Liberado por el máximo tribunal de Perú, Humala denuncia a los «sicarios del sistema de justicia»

Quince años. Esa es la pena de prisión que los tribunales peruanos impusieron al expresidente Ollanta Humala en abril de 2025, y la cifra que el Tribunal Constitucional del país dejó sin efecto el 31 de julio de 2026 ⁸¹¹. Quince años es más que todo el tiempo que Humala estuvo en la presidencia, más que la duración de las dos campañas que, según los fiscales, fueron corrompidas y, hasta el viernes pasado por la noche, era la medida de hasta dónde había llegado la rendición de cuentas por corrupción en Perú dentro del palacio presidencial ²⁸.

Humala salió de la prisión de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, el viernes a las 7:39 p.m., hora local, acompañado por sus abogados, entre ellos Wilfredo Pedraza ⁴. La liberación se produjo tras una orden judicial de excarcelación dentro del día y bajo responsabilidad, emitida para ejecutar la decisión de hábeas corpus del Tribunal Constitucional ⁶⁹. En términos prácticos, un hombre que ingresó en prisión como condenado por lavado de activos salió esa misma noche como un ciudadano libre cuya condena ya no existe ante la ley ⁴¹¹.

El motivo expuesto por el tribunal tuvo que ver con el tiempo, no con la inocencia. Los magistrados concluyeron que la ley de lavado de activos utilizada para condenarlo no estaba vigente cuando ocurrieron los presuntos hechos y sostuvieron que una norma de 2016 sobre lavado de activos no puede aplicarse retroactivamente a actividades de campaña de 2006 y 2011 ⁹¹¹. La decisión se plasmó en la Sentencia N. 169/2026, un fallo de hábeas corpus que anuló la condena de 15 años ¹¹. En las informaciones publicadas solo estaban disponibles resúmenes de esos fundamentos; el texto íntegro y literal de los razonamientos jurídicos del tribunal aún no era público ⁹¹¹.

Humala, de 64 años, gobernó Perú de 2011 a 2016 tras dos intentos de llegar a la presidencia, y el proceso en su contra examinó cómo financió su ascenso ². Los fiscales afirmaron que sus campañas habían recibido fondos ilegales del presidente venezolano Hugo Chavez y de la gigante brasileña de la construcción Odebrecht, la empresa cuya red de sobornos se extendió por América Latina ²³. El veredicto de abril de 2025 lo convirtió en el primer exmandatario peruano en afrontar un juicio en el escándalo de Odebrecht, un hito de un esfuerzo nacional que se presentaba como prueba de que nadie estaba por encima de la ley ⁵⁸.

Desde entonces, ese esfuerzo se ha convertido en una lista de presidentes. La misma investigación de Odebrecht también salpicó a los expresidentes Alejandro Toledo, Martin Vizcarra y Pedro Castillo, y dejó a casi todos los exjefes de Estado vivos enredados en investigaciones por corrupción ⁵. Para quienes apoyaban los procesos, su alcance demostraba la seriedad del sistema. Para sus críticos, demostraba otra cosa: que la justicia penal se había convertido en una prolongación de la política, con expresidentes investigados, detenidos o condenados sucesivamente a medida que cambiaban los gobiernos ⁵.

Segundos después de su liberación, Humala optó por la confrontación en lugar de la conciliación. Se presentó como víctima de persecución política y judicial y dijo que había sido secuestrado por el Estado y por sicarios del sistema de justicia, un lenguaje que convierte a jueces y fiscales de árbitros en agresores ¹⁰. Fue más lejos en términos políticos: sostuvo, en esencia, que el caso contra él y su movimiento nunca había tratado únicamente de pruebas de dinero ilícito, sino de castigar el legado de su gobierno y su ideología política; las informaciones disponibles parafrasean esa afirmación, pero no confirman que sea una cita textual ¹⁰.

La reacción política fue mesurada, al menos por parte de una antigua adversaria. Keiko Fujimori, cuya rivalidad con Humala definió una época de las elecciones peruanas, respondió al fallo del Tribunal Constitucional diciendo, en esencia, que podía estar en desacuerdo, pero debía respetarlo ⁶. El comentario refleja el frágil acuerdo político de Perú, donde incluso quienes construyeron sus carreras denunciando a sus adversarios se sienten obligados a defender la autoridad del tribunal que los libera ⁶.

La cuestión de qué significa aquí la libertad es donde las propias informaciones discrepan, y esa diferencia importa. Prism News afirma que el Tribunal Constitucional ordenó archivar el caso, y El Comercio también informa que el tribunal ordenó el archivo, o cierre, de la investigación preliminar ³⁶. Particle informa de posibles efectos posteriores derivados de esa interpretación, como el archivo para los coacusados, el desbloqueo de bienes y posibles indemnizaciones del Estado ⁹¹¹. En cambio, nuestra propia narración en video advirtió que el fallo no necesariamente impide un nuevo juicio y que ni el tribunal ni los fiscales habían indicado qué ocurriría después; una interpretación que contradice las versiones sobre el archivo ³⁶. El fragmento del informe de la BBC está truncado y no resuelve la cuestión del nuevo juicio, y el material proporcionado no incluye ninguna declaración de la fiscalía sobre los próximos pasos ².

Ese desacuerdo no es una nota al pie. Si el caso se archiva, el proceso penal termina y Humala no puede volver a ser juzgado por los mismos hechos, con consecuencias para los bienes incautados y para otras personas condenadas junto con él. Si un nuevo juicio sigue siendo posible, su liberación es provisional: una corrección de un error jurídico, no una absolución, y los fiscales podrían intentar reconstruir el caso sobre una base legal. Presentar un desenlace como seguro sería inventar un árbitro que las fuentes no proporcionan, cuando el registro fiel es que distintos medios interpretan de manera diferente la misma actuación judicial ³⁶⁹.