Decreto talibán: el silencio ahora cuenta como consentimiento para casarse

A principios de mayo de 2026, el Ministerio de Justicia publicó discretamente el Decreto n.º 18, cuyo título oficial es «Código sobre la separación judicial de los cónyuges», un código jurídico de 31 artículos que regula el matrimonio y la separación judicial⁠9. No llegó acompañado de una rueda de prensa ni de una traducción oficial al inglés. Llegó como texto burocrático, y su significado tuvo que reconstruirse con ayuda de traductores, analistas y periodistas durante las semanas siguientes. Lo que atrajo la atención de inmediato fue una única regla sobre el consentimiento: el silencio de una niña virgen puede considerarse consentimiento para casarse⁠5⁠6⁠9. The Times of India reprodujo la disposición textualmente: «El silencio de una niña virgen puede considerarse consentimiento»⁠6. Un artículo posterior resumió la reacción en cuatro palabras: «El silencio de la virgen es consentimiento»⁠11. PolicyEast confirma tanto el título del decreto como la disposición que equipara el silencio con el consentimiento, y señala que, según los críticos, erosiona la autonomía jurídica de las mujeres al no exigir un acuerdo explícito⁠7.

El código hace más que reducir el umbral para decir que sí. Según el análisis publicado por MEMRI el 29 de mayo de 2026, respalda la ley islámica que permite el matrimonio de niñas prepúberes, busca impedir la disolución de un matrimonio si el padre o el abuelo de la niña la casó y permite la disolución solo si la casó un «wali» (tutor)⁠5. En términos sencillos, establece una jerarquía de autoridad masculina en el derecho de familia. La decisión del padre o del abuelo se trata como prácticamente definitiva. Solo la decisión de un tutor más distante deja abierta con mayor claridad la posibilidad de acudir a un tribunal. Para las niñas casadas a muy corta edad, antes de poder entender o cuestionar lo que ocurría, la ley, según el análisis, ofrece casi ninguna vía para deshacerlo retroactivamente.

Las Naciones Unidas advirtieron del peligro desde temprano. El jueves 21 de mayo de 2026, la ONU expresó su «profunda preocupación» por la inclusión de disposiciones sobre matrimonio infantil en la nueva ley de separación matrimonial⁠2. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán emitió esa semana un comunicado en el que planteaba la misma alarma⁠9. El lenguaje era diplomático, pero la secuencia importaba. A las pocas semanas de su publicación discreta, se reconoció internacionalmente que no se trataba de una reforma técnica del procedimiento de divorcio. Era un cambio sustantivo en cuanto a cuándo puede considerarse que una niña aceptó ser esposa y a lo difícil que le resultará dejar de serlo.

A finales de junio, esa abstracción ya tenía nombres y hogares asociados. El 23 de junio de 2026, The Guardian documentó casos de mujeres con «casi ningún derecho independiente a poner fin a un matrimonio» y citó a una madre que dijo: «No sé cómo salvar a mi hija de su marido»⁠4. El reportaje del periódico encontró a familias viendo cómo continuaban los abusos porque la nueva ley matrimonial había cerrado las vías de salida que antes podrían haber utilizado⁠4. En su cobertura del aniversario, NBC describió el retroceso general como algo formalizado en un código penal que, según los expertos, hace casi imposible que las mujeres escapen de los abusos⁠10. En conjunto, ambos hallazgos describen una tenaza jurídica: al principio, se presume el consentimiento con mayor facilidad; al final, es más difícil obtener la separación.

Esa tenaza no apareció de la nada. El decreto prolonga cinco años de restricciones cada vez más estrictas, que incluyen la obligación de cubrirse el rostro y prohibiciones que afectan a la mayoría de los lugares de trabajo y las universidades, mientras que se prohíbe a las niñas asistir a la escuela secundaria pública⁠3⁠8. La evaluación de cinco años de Equality Now enumera el alcance de las restricciones, desde la prohibición de que las mujeres hablen en público hasta las severas limitaciones a la educación y al trabajo y, algo crucial, la ausencia de una edad mínima para contraer matrimonio⁠8. Ninguna de las fuentes proporcionadas establece una edad mínima de protección en el Decreto n.º 18. MEMRI describe a niñas «prepúberes», pero no indica una edad codificada, y ninguna fuente aquí ofrece el texto oficial íntegro, una traducción oficial de los talibanes ni los umbrales de edad precisos del decreto⁠2⁠5⁠6⁠7. La ausencia de una edad mínima es precisamente a lo que los críticos vuelven una y otra vez: sin ella, el silencio puede abarcar la infancia.

Por eso, los mecanismos jurídicos merecen un examen atento, en lugar de descartarse como una diferencia cultural. No exigir un acuerdo explícito traslada la carga de negarse a quien menos poder tiene en la habitación. Según la lógica de la disposición, se registra como consentimiento el silencio de una niña que no habla, que no entiende, que tiene miedo o a quien le han dicho que no avergüence a su familia. Y si su padre o su abuelo concertó el matrimonio, según la interpretación de MEMRI, el código busca impedir su disolución⁠5. El resumen de PolicyEast es más tajante en cuanto a sus efectos: sin un acuerdo explícito, la autonomía jurídica se erosiona⁠7. Para los lectores de otros países acostumbrados a que el matrimonio sea un contrato que requiere un sí afirmativo, la inversión de esa lógica es la noticia. El silencio, que en la mayoría de los sistemas jurídicos no significa nada, pasa a significarlo todo.

También está todo lo que no sabemos, y es mucho. Ninguna fuente de este archivo proporciona el texto oficial íntegro del Decreto n.º 18, una traducción oficial de los talibanes, los mecanismos de aplicación del decreto ni datos de prevalencia del matrimonio infantil desde su promulgación⁠2⁠5⁠6⁠7. Ninguna de las fuentes proporcionadas incluye una respuesta oficial textual de los talibanes en defensa de la ley⁠2⁠5⁠6⁠7. Esa laguna debe señalarse, no rellenarse. Significa que aún no podemos decir cómo se instruye a jueces y funcionarios locales para aplicar la regla del silencio, qué sanciones o procedimientos la rodean, con qué frecuencia se ha invocado ni cómo responden las autoridades a la acusación de que legaliza el matrimonio infantil. Los costos humanos que sugieren los primeros reportajes son reales, pero todavía queda por medir su magnitud exacta.