47 jueces, una ley y la disputa por la fianza que divide al país

El número que importa no es un porcentaje. Es una fracción de los tribunales federales de apelaciones. A finales de julio de 2026, siete tribunales federales de apelaciones habían rechazado la política de detención obligatoria sin fianza de la administración Trump para los no ciudadanos arrestados dentro de Estados Unidos. Dos la habían ratificado. Los circuitos Noveno y Séptimo se sumaron a la mayoría el 30 de julio de 2026, y el Primer Circuito se convirtió en el séptimo el 14 de agosto ²⁴⁶⁹. Eso supone una división de 7 a 2 entre los circuitos que han fallado, y es el único hecho que determina si un inmigrante con presencia legal en Tacoma, Indianápolis o Fargo puede pedir a un juez que lo ponga en libertad mientras se prolonga un proceso de expulsión.

La disposición en el centro de la disputa es un único inciso de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La Sección 1225(b)(2)(a) permite al gobierno detener a ciertos no ciudadanos arrestados en la frontera o cerca de ella sin concederles una audiencia de fianza. La administración Trump ha interpretado ese texto como aplicable a personas detenidas en cualquier lugar del interior del país. Los jueces federales han empezado a discrepar, a menudo por amplios márgenes ²¹⁰.

La consecuencia práctica es geográfica. Hoy, es mucho menos probable que un inmigrante detenido en el Quinto Circuito (Texas, Luisiana, Misisipi) o en el Octavo Circuito (Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota, Iowa, Nebraska, Misuri, Arkansas) tenga una audiencia de fianza que uno detenido en el Segundo, Sexto, Décimo u Undécimo ². Los fallos de los circuitos Noveno y Séptimo hicieron que California, Washington, Oregón, Arizona, Nevada, Idaho, Montana, Hawái, Alaska, Wisconsin, Indiana e Illinois pasaran a la columna de jurisdicciones que conceden audiencias de fianza ⁴⁶.

El fallo del Noveno Circuito del 30 de julio de 2026 fue de los que cambian las cuentas en una sola tarde. Un panel de tres jueces confirmó la decisión de Tiffany Cartwright, jueza de distrito de Estados Unidos con sede en Tacoma, y dictaminó por 2 a 1 que una clase de inmigrantes detenidos dentro de Estados Unidos no está sujeta a detención obligatoria conforme a la ley ⁴¹¹. Matt Adams, director jurídico del Northwest Immigrant Rights Project, presentó la demanda colectiva y dijo que el fallo probablemente significa que cientos de personas detenidas en el Northwest ICE Processing Center de Tacoma y en ocho estados del oeste tendrán audiencias de fianza ⁴.

El fallo del Séptimo Circuito, decidido esa misma semana en el caso de un inmigrante de Wisconsin, abre la puerta a audiencias de fianza para cientos de personas más en Wisconsin, Indiana e Illinois ⁶. Y el 14 de agosto de 2026, el Primer Circuito se convirtió en lo que la ACLU llamó «el séptimo tribunal de apelaciones en rechazar» la interpretación de la administración, al confirmar un fallo según el cual el gobierno había denegado ilegalmente audiencias de fianza a miles de personas ⁹.

Los jueces de tribunales inferiores llevan meses librando la misma batalla. Los reportajes sobre la división lo describieron claramente: «Cientos de jueces federales han rechazado la interpretación que la administración hace de una ley de inmigración de 1996, mientras que decenas la han ratificado, con lo que el acceso de los inmigrantes a las audiencias de fianza depende del lugar donde se presentan sus casos» ¹⁰.

Una audiencia de fianza no significa quedar en libertad. Es la oportunidad de solicitarla. Los inmigrantes detenidos que tienen una audiencia de fianza pueden argumentar que no representan un riesgo de fuga, que tienen vínculos familiares, trabajo o arraigo en la comunidad, y que comparecerán a sus futuras audiencias. Sin esa audiencia, esperan detenidos durante todo el proceso, que puede durar meses o años ³⁸.

Los abogados que ejercen dentro del sistema describen un endurecimiento constante. Los jueces de inmigración «deniegan cada vez más a los inmigrantes detenidos la posibilidad de permanecer en libertad mientras sus casos avanzan por el sistema judicial, una tendencia que, según los abogados, se ha acelerado durante el segundo gobierno de Trump», y respaldan a los fiscales que argumentan que las personas detenidas corren riesgo de fuga ³. Los abogados llaman a los tribunales de inmigración una «máquina de deportación», y en lugares como Elizabeth, Nueva Jersey, los jueces deniegan la fianza a casi todos los inmigrantes detenidos que comparecen ante ellos ⁸.

El argumento de la administración es sencillo. Se puede exigir a las personas que ingresaron ilegalmente o cuyo estatus ha vencido que demuestren que merecen una fianza. Los tribunales de circuito que han rechazado ese argumento dicen que la ley sencillamente no se aplica a los inmigrantes arrestados dentro del país, sino solo a quienes son detenidos en la frontera o cerca de ella ²⁴¹⁰.

En el Octavo Circuito, que abarca Dakota del Norte y en el que se centró la narración del video, la ley actualmente se aplica en sentido contrario. En Oscar Saucedo Carera v. Pamela Bondi et al., caso n.º 1:26-cv-00039, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Dakota del Norte denegó una petición de hábeas corpus el 24 de febrero de 2026 ⁷. Esto es coherente con la postura del circuito: el Octavo ha respaldado al gobierno al sostener que la ley permite la detención obligatoria de todos los no ciudadanos ².

Un video de HeyDay del 25 de julio de 2026 vinculó la política con Dakota del Norte y describió al abogado de inmigración Eric Rick, a una madre colombiana que ingresó bajo un programa de permiso de permanencia temporal y una cifra laboral de Dakota del Norte de 47 trabajadores por cada 100 empleos. La cifra laboral y esos relatos específicos no pudieron confirmarse en la información pública consultada para este artículo. No aparecen en los reportajes sobre la detención obligatoria de The Seattle Times, NJ Spotlight News, Wisconsin Watch y New Jersey Monitor, ni en el expediente judicial de Dakota del Norte ^2346781011. Los lectores deben considerarlos no verificados.

La premisa del video —que los inmigrantes con presencia legal en Dakota del Norte temen ser detenidos— es más difícil de descartar que de confirmar. Dakota del Norte está dentro del Octavo Circuito, donde las audiencias de fianza son la excepción, no la regla. El video se emitió el 25 de julio de 2026, antes de los fallos de los circuitos Noveno, Séptimo y Primero, que dividieron aún más el mapa ²⁴⁶⁹.

La ley de inmigración es federal, y la Constitución promete que se aplicará por igual en todo el país. En este momento, no funciona así. Un inmigrante detenido en Fargo espera meses para que se resuelva su caso sin una audiencia de fianza; uno detenido en Tacoma puede pedirla porque dos jueces de un panel del Noveno Circuito dijeron que sí un jueves por la tarde a finales de julio ²⁴. La línea del mapa que separa a estas dos personas no es una frontera estatal. Es una línea de circuito trazada en 1929 y redibujada por el Congreso unas pocas veces desde entonces.

Eso es lo que hace que esta disputa sea estructural y no partidista. Cada fallo de apelación añade peso a uno de los lados de un balancín que solo la Corte Suprema puede nivelar. Hasta que eso ocurra, la posibilidad de que un inmigrante pueda pedir a un juez que lo ponga en libertad seguirá dependiendo del lado de la línea de un circuito en el que se encuentre cuando lo arresten.