Las órdenes de registro de Andrew fueron anuladas en julio. La policía aún conserva el material incautado

22 de julio de 2026 es la fecha que cambia esta historia. Ese fue el día en que el Tribunal Superior anuló las órdenes utilizadas para registrar las viviendas de Andrew Mountbatten-Windsor, no el 8 de octubre, cuando se explicó públicamente el resultado. Meses después de que las órdenes perdieran su autoridad legal, la policía sigue teniendo los documentos y dispositivos electrónicos incautados en virtud de ellas. La cuestión de si los investigadores pueden conservar y examinar legalmente ese material es ahora el litigio judicial de mayor trascendencia. ^{11 10 67}

La Policía del Valle del Támesis reconoció que las órdenes se emitieron al amparo de una disposición incorrecta de la Ley de Policía y Pruebas Penales de 1984. Se trata de un fallo concreto en la autorización obtenida para los registros. No constituye una conclusión de que Mountbatten-Windsor cometiera la presunta conducta indebida, ni de que no la cometiera. La investigación continúa. ^{1 11}

Esto también exige corregir nuestra información. El 6 de octubre, HeyDay News informó de que un recurso contra las órdenes seguía pendiente de una resolución sobre el fondo, que se había concedido autorización para la revisión judicial y que se celebraría próximamente una vista sobre el acceso a documentos judiciales. Dijimos que no constaba una resolución que declarara ilegales las órdenes. La información ahora disponible muestra que las órdenes ya habían sido anuladas. Nuestra descripción del recurso como pendiente de esa decisión era incorrecta y queda sustituida.

El artículo de The Guardian del 8 de octubre puso en primer plano la resolución judicial que declaró ilegales las órdenes; BBC News, en una información publicada ese mismo día, precisó que la anulación se había producido el 22 de julio. El comunicado policial publicado a las 14:44 del 8 de octubre comenzaba así: «El 22 de julio, el Tribunal Superior anuló las órdenes de registro concedidas el 18 de febrero de 2026». Octubre fue el momento de la explicación pública citada aquí, no una nueva decisión de anulación. No se ha establecido si ese comunicado fue la primera divulgación pública. ^{1 11 67}

Mountbatten-Windsor, el antiguo príncipe Andrés, fue detenido bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público el día de su 66.º cumpleaños. Fue interrogado durante 11 horas y puesto en libertad mientras continúa la investigación. La acusación se refiere a la divulgación de información sensible o confidencial a Jeffrey Epstein mientras ejercía como enviado comercial del Reino Unido. Niega haber cometido irregularidad alguna. Esta actualización no establece que se haya presentado una acusación, que haya sido absuelto o que se haya decidido no tomar más medidas. ^{1 4 8 17}

La solicitud de las órdenes pedía autorización al amparo de los artículos 8 y 9 de la Ley de Policía y Pruebas Penales. Las órdenes se concedieron en virtud del artículo 8; Hilliard concluyó que, para que los registros fueran legales, se requería el artículo 9. La policía y los demandantes coincidieron en que eran ilegales. Hilliard se ocupaba del recurso ante el Tribunal Superior, no había emitido las órdenes originales. ^{10 1 40}

Esa descripción abarca tanto la solicitud de autorización como la aprobación del tribunal. No se trató simplemente de una disputa sobre cómo ejecutaron los agentes una orden que, por lo demás, era válida. Sin embargo, la información disponible no demuestra que los agentes engañaran deliberadamente a nadie ni que cometieran un delito, y tampoco aclara por qué se siguió el procedimiento equivocado. ^{53 1}

El artículo 9(1) establece un procedimiento prescrito: «Un agente de policía puede obtener acceso a material excluido o a material sujeto a un procedimiento especial a efectos de una investigación penal mediante la presentación de una solicitud con arreglo al anexo 1 siguiente y de conformidad con dicho anexo». El requisito es seguir ese procedimiento, no obtener acceso mediante cualquier orden disponible. ⁶⁰

Eso no permite clasificar todo lo que se llevó la policía. No se dispone de un inventario completo ni de una clasificación legal elemento por elemento. Describir cada documento o dispositivo incautado como confidencial o legalmente privilegiado iría más allá de las pruebas. El privilegio jurídico, el material excluido y el material sujeto a un procedimiento especial son conceptos distintos, no etiquetas intercambiables para registros sensibles.

Los registros abarcaron Royal Lodge, la antigua residencia de Mountbatten-Windsor en Windsor, y una residencia en la finca de Sandringham, en Norfolk. El reportaje de The Independent del 8 de octubre menciona Wood Farm; nuestro artículo anterior identificó Marsh Farm, según la información publicada. Son nombres distintos, y la ubicación exacta de las instalaciones de Norfolk sigue sin haberse determinado de forma independiente. Mencionar la finca y una residencia situada en ella no es intrínsecamente contradictorio; las variaciones no demuestran que se registrara una tercera propiedad. Nuestra referencia anterior a Marsh Farm no debe considerarse una dirección confirmada. ^{3 50 67}

