instrumentalización». El Departamento de Justicia dice que la investigación sigue abierta.
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Traducido del original en inglés.
¿Qué significa que una acusación contra exfuncionarios del FBI por mentir al Congreso no supere siquiera el umbral preliminar de pruebas? Para Nikki Floris y Bradley Benavides, significa que se desestima la denuncia penal en su contra. Para el Departamento de Justicia, deja una pregunta más difícil: si puede presentar las pruebas que sus investigadores no lograron establecer antes de presentar los cargos.3
El juez magistrado federal Zia Faruqui desestimó el lunes 2 de noviembre de 2026 la denuncia original contra ambos exfuncionarios en Washington, tras tres días de testimonios sobre las pruebas. Cada uno enfrentaba un cargo por mentir al Congreso sobre asuntos relacionados con investigaciones del FBI que involucraban a Hunter Biden. El gobierno no logró establecer causa probable, un umbral mucho más bajo que la prueba más allá de toda duda razonable necesaria para una condena.3
Esa distinción hace que esto sea más que un revés en los tribunales por un documento defectuoso. Faruqui encontró deficiencias en todos los elementos que examinó: si las declaraciones eran falsas, si los acusados habían actuado a sabiendas y deliberadamente, y si las declaraciones eran pertinentes para la investigación del Congreso. Su fallo dejó sin efecto la denuncia existente, aunque no fue una absolución tras un juicio ni establece que se prohíba presentar cargos en el futuro.3
«Sin motivo, sin pruebas directas, no tengo nada. No está ni cerca. No hay nada».
Durante un fallo oral de aproximadamente una hora, Faruqui describió la acusación como «instrumentalización». Cuestionó tanto el trabajo que los investigadores habían dejado sin hacer como la urgencia que los fiscales descubrieron de repente, unos tres años después del testimonio en cuestión y con las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre cada vez más cerca. El Departamento de Justicia rechazó su evaluación y dijo que la investigación seguía abierta.1
Las pruebas que nunca terminaron de encajar
Floris y Benavides comparecieron voluntariamente ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en julio y septiembre de 2023. Los fiscales alegaron que indujeron a error a los legisladores sobre su participación y conocimiento de investigaciones relacionadas con Hunter Biden, incluida información asociada a su computadora portátil. Uno de los focos fue Round River, una operación de contrainteligencia dirigida por el Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera del FBI.3
El gobierno describió esa operación como una iniciativa que recopilaba informes perjudiciales de informantes sobre Hunter Biden y otras personas para señalarla como desinformación rusa. Esa fue la caracterización de la fiscalía, no algo que la desestimación estableciera como un plan probado. Floris había sido subdirectora adjunta del grupo de trabajo desde mediados de 2019 hasta mediados de 2022; Benavides fue jefe de sección desde mediados de 2019 hasta las elecciones de 2020. Sus reuniones informativas defensivas de agosto de 2020 con los senadores Charles Grassley y Ron Johnson contribuyeron a que luego testificaran ante el Congreso.3
La audiencia dejó al descubierto una carencia particularmente básica en la investigación sobre la pertinencia material: si las presuntas falsedades eran relevantes para la investigación del Congreso. El agente especial del FBI Bryan Witt testificó que la comisión, controlada por los republicanos, no permitió que los agentes entrevistaran a los miembros del personal que habían estado presentes durante el testimonio de los acusados.3
La única persona a la que finalmente se permitió entrevistar a Witt fue Steve Castor, asesor jurídico principal de los republicanos de la comisión. Castor reconoció que no había presenciado el testimonio de Benavides ni revisado su transcripción. Witt no entrevistó a nadie que representara a los demócratas de la comisión. La fiscalía pedía a un tribunal que considerara suficientes las pruebas de falsedades materiales sin haber investigado adecuadamente su importancia para el procedimiento del Congreso.3
Los fiscales de carrera habían identificado el problema antes de que se presentaran los cargos. En una conversación grabada que se reveló a la defensa, Carlton Davis, un funcionario designado políticamente que se desempeñaba como fiscal especial de Jeanine Pirro, fiscal federal de Washington, reconoció el error. Faruqui preguntó por qué el gobierno no había puesto a prueba su caso internamente, en lugar de resolver los problemas «en audiencia pública, ante la mirada de todo el mundo».3
La intención fue otro fallo central. Faruqui dijo que «simplemente no había nada» que demostrara que alguno de los acusados pretendiera hacer declaraciones falsas sobre las investigaciones. Sus referencias a la falta de motivo y de pruebas directas describían la debilidad de este caso; no deben confundirse con una regla universal según la cual la intención delictiva nunca pueda establecerse mediante pruebas circunstanciales.4
El juez también hizo una comparación reveladora durante la propia audiencia. Witt incurrió en declaraciones inexactas al testificar, pero Faruqui dijo que no consideraba delictivos esos errores porque no creía que Witt hubiera tenido intención de mentir. Un error y una falsedad deliberada no son lo mismo: una distinción que la fiscalía necesitaba salvar con pruebas.3
Tres años y, después, una repentina prisa
La declaración jurada de acusación lleva el sello de presentación del 20 de octubre de 2026. Esa fecha es distinta de la cobertura posterior de los cargos y de la audiencia del 27 de octubre: fueron etapas de la misma acusación, no casos separados contra otro par de funcionarios.20
De la denuncia a la desestimación
- 20 de octubre de 202620
Se presenta la declaración jurada de acusación contra Floris y Benavides.
