Noveno presidente de Perú en una década: Fujimori regresa al poder

La ceremonia fue formal, incluso tranquila. Asumió el cargo poco después del mediodía⁠9 y, tras la investidura, caminó hasta el palacio presidencial⁠3. En el Congreso, senadores, diputados, jefes de Estado y de Gobierno, y otros invitados observaron la ceremonia⁠7. El saliente ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Rios, asistió a las ceremonias de traspaso de poder⁠8. Ese mismo día se tomó juramento a su nuevo gabinete en el Palacio de Gobierno⁠10. En un país acostumbrado a desenlaces abruptos, la jornada siguió el protocolo.

Lo que distingue este traspaso de poder es el apellido. La investidura marca el regreso al poder del fujimorismo, casi 30 años después de que su padre, Alberto Fujimori, renunciara por fax desde Japón mientras su gobierno se desmoronaba⁠5. UPI presentó el momento en términos dinásticos, al describir a Keiko Fujimori como quien devuelve al poder a la dinastía familiar después de 30 años⁠8. Tiene 51 años y es descrita como conservadora⁠9; Latin America Reports la califica de «extrema derecha»⁠11. Esa etiqueta importa en Lima, donde el fujimorismo sigue dividiendo la memoria entre el orden y los excesos autoritarios, y donde cada nuevo presidente hereda tanto el palacio como la desconfianza que lo acompaña.

La victoria no llegó rápido. Llegó después de 15 años de intentos fallidos y cuatro campañas presidenciales⁠8, y culminó con una ajustada elección en junio y una victoria por estrecho margen en la segunda vuelta⁠3⁠10. Derrotó al poco conocido candidato izquierdista Roberto Sánchez por menos de 50,000 votos⁠11. El expediente de investigación indica ese margen, pero no ofrece totales verificados más detallados, y los fragmentos no proporcionan un recuento certificado completo más allá de la diferencia de «menos de 50,000 votos»⁠11. En la última década, solo tres de los presidentes de Perú fueron elegidos por voto popular⁠10, un recordatorio de que, en la reciente sucesión de líderes del país, las urnas han sido la excepción y no la regla.

Desde el podio, su discurso fue amplio y conciliador, según la agencia estatal de noticias, aunque los fragmentos disponibles están truncados. Tras jurar el cargo, dijo al Congreso que trabajará para garantizar el bienestar de los peruanos, especialmente «de quienes han quedado al margen del crecimiento económico»⁠4. El País resumió su principal promesa como un país «seguro, próspero y unido»⁠5. El juramento en sí, tal como aparece transcrito en el fragmento disponible, comienza con «Yo, Keiko…» antes de que el texto se interrumpa⁠7, por lo que las fuentes proporcionadas no contienen un texto inaugural completo y verificado.

Los compromisos concretos que informó EFE se referían a la seguridad y los salarios. En su discurso inaugural, anunció planes para otorgar a las Fuerzas Armadas más autoridad para dirigir operaciones contra el crimen organizado, reformar el sistema penitenciario y aumentar el salario mínimo un 15%, de 1,130 a 1,300 soles (unos $382)⁠6. Es una combinación reveladora: mano dura contra el crimen junto con más dinero para los hogares que sienten que se han quedado atrás. El gabinete, que juró el cargo ese mismo día en el Palacio de Gobierno, será responsable de cumplir esos compromisos⁠10, y la cifra salarial ofrece a los peruanos una prueba temprana y verificable de si las palabras de la investidura se traducen en la nómina.

Fuera de Perú, el momento se interpretó como parte de un giro regional hacia la derecha. Reuters presenta la investidura como una extensión del viraje de América Latina hacia la derecha⁠2. Bloomberg señala que «ha asumido uno de los cargos políticos más peligrosos de América Latina»⁠9, una frase que capta tanto el premio como la trampa. «Peligroso» no es una exageración cuando el cargo ha cambiado de manos nueve veces en diez años⁠11 y solo tres de esos presidentes recientes llegaron al poder mediante voto popular⁠10. Un mandato por un margen inferior a 50,000 votos sobre Sánchez⁠11 deja poco margen para el inevitable choque entre las promesas de seguridad y la debilidad institucional que acabó con sus predecesores.

También está lo que el expediente no demuestra. No fue posible verificar en las fuentes proporcionadas dos afirmaciones dramáticas de la narración: que más de 50 manifestantes murieron tras la destitución de Pedro Castillo y que cuatro predecesores están juntos en la misma cárcel de Lima. Ninguna de las diez fuentes menciona a Castillo, su destitución o muertes de manifestantes, mientras que la afirmación sobre la cárcel se apoya únicamente en un titular truncado de AP que alude a presidentes que acabaron «en la misma cárcel», sin dar nombres, cifras ni el centro penitenciario en el fragmento⁠3. La lectura responsable exige cautela: la inestabilidad de Perú está bien documentada por la cifra de rotación⁠11 y el historial de presidentes elegidos frente a designados⁠10, sin recurrir a cifras de víctimas ni listas de presos que las fuentes no proporcionan.