Política · Patrimonio de McPhillamys
Las aguas sagradas en juego: la protección de McPhillamys vuelve a manos de Watt
Los miembros que buscan proteger las aguas sagradas del río Belubula han pedido a Murray Watt una intervención urgente. Hay dos solicitudes pendientes, pero el fallo judicial que anuló la protección anterior no zanjó la reivindicación cultural.
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Para los solicitantes aborígenes que buscan proteger las cabeceras del río Belubula, el agua no es simplemente un recurso junto a una mina de oro proyectada. Es una Línea de Canto Sagrada, vinculada a las responsabilidades culturales y la continuidad wiradjuri. Temen que se produzcan daños irreversibles en un lugar donde Regis Resources propuso construir una presa para almacenar residuos mineros. Ahora piden al gobierno federal que actúe con urgencia, después de que una declaración de protección anterior fuera anulada en los tribunales. 1
Se están evaluando dos solicitudes de protección urgente del patrimonio aborigen relacionadas con el proyecto de oro McPhillamys, cerca de Blayney, en el centro-oeste de Nueva Gales del Sur. El departamento federal de Medio Ambiente ha confirmado que aún no se ha tomado ninguna decisión. Las solicitudes vuelven a poner la protección de las cabeceras ante el ministro de Medio Ambiente, Murray Watt; no constituyen una nueva orden de protección ni un anuncio de suspensión del proyecto. 1
Una de las solicitudes procede de una docena de miembros preocupados del Orange Local Aboriginal Land Council, que actúan de forma independiente del consejo. ABC News informó el 30 de octubre de 2026 que presentaron su solicitud a Watt esa semana. Una parte distinta presentó la segunda solicitud, cuyos fundamentos detallados y autores no se han revelado en la información publicada. No se han establecido las fechas exactas de presentación ni los límites precisos de las solicitudes. 1
Le instamos respetuosamente a que considere esta solicitud con carácter urgente y adopte todas las medidas legales disponibles para proteger estas Aguas Sagradas de daños irreversibles.
Los miembros describen las cabeceras como expuestas a una «amenaza inminente de profanación». Su solicitud califica el río de sagrado, «dador de vida y sangre vital de nuestro pueblo». Estas son declaraciones de los solicitantes sobre la importancia cultural y el peligro, no conclusiones que Watt ya haya alcanzado. La información disponible tampoco establece que las obras hayan comenzado ni ofrece un calendario inminente de trabajos. 1
La protección urgente es una decisión independiente
Los miembros solicitan una declaración en virtud del artículo 9 de la Ley de Protección del Patrimonio de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres de 1984. Una persona o un grupo aborigen, o alguien que actúe en su nombre, puede solicitar oralmente o por escrito la protección de una zona determinada frente a daños o profanación. El ministro debe estar convencido de que se trata de una zona aborigen significativa y de que afronta una amenaza grave e inmediata de daño o profanación. Incluso cuando se cumplen esas condiciones, la facultad de emitir una declaración es discrecional. 6
Esa distinción es importante en este caso. Los solicitantes han pedido una intervención urgente; el gobierno ha confirmado que está evaluando la solicitud. Ninguna de esas declaraciones demuestra que el ministro haya aceptado la amenaza alegada ni impuesto una nueva restricción. La urgencia de la solicitud y las pruebas necesarias para justificar una declaración están relacionadas, pero no son intercambiables.
Regis señala las autorizaciones que ya obtuvo a través del procedimiento de proyectos de desarrollo de importancia estatal de Nueva Gales del Sur y de la Ley federal de Protección del Medio Ambiente y Conservación de la Biodiversidad. En su respuesta a ABC, la empresa dijo que ambos procesos habían considerado el patrimonio cultural aborigen. Afirmó que «apoya la protección del patrimonio cultural aborigen mediante un proceso de planificación que ofrece certidumbre a todas las partes». Esa respuesta no proporcionó un calendario actualizado de las obras. 1
La empresa hace hincapié en la certidumbre que ofrecen las autorizaciones existentes. Los solicitantes invocan una facultad distinta de protección del patrimonio. La cuestión ahora no es solo si el proyecto cuenta con autorizaciones, sino si las pruebas justifican la protección urgente de una zona incluida en él.
¿Quién habla en nombre de las cabeceras?