- 27 de octubre de 20263
Faruqui anula una denuncia sustitutiva sin firma ni juramento que pretendía añadir acusaciones de obstrucción al Congreso, pero permite que continúe la audiencia sobre la denuncia original.
- 2 de noviembre de 20263
Tras tres días de testimonios, Faruqui desestima la denuncia original por falta de causa probable.
El intento de ampliar los cargos fue un fallo separado de la desestimación del lunes. Los fiscales presentaron la denuncia sustitutiva después de la medianoche, antes de la audiencia del 27 de octubre. Faruqui la anuló porque no había recibido la debida revisión judicial y calificó la maniobra de improcedente y sin precedentes. Luego escuchó las pruebas que respaldaban los cargos originales y también las consideró insuficientes.3
La cuestión más amplia del calendario atravesó su fallo. Las declaraciones presuntamente falsas databan de 2023, pero los cargos llegaron unas dos semanas antes de las elecciones de mitad de mandato. Faruqui no identificó ningún plazo inminente para presentar cargos, riesgo de fuga o peligro que exigiera actuar de inmediato. Las denuncias penales pueden iniciar legalmente procesos; su objeción fue que el gobierno no había explicado la urgencia de recurrir a esa vía en este caso, en lugar de presentar primero las pruebas ante un gran jurado.1
Witt testificó que el director del FBI, Kash Patel, ordenó abrir la investigación al día siguiente del discurso televisado del presidente Donald Trump a mediados de julio, en el que Trump repitió afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020 e instó a tomar medidas de investigación. Patel y altos funcionarios del FBI supervisaron su avance. Witt reconoció que le preocupaba que el caso pudiera parecer político y dijo que sus colegas de la oficina regional de Kansas City temían que se tratara de una caza de brujas.3
Faruqui citó la prohibición del Manual del Departamento de Justicia de tomar medidas investigativas o procesales con la intención de influir en una elección. «Simplemente no había ningún otro acontecimiento en el calendario, salvo las elecciones de mitad de mandato», dijo. La cuestión no era una prohibición absoluta de presentar cargos cerca del día de las elecciones. Era la conclusión del juez de que el calendario, la urgencia y los fallos probatorios de esta acusación no podían considerarse razonablemente por separado.3
Desestimado no significa que haya terminado
Pero Faruqui no concedió inmunidad. Su conclusión se refería a las pruebas que respaldaban estos cargos, no a si los altos funcionarios deben responder en general por declaraciones falsas. La rendición de cuentas requiere un caso que alcance el umbral legal aplicable; invocar la rendición de cuentas no suple las pruebas que faltan.
