Madagascar cuenta a sus desaparecidos mientras dos cifras cuentan dos historias

172 es la cifra que la policía avalará. 200 es la cifra que obligó a una nación a detener sus actividades y guardar luto. En Madagascar, el miedo ahora habita en la brecha entre esos dos números ⁹¹⁰.

Ambos recuentos describen la misma crisis: una ola de desapariciones y secuestros centrada en la capital, Antananarivo, que afecta sobre todo a niños y adolescentes ²⁸⁹. Las estadísticas policiales oficiales recopiladas a mediados de julio registran 172 denuncias de desaparición presentadas este año, incluidas 91 de niños; se recuperaron ocho cuerpos y la mayoría de las denuncias procedían de Antananarivo ⁹⁴. Días después, la BBC informó de seis asesinatos y 200 casos de desaparición en los días previos a una jornada nacional de duelo el 24 de julio ¹⁰. Las fuentes no concilian los recuentos, y el número de víctimas parece haber aumentado entre el 20 y el 24 de julio ⁹¹⁰.

Incluso el punto de partida es objeto de controversia. La mayoría de las informaciones sitúa el fuerte aumento desde finales de junio de 2026 ²⁸⁹. Nairobi Law Monthly, en un artículo del 17 de julio, fecha las desapariciones desde mayo ¹¹. Agenzia Fides presenta la alarma como algo que se viene intensificando desde principios de año ⁷. El expediente de investigación no resuelve esa discrepancia, y este artículo no se decanta por ninguna de las versiones.

Lo que sí coincide es la geografía y quiénes son las víctimas. France 24 y otros medios describen una capital sacudida por secuestros en Antananarivo, que afectan de manera desproporcionada a niños y adolescentes ²⁸⁹. Agenzia Fides tituló su despacho de finales de julio «Alarma por las desapariciones y asesinatos sin resolver de niños y adolescentes» ⁷. AllAfrica, basándose en informaciones de RFI del 20 al 22 de julio, informó que se habían desplegado cientos de efectivos de seguridad y que se habían registrado 172 casos y ocho cuerpos ⁴⁷⁹.

El Gobierno anunció la creación de un grupo de trabajo contra los secuestros, una medida presentada como respuesta institucional a la ola ²⁸. El 29 de julio, France 24 vinculó el anuncio con una capital que seguía sacudida por los secuestros en Antananarivo ². Antes, entre el 20 y el 22 de julio, se informó del despliegue de cientos de efectivos de seguridad en respuesta a los 172 casos y los ocho cuerpos que figuraban entonces en los registros ⁴⁷⁹.

El viernes 24 de julio de 2026, el país observó una jornada nacional de duelo, no laborable y remunerada, decretada por las autoridades tras una serie de secuestros y el asesinato de seis personas ¹⁰. La BBC vinculó esa decisión con seis asesinatos y 200 casos de desaparición ¹⁰. Esa cifra difiere de las 172 denuncias y los ocho cuerpos recuperados citados unos días antes ⁹. Una vez más, las fuentes apuntan en la misma dirección —una escalada— sin coincidir en las cifras exactas.

En la cobertura se cita a Ketakandriana Rafitoson, activista contra la corrupción de Transparency International Initiative Madagascar, quien afirma que la crisis pone al descubierto deficiencias institucionales más profundas ⁴⁹. La frase es importante porque replantea la historia: pasa de un fallo policial a un fallo de gobernanza. El analista Martin Ewi, en un artículo para ISS Today, sostiene que contener la ola delictiva podría determinar el éxito o el fracaso del Gobierno de transición y que las soluciones requieren algo más que un despliegue militar ³.

Esta interpretación alternativa es fundamental para entender por qué las cifras, por sí solas, no zanjan el debate. Un análisis de AllAfrica describe Madagascar como un país bajo régimen militar y acusa a la junta del coronel Randrianirina de recurrir a la retórica de la guerra y alegar una conspiración política sin pruebas ⁶. Otras informaciones se refieren a un Gobierno de transición y recuerdan la marcha de la unidad CAPSAT hacia el Palacio Presidencial el 14 de octubre de 2025 ³. En otras palabras, la autoridad puesta a prueba por los secuestros no es una administración civil consolidada, sino un orden de transición posterior a octubre de 2025 que aún busca legitimarse ³⁶.

Ese contexto entra en conflicto directo con la narración que acompañó nuestra emisión, que atribuyó al presidente Hery Rajaonarimampianina la calificación de actos de terrorismo ¹. Ninguna fuente del conjunto de investigación menciona a Rajaonarimampianina como presidente, y la información disponible describe, en cambio, un régimen de junta y de transición ³⁶. Por ello, este artículo no repite esa atribución como un hecho. Del mismo modo, las afirmaciones de que la Conferencia Episcopal Católica rechazó la caracterización de terrorismo, culpó a las deficiencias de la gobernanza o advirtió que la desinformación podría desencadenar violencia de justicieros no pueden verificarse en las fuentes proporcionadas: Agenzia Fides informa de la alarma por las desapariciones ⁷, pero el texto proporcionado aquí no contiene ninguna declaración de los obispos ni citas textuales.

La misma cautela se aplica a las tragedias individuales. La emisión describió cuatro cuerpos hallados en una sola semana, entre ellos los de una niña de 12 años y un joven de 17; una madre llamada Dorothy que buscaba a su hijo de 23 años; y un desglose de 119 casos en Analamanga, con 83 personas cuyo paradero se desconocía. Ninguno de esos detalles está confirmado en las fuentes proporcionadas ⁴⁹¹⁰. Lo que sí confirman las fuentes es una situación más sombría en conjunto y menos precisa en los detalles: decenas de familias presentaron denuncias, en su mayoría en Antananarivo; una proporción creciente de los casos involucraba a niños; el recuento policial registró ocho cuerpos recuperados, y se citaron seis asesinatos en torno a la jornada de duelo ⁹⁴¹⁰. Sobre los arrestos, las fuentes mencionan despliegues y un grupo de trabajo, pero no informan de arrestos ²⁸⁹.