Kenia no tiene un recuento de feminicidios y dos cifras no coinciden

A la fecha del expediente de investigación, Kenia no tiene un recuento centralizado de mujeres asesinadas por ser mujeres. Un grupo técnico de trabajo nombrado por el presidente concluyó que el país “carece de un sistema nacional centralizado, desglosado y de acceso público sobre violencia de género (GBV) y feminicidio”, una carencia que, según señaló, socava la prevención, la rendición de cuentas y la respuesta de las políticas públicas⁠2. En diciembre de 2025, el feminicidio no estaba reconocido oficialmente en Kenia pese al aumento de casos; se decía que muchos casos no se denunciaban o se clasificaban erróneamente⁠5.

Sin ese sistema, incluso la pregunta más básica —cuántas mujeres han sido asesinadas— produce respuestas discordantes. Un medio, al informar sobre conclusiones vinculadas al grupo de trabajo, situó la cifra en 1,639 mujeres asesinadas; las mujeres de entre 30 y 44 años fueron las más afectadas, y los asesinatos denunciados aumentaron un 10%⁠3. Otro recuento cifró en al menos 1,069 las mujeres asesinadas entre 2016 y 2025; fue elaborado a partir de informes de medios y registros judiciales y publicado el jueves 12 de febrero de 2026⁠4. Las fuentes no concilian la diferencia, y el memorando deja claro que se trata de recuentos distintos, basados en metodologías diferentes⁠3⁠4.

Ese desacuerdo no es una nota académica al pie. Es el resultado directo de contar sin una base de datos estatal, cuando periodistas, activistas y empleados de los tribunales reúnen los nombres de las fallecidas a partir de recortes de prensa, mientras el Estado no dispone de un registro único, público y desglosado⁠2⁠4. Cuando dos esfuerzos serios pueden diferir en cientos de nombres, las políticas públicas terminan discutiendo la magnitud en vez de abordar las causas, y las familias se quedan preguntándose si el asesinato quedó siquiera registrado⁠2.

El grupo de trabajo que debía romper ese patrón estuvo dirigido por la exvicepresidenta del Tribunal Supremo, la doctora Nancy Baraza, y su informe fue recibido por el presidente William Ruto hacia finales de enero de 2026⁠6. Calificó la situación de crisis nacional, concluyó que no había una ley específica sobre feminicidio, señaló un aumento del 10% en los asesinatos denunciados y propuso reformas legales junto con un fondo de Sh50 billion⁠6. En otras palabras, los propios nombrados por el Estado confirmaron simultáneamente los dos hechos centrales: la violencia se estaba agravando y la ley no tenía un nombre para su forma más extrema⁠6⁠5.

Tras el informe hubo actividad, pero no una solución. La policía dijo que se había reforzado la capacidad de investigación y que se había creado un equipo especializado en la Dirección de Investigaciones Criminales para atender los casos de feminicidio⁠8⁠9. Otro informe añadió que 128 casos de feminicidio llegaron a los tribunales en 2025, una cifra que no encaja fácilmente con los 125 casos citados a escala nacional en mayo y que vuelve a subrayar por qué importa contar con una metodología única y transparente⁠9⁠8.

En junio, la paciencia del público se agotó de forma visible. El 1 de junio de 2026, miles de personas marcharon en Nairobi para exigir que el gobierno declarara el feminicidio una crisis nacional; grupos de defensa dieron al gobierno 40 días para actuar⁠7. Un día después, el 2 de junio de 2026, Kenia presentó una herramienta digital para combatir la violencia de género y el feminicidio, en medio del aumento de casos⁠10. Una marcha y una aplicación, con pocos días de diferencia, captaron el momento: dolor en las calles, tecnología desde el Estado y, aun así, ningún recuento compartido de las víctimas⁠7⁠10⁠2.

Cinco meses después del informe del grupo de trabajo —hacia finales de junio de 2026—, sobrevivientes y activistas dijeron que el informe aún esperaba ser implementado⁠11. El informe había sido recibido hacia finales de enero de 2026⁠6. Esa brecha de cinco meses es ahora el hecho político central: supera el ultimátum de 40 días planteado en las calles y tiene más consecuencias que cualquier presentación aislada, porque vincula una crisis documentada con un plan que no se ha cumplido⁠11⁠7.

La posición honesta es que Kenia sabe lo suficiente para actuar, pero demasiado poco para medir los resultados. Sabe que el feminicidio no tiene una categoría legal específica, que la policía puede mencionar más de cien casos recientes, que los tribunales vieron más de cien el año pasado y que los recuentos independientes difieren en cientos de casos a lo largo de una década⁠5⁠8⁠9⁠3⁠4. Lo que no puede decir —porque no ha creado ningún sistema que le permita hacerlo— es si la situación está mejorando o empeorando este mes, dónde y para quién⁠2.