Familias de Grenfell esperan justicia mientras la policía pide cargos contra 54 personas

Para las familias en duelo y los supervivientes de la Torre Grenfell, las muertes de 72 personas siguen sin tener responsabilidad penal. Las pruebas policiales finales ya están en manos de la fiscalía, un paso importante hacia posibles procesamientos, pero todavía no una respuesta a su exigencia de justicia. Grenfell United, el grupo de familias y supervivientes, afirmó que nadie había rendido cuentas penalmente hasta entonces y pidió que los responsables afrontaran la justicia, según BBC News. ¹

El 30 de septiembre de 2026, la Policía Metropolitana anunció que había presentado su expediente final de investigación ante la Fiscalía de la Corona, solicitando cargos contra 54 personas y 20 empresas y organizaciones. BBC y The Independent informaron de la entrega. No se han anunciado decisiones sobre los cargos ni procesamientos: la policía ha pedido a la fiscalía que considere presentar cargos, no ha anunciado que estos hayan sido autorizados. ^{2 6}

La CPS afirma que tomará decisiones sobre los cargos antes del 14 de junio de 2027, décimo aniversario del incendio, informa LBC. Ese compromiso es específico y limitado. Se refiere a decisiones sobre cargos, no a juicios, veredictos o sentencias concluidos. Para las familias que esperan que se rindan cuentas penalmente, la distinción separa el próximo paso prometido del resultado que buscan. ⁴

Entre los posibles delitos figuran el homicidio corporativo, el homicidio por negligencia grave, infracciones de salud y seguridad, fraude y delitos relacionados con el fraude, y conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Ese es el abanico que se está considerando, no una afirmación de que todas las personas u organizaciones remitidas se enfrenten a todos esos delitos. La información disponible no permite establecer qué acusaciones se atribuyen a cada posible acusado ni el número definitivo de cargos. ^{1 9}

El material disponible para este reportaje tampoco aporta una lista verificada de las personas y organizaciones remitidas. Sería incorrecto llenar ese vacío con nombres tomados de otras partes de la historia de Grenfell. Una remisión policial no constituye una declaración de culpabilidad penal ni garantiza un procesamiento.

El comisario adjunto Kevin Southworth calificó la entrega de «un momento histórico en la investigación policial», según GB News. Con ella se completa la presentación de los expedientes policiales finales; corresponde a los fiscales decidir si autorizan los cargos. ⁷

La Met había expuesto su calendario el 19 de mayo de 2026 y había dicho que la investigación iba según lo previsto para presentar todos los expedientes de cargos antes de finales de septiembre. La entrega de septiembre cumple ese calendario. El comunicado de mayo también decía que el equipo de investigación había aumentado hasta 220 integrantes, pero esa cifra es una instantánea anterior de la plantilla, no un recuento verificado de septiembre. ¹⁰

El total propuesto de personas también ha cambiado respecto de una estimación anterior. Un reportaje de BBC del 19 de mayo describía posibles cargos contra hasta 57 personas y 20 empresas. La remisión final de septiembre se refiere a 54 personas y 20 empresas y organizaciones. La cifra más reciente sustituye al límite anterior; no se ha establecido el motivo de la diferencia. No puede interpretarse como que se haya exonerado a tres personas o se hayan retirado tres casos. ^{21 2}

La escala de la investigación, según se ha informado, es considerable. BBC News informa de que la Met gastó £150 millones en la Operación Northleigh y examinó las actuaciones de 15,000 personas y 700 organizaciones. Esas cifras describen el gasto policial y el alcance de la investigación, no una indemnización, una multa ni el coste de un juicio futuro. Examinar las actuaciones de alguien no demuestra que exista sospecha o conducta indebida, y las cifras mucho más amplias sobre el alcance no deben confundirse con el total de posibles acusados. ¹

Los investigadores y los fiscales deben aplicar el Código para Fiscales de la Corona al tomar decisiones sobre los cargos. La Fiscalía de la Corona (CPS) describe la Prueba del Código Completo como un proceso de dos etapas, cuya primera etapa es la probatoria. Los fiscales deben estar convencidos de que hay pruebas suficientes para ofrecer una «posibilidad realista de condena» contra cada acusado por cada cargo. ^{15 25}

Ese requisito explica por qué las cifras policiales no determinan un conjunto idéntico de procesamientos autorizados. La prueba no consiste en determinar si la investigación en su conjunto es sustancial, sino si las pruebas cumplen el requisito respecto de acusados y cargos concretos. La etapa separada del interés público no constituye por sí misma una declaración de culpabilidad. Nada de lo que se ha informado hasta ahora permite establecer cómo evaluará la CPS las pruebas contra cualquiera de las 54 personas o 20 organizaciones.

Una limitación importante se refiere al testimonio prestado ante la investigación pública de Grenfell. El 26 de febrero de 2020, el fiscal general anunció una garantía que protegía a los testigos individuales para que sus testimonios ante la investigación no se utilizaran en su contra en un futuro proceso penal. La ficha informativa oficial original especificaba la Fase 2, Módulos 1–3, y excluía a las empresas; la información jurídica contemporánea identificó el testimonio protegido como oral. Se trataba de una protección contra el uso de las pruebas, no de una promesa general de que los testigos nunca podrían ser procesados. ^{30 12 32}

La exclusión de las empresas dejó de aplicarse. El 1 de junio de 2020, la entonces fiscal general Suella Braverman anunció una ampliación a las personas jurídicas, incluidas las entidades corporativas. Su testimonio oral quedó protegido contra su uso en futuros procedimientos penales. La ficha informativa sobre la ampliación también decía que las personas jurídicas no podían negarse a responder preguntas alegando que hacerlo entrañaría el riesgo de autoincriminarse. ^{36 34 39}

Ambas partes de esa historia son importantes. Sería incorrecto repetir la exclusión de febrero como si las empresas siguieran al margen de la protección. También sería incorrecto describir la ampliación de junio como inmunidad frente al procesamiento: proteger un testimonio concreto y proteger frente a un procesamiento son cosas distintas.

El material disponible no establece las normas operativas completas que rigen los documentos preexistentes, las pruebas obtenidas de manera independiente o las excepciones relativas a testimonios falsos. Tampoco establece si la ampliación de junio mantuvo exactamente la limitación original a determinados módulos. Por tanto, no hay fundamento aquí para declarar que todo el expediente probatorio de la investigación puede utilizarse libremente contra todos los acusados ni que la fiscalía no puede utilizarlo en absoluto. La garantía por sí sola no demuestra que ningún cargo propuesto vaya a prosperar o fracasar.

Las preguntas decisivas ahora son a qué personas y organizaciones, si las hay, acusará la CPS, qué delitos autorizará y cuándo anunciará esas decisiones. La remisión policial final está completa; la rendición de cuentas penal, no. El próximo compromiso declarado es tomar una decisión sobre los cargos antes del 14 de junio de 2027, no emitir un veredicto judicial para ese aniversario. ⁴