La solicitud independiente también pone de manifiesto un desacuerdo sobre la consulta y la autoridad cultural. La posición institucional del consejo de tierras no es la de todos sus miembros. En 2019, se opuso a la declaración de impacto ambiental del proyecto y advirtió de efectos perjudiciales e irreversibles sobre el patrimonio cultural aborigen. En 2023, cambió su posición de oposición a neutral. También ha cuestionado públicamente las afirmaciones culturales sobre la zona, incluida una historia del Tiempo del Sueño. 1
Los nuevos solicitantes afirman que los wiradjuri y otros pueblos de las Primeras Naciones con vínculos y responsabilidades culturales con el territorio no tuvieron una oportunidad significativa de expresar sus opiniones. «No se nos consultó ni se nos pidió nuestra opinión cuando se anunció el cambio de postura de la dirección ejecutiva del Orange Aboriginal Land Council», dice su solicitud. Ese es su relato de la consulta, no una conclusión establecida contra el consejo. 1
La directora ejecutiva, Annette Steele, espera que el departamento solicite la respuesta del consejo. Dijo a ABC que los ancianos wiradjuri de mayor rango con autoridad cultural sobre la zona lo guiarían. La afiliación está abierta a los aborígenes que viven dentro de los límites del consejo, incluidos quienes no son propietarios tradicionales; por ese motivo, dijo, los asuntos de patrimonio cultural suelen ser decididos por personas con autoridad cultural, y no por el conjunto de los miembros. También subrayó que los consejos de tierras son organizaciones democráticas y que los miembros pueden plantear inquietudes en reuniones o ante la junta. 1
Ni la solicitud de los miembros ni la respuesta de la dirección pueden reducirse con justicia a una única posición aborigen unánime. El desacuerdo concierne tanto a la protección del territorio como a quiénes deberían guiarla con sus conocimientos y responsabilidades.
Lo que el tribunal no decidió
La solicitud de protección anterior fue presentada por la anciana wiradyuri Aunty Nyree Reynolds, con el apoyo de Wiradyuri Traditional Owners Central West Aboriginal Corporation. En agosto de 2024, la entonces ministra de Medio Ambiente, Tanya Plibersek, emitió una declaración en virtud del artículo 10 para proteger las cabeceras y los manantiales del Belubula en el lugar previsto para la presa de relaves. Concluyó que la presa causaría una pérdida irreversible y permanente del patrimonio aborigen, y que las cabeceras eran sagradas para el pueblo wiradjuri y su Tradición del Tiempo del Sueño de la Abeja de Bandas Azules, que describe la formación de los manantiales. 1
La declaración dejó el proyecto en suspenso. Regis dijo que hacía que la explotación a cielo abierto prevista «no fuera viable»; esa afirmación se refería al efecto de la declaración anterior, no a una descripción actualizada del estado de las obras. El 14 de octubre de 2026, la empresa impugnó con éxito la declaración ante el Tribunal Federal. 1
El juez James Stellios concluyó que el proceso de toma de decisiones tenía defectos fundamentales porque los funcionarios no habían tratado la revelación de la historia del Tiempo del Sueño de la Abeja de Bandas Azules como una nueva solicitud. Su fallo no decidió el fondo de la reivindicación cultural, la importancia de la zona ni si estaba expuesta a daños o profanación. Regis había sostenido que la historia del Tiempo del Sueño no existía, pero el juez no concluyó que la tradición fuera inventada. 1
Un informe departamental que respaldaba la decisión anterior reconocía que la protección contradecía las alegaciones y recomendaciones del consejo de tierras, aunque concluía que no era necesario que todos los wiradjuri estuvieran de acuerdo. Ese antecedente ayuda a explicar el desacuerdo, pero no puede sustituir la evaluación que ahora se exige: la declaración que respaldaba ha sido invalidada. 1
Lo que sabemos
- Se están evaluando dos solicitudes urgentes de protección del patrimonio. El departamento afirma que aún no se ha tomado ninguna decisión. 1
Lo que no sabemos
- No se han establecido una fecha para la decisión, los límites precisos de las solicitudes ni el calendario actual de las obras. Los fundamentos detallados de la segunda solicitud siguen sin revelarse.
Lo que viene
- Si Watt considera que se cumple el criterio de protección urgente y ejerce su facultad para emitir una declaración.
El tribunal anuló la declaración anterior por motivos de procedimiento; no zanjó qué significado tienen las cabeceras ni si deben protegerse. Para los solicitantes, esto deja intacto el temor central: que un lugar que consideran esencial para la vida cultural sufra daños que ninguna decisión posterior pueda reparar. Watt debe evaluar ahora ese peligro alegado conforme al criterio de protección urgente. 1
Tal como se emitió 24 líneas
- Twelve land council members have asked the government to protect river headwaters from a gold project.