Fuera del tribunal, Floris lloró y abrazó a antiguos colegas antes de abrazar a Benavides. Ex altos funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia asistieron para mostrar su apoyo. Margaret Donovan, una de las abogadas de Floris, dijo: «Este caso nunca debió haberse presentado. El gobierno no tenía caso».1
Faruqui advirtió sobre consecuencias que iban más allá de los acusados: menos candidatos cualificados dispuestos a incorporarse al FBI, menor disposición a testificar voluntariamente ante el Congreso y más testigos que invocaran la Quinta Enmienda. Eran predicciones, no efectos medidos. Le preocupaba que la acusación pudiera hacer que el servicio público y la cooperación con el Congreso parecieran desventajas, en lugar de responsabilidades.3
Los fiscales aún pueden solicitar una acusación formal de un gran jurado o apelar ante el juez presidente del distrito. El Departamento no ha anunciado qué vía, si alguna, seguirá. La denuncia existente ha desaparecido; la investigación, no. Todo intento de reactivar la acusación se enfrentará al mismo problema central que quedó expuesto en el tribunal: las acusaciones no sustituyen a las pruebas.1
Fuentes23
CBS News
NBC News
KOCO
Political.org
ABC News
Washington Examiner
CNBC
The Independent
- +9 medios más
- HeyDay News
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ABC Newsabcnews.com1
- Primera información
- Judge dismisses DOJ case against two ex-FBI agents who investigated Hunter Biden
Anchorage Gazetteanchoragegazette.com1
- Primera información
- Judge drops case against former FBI officials over laptop testimony
Central Florida Heraldcentralfloridaherald.com1
- Primera información
- Judge dismisses DOJ case against two ex-FBI officials with 2-week midterm window
CNBCcnbc.com1
- Primera información
- Judge tosses case accusing ex-FBI officials of lying to Congress
Common Dreamscommondreams.org1
Crime Talk Networkcrimetalknetwork.com1
Defaultlawfaremedia.org1
El-Balad.comel-balad.com1
- Primera información
- Zia Faruqui dismisses complaint against Nikki Floris and Bradley Benavides
Tal como se emitió
- A judge dismissed criminal charges against two former FBI officials accused of lying to Congress.
- The prosecution failed even at the preliminary evidence test, and the judge called its handling weaponization. The Justice Department is keeping its investigation open. Whether prosecutors can overcome the evidence gaps and bring the case back is unresolved.
- Nikki Floris and Bradley Benavides each faced one count of lying to Congress. U.S. Magistrate Judge Zia Faruqui dismissed the original complaint against both on Monday, November second, finding no probable cause that either committed the charged offense.
- The ruling followed three days of evidentiary testimony in federal court in Washington. Prosecutors couldn't clear probable cause, a much lower threshold than the proof beyond a reasonable doubt needed for conviction.
- Faruqui delivered his decision over about an hour. He said this was the first time on the bench he'd found the government had failed that preliminary test. His criticism reached from the evidence itself to the investigation's leadership and election timing.
- Faruqui examined three requirements. Prosecutors needed evidence of false statements, knowing and willful conduct, and materiality, meaning relevance to the congressional inquiry. He found they hadn't met the probable-cause threshold for any of them.
- He said there was “simply nothing” showing either official intended to lie. He contrasted the complaint with false-statement prosecutions involving Michael Flynn and Lewis “Scooter” Libby, where the offense requirements had been met. In this case, the lack of motive and direct evidence featured prominently in his reasoning.
- “Without motive, without direct evidence, I have nothing,” Faruqui said. “It's not close. It's nothing.” Those words followed testimony exposing how little investigators had done to test whether the statements mattered to Congress.
- FBI Special Agent Bryan Witt testified that the Republican-controlled House Judiciary Committee wouldn't let investigators interview staff members present for the testimony. The only person he was ultimately permitted to interview was Steve Castor, general counsel for the committee's Republicans.
- Castor acknowledged he hadn't witnessed Benavides' testimony or reviewed its transcript. Witt also interviewed nobody representing the committee's Democrats. Prosecutors needed to connect the alleged falsehoods to the congressional inquiry, and those interviews left that work unfinished.
- Career prosecutors spotted the problem before charges were filed. A recorded conversation disclosed to the defense captured Carlton Davis acknowledging the mistake. Davis was a political appointee serving as special counsel to Washington's U.S. attorney, Jeanine Pirro.
- Faruqui quoted Davis saying, “I have one issue that I'm getting hammered on over here.” The judge questioned why prosecutors hadn't tested the case internally. Instead, he said, they worked through its problems “in open court for the whole world to watch.”
- Witt himself made misstatements while testifying. Faruqui said he didn't believe Witt intended to lie, so he regarded those errors as mistakes. Intent was also central to the charges against Floris and Benavides.