Hilliard subrayó que anular las órdenes no pone fin a la investigación ni convierte en ilegal toda la investigación. La policía ya ha presentado una solicitud independiente, al amparo de otra disposición legal, para conservar los bienes incautados. Channel 4 también informa de una solicitud para conservarlos y examinarlos. Mountbatten-Windsor se opone a la solicitud. Las versiones que describen ese paso como meramente posible son menos completas que las informaciones que confirman que ya se ha dado. ^{11 1 6}

Los documentos y dispositivos permanecen bajo custodia policial mientras continúa esa disputa. La posesión física no determina por sí sola si existe permiso para examinar cada elemento, usar su contenido en la investigación o basarse en él en un futuro proceso penal. No se ha verificado el fundamento legal de la nueva solicitud, y no consta una resolución definitiva sobre la conservación, el examen o la admisibilidad. Se espera una vista o decisión en 2027; no hay una fecha exacta confirmada. ^{10 1 3 42}

CTV News informa de que los abogados de Mountbatten-Windsor buscan excluir de cualquier juicio las pruebas derivadas del registro. Ese es un objetivo, no una orden de exclusión ya dictada. Esta actualización tampoco establece que se hayan concedido indemnizaciones o costas, que se haya presentado una apelación o que exista una prohibición automática de procesar. ⁷

El abogado penalista Chris Daw KC declaró a Channel 4 que, por lo general, los tribunales permiten que las investigaciones continúen cuando la policía podría haber obtenido legalmente una orden, y que las órdenes para devolver material incautado son muy poco frecuentes. Se trata de una valoración de la práctica jurídica, no de una decisión sobre estos elementos concretos. La disputa judicial aún pendiente es más importante que una predicción general. ⁶

La vista del 8 de octubre también abordó los intentos de la policía de restringir el acceso al expediente judicial. El bufete 5RB informa de que no hay restricciones al acceso al expediente. No se han establecido los términos exactos vigentes, si la solicitud se retiró o fue desestimada, ni la participación de organizaciones de medios de comunicación. El juez no ordenó que se hicieran públicos los documentos y dispositivos incautados: el acceso a los documentos del litigio y la divulgación de pruebas en poder de la policía son cuestiones distintas. Mountbatten-Windsor no asistió. ^{44 4 50}

No se ha identificado quién financia el proceso. En nuestro reportaje del 6 de octubre recogimos la postura del Palacio: el rey no financiaría la acción y el apoyo privado que brinda a su hermano no debía destinarse a pagarla. Esa postura, expresada en aquella fecha, no identifica a ningún pagador alternativo. Tampoco se han establecido la fecha original en que se concedió la autorización para la revisión judicial ni el juez que la concedió. ^{26 24}

La distinción central es sencilla. Ganar un recurso contra un registro ilegal no equivale a quedar exonerado. Continuar una investigación no da permiso para ignorar las garantías que rigen las pruebas. El asunto de las antiguas órdenes se ha resuelto en contra de la policía; aún debe decidirse qué autoridad legal tiene sobre lo que sigue en su poder.

Información actual: The Guardian ¹; ABC Australia ²; The Independent ³; ABC Australia ⁴; SBS ⁵; Channel 4 ⁶; CTV ⁷; explicación de la BBC ⁸; BBC Newscast ⁹; información judicial de la BBC ¹⁰; cronología de julio de la BBC ¹¹.

Cobertura anterior: SBS ¹²; BBC ¹³; Sky ¹⁴; ITV ¹⁵; Associated Press ¹⁶; NPR ¹⁷; The Telegraph ¹⁸; The Brief ¹⁹; BBC ²⁰; Belfast Telegraph ²¹; GB News ²²; Al Jazeera ²³; The Telegraph ²⁴; TheJournal.ie ²⁵.

Continúa la cobertura anterior: reportaje de The Guardian sobre la financiación ²⁶; UK Pulse ²⁷; LBC ²⁸; CNN ²⁹; The Times ³⁰; Forbes ³¹; The Independent ³²; Royal Central ³³; ITV ³⁴; The Guardian ³⁵; IBTimes UK ^{36 37}; Newsweek ³⁸; Brit Brief ³⁹.

Información judicial y de seguimiento: resolución del Tribunal Superior ⁴⁰; Police Professional ⁴¹; Standard ⁴²; The Independent ⁴³; 5RB ⁴⁴; Al Jazeera ⁴⁵; Standard ⁴⁶; ABC Australia ⁴⁷; GB News ⁴⁸; Belfast Telegraph ⁴⁹; ITV ⁵⁰; Mirror ⁵¹; página del caso del Poder Judicial ⁵²; Joshua Rozenberg ⁵³; The Washington Post ⁵⁴; National ⁵⁵; The Independent ⁵⁶.

Legislation.gov.uk: artículo 8 ⁵⁷; artículo 9 ⁵⁸; anexos promulgados ⁵⁹; texto fechado del artículo 9 ⁶⁰; artículo 14 ⁶¹; parte II promulgada ⁶²; artículo 8 promulgado ⁶³; disposiciones promulgadas sobre órdenes de registro ⁶⁴; anexo 1 fechado ⁶⁵; artículo 11 promulgado ⁶⁶.

Comunicados oficiales y otras fuentes: comunicado de la Policía del Valle del Támesis ⁶⁷; comunicado del Consejo Nacional de Jefes de Policía ⁶⁸; Town & Country ⁶⁹.