- They say the Belubula River's sacred waters face irreversible harm. An earlier protection declaration has already fallen in court, putting the future of protection for the headwaters back before the federal government.
- Will the environment minister use his emergency powers to protect the area?
- The McPhillamys Gold Project is near Blayney, in central west New South Wales. The dispute centres on the Belubula River headwaters and springs, where Regis Resources proposed a tailings dam to hold mining waste.
- A dozen concerned members of the Orange Local Aboriginal Land Council submitted their request this week, acting independently of the council. They addressed it to federal Environment Minister Murray Watt. A different party has lodged a second application.
- The federal environment department says both applications are under assessment and no decision has been made. The members want emergency protection for part of the project area. The second application comes from a different party, whose detailed grounds haven't been disclosed.
- The members describe the headwaters as facing an “imminent threat of desecration”. They urge Watt to take all available lawful steps to protect what they call the Sacred Waters from irreversible harm.
- Their application calls the river a Sacred Songline of particular significance to the Wiradjuri people. They describe it as the giver of life and the lifeblood of their people, connecting protection of the water with cultural responsibilities and continuity.
- They are seeking a declaration under Section 9 of the Aboriginal and Torres Strait Islander Heritage Protection Act. That gives the minister an emergency protection power. The minister must decide whether the evidence meets the legal test.
- An Aboriginal person or group can apply orally or in writing. The minister must be satisfied the area is culturally significant and faces a serious and immediate threat of injury or desecration. Even then, making a declaration is discretionary.
- The members' submission also challenges who has been heard. They say Wiradjuri and other First Nations people with cultural connections to the country weren't given a meaningful opportunity to express their views.
- Council chief executive Annette Steele expects the department to seek the council's response. She says senior Wiradjuri elders with cultural authority for the area will guide it. Council membership is open to Aboriginal people within its boundaries, including people who aren't traditional owners.
- Steele says cultural heritage matters are typically decided by people with cultural authority. She also says members can raise concerns at meetings or with the board, describing land councils as democratic organisations.
- The council objected to the project's environmental impact statement in 2019, warning of detrimental and irreversible harm to Aboriginal cultural heritage. In 2023, it changed its position to neutral. It has also questioned cultural claims about the area, including a Dreaming story.
- The new applicants say they weren't consulted or asked for their views when the council's executive changed that position. Their complaint puts consultation and cultural authority at the centre of the dispute within the community.
- Wiradyuri elder Aunty Nyree Reynolds made the original protection application, supported by the Wiradyuri Traditional Owners Central West Aboriginal Corporation. Former environment minister Tanya Plibersek then protected the headwaters and springs through a Section 10 declaration in August 2024.
- Plibersek found the proposed waste dam would cause irreversible and permanent loss to Aboriginal heritage. She found the headwaters sacred to the Wiradjuri people and their Blue Banded Bee Dreaming Tradition, which describes how the springs formed.
- The August 2024 declaration had put the project on hold. Regis said it made the planned open-cut operation “not viable”. On October 14, 2026, the company successfully challenged the declaration in the Federal Court over a failure in the decision-making process.
- A departmental brief for the earlier decision acknowledged that protection ran against the land council's advice. It concluded that a consensus among all Wiradjuri people wasn't necessary. But the handling of new information about the Dreaming story undermined the declaration's legality.
- Justice James Stellios found that officials should have treated the revelation of the Blue Banded Bee Dreaming story as a new application. His ruling left the merits of the cultural claim, the area's significance and the threat to it undecided.
- Regis had argued in court that the Dreaming story didn't exist and questioned why it hadn't appeared in the initial application. The judge made no finding that the tradition was invented. The company's argument remains its position in that case.
- Regis says the project already has New South Wales and federal environmental approvals, and both processes considered Aboriginal cultural heritage. The members are asking the government to exercise its separate emergency heritage powers over an area they say needs urgent protection.
- The company says it supports Aboriginal cultural heritage protection through a planning process that gives certainty to all parties. Its warning that the project was unviable concerned the earlier declaration; it hasn't supplied a current works timetable in this response.
- Watt now faces the decision on emergency protection. He must assess cultural significance and the claimed immediate threat before deciding whether to make a declaration. The department hasn't announced a decision date.
Fuentes
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