La ONU condena las penas IPP del Reino Unido como tortura y declara que cinco presos están detenidos ilegalmente

Cinco. Ese es el número al que las Naciones Unidas por fin han puesto nombre, y también es el que revela la magnitud de lo que hay detrás. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria determinó que cinco presos de Inglaterra y Gales están detenidos ilegalmente, sin fundamento jurídico para prolongar su encarcelamiento una vez cumplida la pena mínima, en condiciones que el grupo describe como tortura psicológica. ^{3 5} Detrás de esos cinco hay casi 2,400 presos con condenas IPP que siguen atrapados bajo una pena que el propio Parlamento abolió hace más de una década. ¹¹

La Opinión N.º 16/2026 es el primer dictamen jurídico que publica el Grupo de Trabajo, que forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre la pena de prisión para la protección pública (IPP, por sus siglas en inglés), la condena indefinida que ocupa el centro de uno de los escándalos penitenciarios más prolongados de Gran Bretaña. ^{3 5} El grupo respaldó los tres argumentos planteados en nombre de los presos: determinó que no hay fundamento jurídico para mantenerlos detenidos una vez cumplida la pena mínima y pidió una investigación independiente exhaustiva sobre lo que considera una injusticia estructural. ^{3 5} The Independent informó que la ONU condenó la detención por arbitraria y por constituir un trato inhumano. ^{2 10}

El lenguaje importa porque la ley normalmente lo evita. Detención arbitraria no es sinónimo de dura o injusta. Significa detención sin fundamento jurídico. Tortura psicológica no es un eslogan de campaña. Es una conclusión de que el funcionamiento de la detención indefinida —no saber nunca cuándo, si es que alguna vez, llegará la libertad y luego afrontar el reingreso en prisión tras la excarcelación— causa un daño mental grave de forma deliberada, no accidental. ^{2 3 5} Por eso, el dictamen no se lee como una petición de clemencia. Se lee como un fallo que establece que la custodia continuada una vez vencida la pena mínima carece de justificación jurídica.

Dos semanas antes de que el dictamen recibiera cobertura nacional, expertos de la ONU ya habían renovado sus llamamientos a una revisión urgente y a un proceso de revisión de condenas para quienes siguen bajo el régimen IPP, y advirtieron que la inacción prolongada perpetúa graves violaciones de los derechos humanos. ^{6 11} Dijeron que miles de personas siguen atrapadas en prisión bajo un sistema que el propio Parlamento abolió hace más de una década. ¹¹ La advertencia fue explícita: el daño seguía produciéndose, era previsible y podía remediarse, y dejar que este grupo pasara por el proceso ordinario de libertad condicional no lo estaba solucionando. ⁶

Uno de los cinco casos pone rostro humano a la abstracción. A Shaun Lloyd le impusieron una pena IPP a los 18 años, en 2005-06, por robar un teléfono móvil; ahora tiene 39 años. ⁷ Cumplió ocho años, de 2006 a 2014, antes de su primera excarcelación y desde entonces ha vuelto a prisión cinco veces. ⁷ Su madre, Shirley Debono, dijo a Sangita Lal, de ITV, que lleva luchando el tiempo suficiente para conseguir que su hijo vuelva a casa. ⁷ Las cifras que definen su vida adulta no son las fechas de la pena mínima ni las condiciones de la libertad condicional. Son cumpleaños perdidos, excarcelaciones revocadas y dos décadas en las que un robo cometido en la adolescencia se ha convertido, en la práctica, en una cadena perpetua, aunque no lleve ese nombre. ⁷

Otra de las cinco personas ya no puede beneficiarse de ninguna revisión. Josh Mcrae murió en prisión, y su madre, Theresa Mcrae, y su prima, Faith Chorley, hacen ahora campaña para exigir medidas inmediatas en favor de quienes siguen vivos. ⁹ Su inclusión en el dictamen es el reproche más contundente a las demoras: un proceso de la ONU que tarda años en llegar a una conclusión puede sobrevivir a los hombres a quienes pretende proteger. ^{9 5} El hecho de que hubiera que declarar que un hombre muerto estuvo detenido arbitrariamente para demostrar el fracaso del sistema debería pesar más en Londres que cualquier debate sobre el procedimiento.

Lo que ocurra ahora se decidirá menos en Ginebra que en los tribunales y en Whitehall. Los abogados han enviado al secretario de Justicia, Alex Norris, una notificación previa a una demanda por penas de cárcel indefinidas indefendibles, y preparan un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Superior. ^{4 5} El habeas corpus es la prueba más antigua del derecho inglés: demuestre que existe una causa legal para retener a esta persona o póngala en libertad. Aplicado a los presos con condenas IPP que llevan años detenidos más allá de la pena mínima sobre la base de evaluaciones de riesgo futuro y que han vuelto a prisión por incumplir las condiciones de su libertad condicional, plantea la pregunta que los ministros han evitado durante una década: ¿cuál es exactamente el fundamento jurídico actual para mantenerlos encarcelados? ^{4 5}