Después de casi 27 años, el juicio del 11 de septiembre por fin tiene fecha

El miércoles 26 de agosto de 2026, un juez militar estadounidense fijó para junio de 2028 la fecha del juicio de Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser el cerebro de los atentados del 11 de septiembre, y de tres coacusados, en la bahía de Guantánamo⁠2⁠5⁠7. La orden reanuda lo que se describe ampliamente como el proceso judicial más demorado de la historia estadounidense moderna⁠2⁠5⁠7. No promete un final. Promete, por fin, un comienzo.

El juicio no se celebrará en un tribunal federal⁠7⁠8. Será ante una comisión militar en la bahía de Guantánamo, Cuba, un sistema separado creado para los detenidos de Guantánamo, con reglas distintas sobre las pruebas, el jurado y las decisiones relativas a la pena de muerte⁠7⁠8. Está previsto que los cuatro hombres sean juzgados juntos allí⁠2⁠5. Para las familias que han esperado entre cancelaciones, jubilaciones y años de litigios previos al juicio, la distinción importa menos que el hecho de que un juez por fin haya fijado una fecha.

La orden fue emitida por el juez militar teniente coronel Michael Schrama⁠7. Más allá de eso, las informaciones no coinciden sobre el día exacto. Newsweek precisa que será el 5 de junio de 2028⁠6. Otros medios informan solo que será en junio o en el verano de 2028⁠2⁠3⁠4. Las fuentes discrepan sobre la fecha exacta y no hay ningún árbitro en el expediente que resuelva la discrepancia, así que la interpretación más prudente es junio de 2028, con un medio que precisa el 5 de junio⁠2⁠3⁠4⁠6. Los extractos proporcionados no citan textualmente la orden del juez.

Ahora se nombra a los coacusados como Walid bin Attash, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa Ahmed al-Hawsawi⁠5. Esto corrige informaciones anteriores que no identificaban a los otros tres. Comparecen junto a Mohammed, descrito como el presunto conspirador principal y cerebro de los atentados⁠2⁠5⁠7.

El camino hasta 2028 explica por qué el calendario marca casi 27 años desde los atentados⁠6⁠10. Mohammed fue capturado en Pakistán el 1 de marzo de 2003⁠2. Después estuvo bajo custodia de la CIA, donde fue sometido, entre otras cosas, a submarino, y luego fue trasladado a Guantánamo en 2006⁠5⁠11. Desde su traslado en 2006 hasta fines de agosto de 2026, habrá permanecido 20 años en Guantánamo. La fecha anterior fijada para el juicio, en 2021, se perdió cuando coincidieron a la vez circunstancias ordinarias y extraordinarias, y el proceso nunca recuperó su impulso.

La disputa central determinará qué escuchará cualquier jurado⁠2⁠11. Los fiscales sostienen que las declaraciones de Mohammed al FBI son pruebas cruciales⁠2⁠11. La defensa argumenta que esas declaraciones están contaminadas por las torturas sufridas bajo custodia de la CIA, incluido el submarino, y que no pueden admitirse⁠2⁠11. Aún no se ha resuelto si una entrevista del FBI realizada años después puede separarse —quedar jurídicamente desvinculada— de lo ocurrido antes bajo custodia de la CIA⁠2⁠11. Esa única cuestión podría determinar si el Gobierno puede sostener un caso que conlleve la pena de muerte.

Un exfiscal de Guantánamo, citado por Fox News, comparó la demora con un «tribunal zombi de Frankenstein»⁠9. La frase es cruel y precisa. El sistema de comisiones se creó para atender casos que, según se consideraba, los tribunales federales no podían o no querían aceptar, y luego pasó dos décadas litigando sobre sus propios fundamentos. Las pruebas, los métodos de interrogatorio, el secreto, la salud y la logística en una base naval aislada: cada uno se convirtió en su propio juicio antes del juicio.

La cuestión de la pena de muerte convierte la demora en algo más que un trámite⁠2⁠11. En 2024, el Gobierno aceptó que Mohammed se declarara culpable a cambio de una cadena perpetua, lo que lo libraría de la ejecución⁠2⁠11. El secretario de Defensa Lloyd Austin rechazó ese acuerdo dos días después, dejando abierta la posibilidad de la pena de muerte⁠2⁠11. Con ese rechazo, la disputa sobre la admisibilidad de las pruebas volvió a un litigio pleno. Ahora el Gobierno debe demostrar que puede lograr una condena capital con pruebas que un juez considere obtenidas legalmente.

Ahora la fecha está fijada, pero en términos que van más allá de lo que quería el Gobierno. Los fiscales esperaban un inicio más temprano, y la fecha de junio de 2028 prolonga más de un año la espera por los testimonios, los contrainterrogatorios y el veredicto. Se citan la COVID-19 y las anteriores restricciones por jubilación y viajes como factores que contribuyeron a la demora, pero los extractos no ofrecen un recuento más completo de los años perdidos. Para las familias, el efecto práctico es el mismo: pasarán otros tres septiembres antes de los alegatos de apertura, si comienzan según lo previsto.