- Floris and Benavides appeared voluntarily before the House Judiciary Committee in July and September 2023. Prosecutors alleged they misled lawmakers about their involvement in, and knowledge of, FBI investigations concerning Hunter Biden, including information associated with his laptop.
- One focus was Round River, a counterintelligence operation run by the FBI's Foreign Influence Task Force. Prosecutors alleged it collected derogatory informant information about Hunter Biden and others to flag that information as Russian disinformation.
- Floris served as the task force's deputy assistant director from mid-2019 through mid-2022. Benavides was its section chief from mid-2019 through the 2020 election. Both had also held senior intelligence or counterintelligence positions elsewhere in the bureau.
- Floris had been a top intelligence analyst at the Washington Field Office. Benavides had been a deputy assistant director in the Counterintelligence Division. In August 2020, they gave defensive briefings to Senators Charles Grassley and Ron Johnson. Those briefings helped lead to the later congressional testimony.
- The charging affidavit was filed October twentieth, 2026, about three years after the testimony. Charges arrived about two weeks before the November third midterm elections. Faruqui questioned why prosecutors needed to act urgently after waiting that long.
- He found no looming filing deadline, flight risk or danger requiring immediate charges. He questioned using a criminal complaint before presenting the evidence to a grand jury. Complaints can lawfully begin criminal cases, but he saw no urgent need for that approach here.
- Prosecutors also tried adding obstruction-of-Congress allegations after midnight before the October twenty-seventh hearing. Faruqui struck that unsigned, unsworn replacement complaint because it lacked proper judicial review. He then allowed the hearing on the original complaint to continue.
- He called the attempted expansion improper and unheard of. He also identified numerous errors and differences between the charging documents. “It's clear to me the rushed investigation had a goal,” he said. “It was a rush to charge — and that is a problem.”
- Witt testified that FBI Director Kash Patel ordered the inquiry opened. That happened the day after President Donald Trump's televised address in mid-July, when Trump repeated false claims about the 2020 election and urged investigative action.
- Trump accused intelligence officials of concealing Chinese interference. Patel and senior FBI officials, including the bureau's deputy directors, checked the inquiry's progress. Witt acknowledged worrying that the case could appear political. He said colleagues in his Kansas City field office feared it was a witch hunt.
- Faruqui called the prosecution “weaponization.” He pointed directly to the election calendar, saying, “There was simply no other event on the calendar, except for the midterm elections.” He also challenged the government's apparent reluctance to seek grand-jury scrutiny.
- He quoted the Justice Department Manual's prohibition on investigative or prosecutorial action intended to influence an election. His criticism also invoked the department's longstanding practice of restraint in politically sensitive cases during the sixty days before voting.
- “I will not bury my head in the sand and pretend I cannot read a calendar,” Faruqui said. The department's election-period practice allows case-specific decisions, while its manual forbids acting with the purpose of affecting an election.
- Faruqui also faulted Patel, Attorney General Todd Blanche and Pirro for public statements maligning the defendants despite the evidence problems. He warned that the prosecution could damage confidence in the Justice Department and discourage qualified people from joining the FBI.
- He predicted another consequence for Congress. Witnesses could become less willing to testify voluntarily and more likely to invoke the Fifth Amendment, protecting themselves against self-incrimination. He expressed sympathy for the defendants and for career prosecutors and agents drawn into the case.
- Floris cried and embraced former colleagues outside the courtroom before hugging Benavides. Former senior FBI and Justice Department officials attended in support, including former Acting FBI Director Brian Driscoll and former Washington Field Office chief Steve Jensen.
- Margaret Donovan, one of Floris' attorneys, said, “This case should never have been brought. The government had no case.” She called the complaint slapdash and said facts and truth still matter in a courtroom.
- The Justice Department disagreed, saying the ruling appeared to suggest senior officials were immune from accountability for materially false statements. Faruqui's finding concerned the evidence supporting these charges. The department said its actions would follow facts, evidence and law rather than politics.
- Prosecutors can still seek a grand-jury indictment or appeal to the district's chief judge. The dismissal came before trial, and those routes remain open. The department hasn't announced which, if any, it will pursue.
- The original complaint against Floris and Benavides is gone. To revive the prosecution, the department would have to confront the evidence failures exposed at the hearing. It says it's evaluating all options and continues to describe the investigation as ongoing.
Traducción actualizada el





