Ocho meses después de que el Congreso ordenara publicar los archivos Epstein, Justicia aún los retiene

Casi ocho meses. Ese es el tiempo que la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein llevaba vigente a finales de julio de 2026 sin que se produjera la publicación que el Congreso prometió ¹¹. Ocho meses son dos temporadas en Washington: tiempo suficiente para que una investigación bipartidista se agriara hasta convertirse en recriminaciones, para que se redactara un nuevo proyecto de ley de cumplimiento y para que un fiscal general estatal demandara al Departamento de Justicia para obtener los propios archivos.

La ley en el centro de esa demora hizo algo que el Congreso rara vez está dispuesto a hacerse a sí mismo: sacó la decisión sobre la divulgación del Capitolio y se la entregó al poder ejecutivo. El Congreso aprobó una ley para obligar a publicar los archivos ⁷, una norma cuyo efecto práctico fue transferir el mandato de divulgación al Departamento de Justicia. Según el relato ofrecido en la entrevista transmitida por HeyDay, esa votación sacó el asunto de las manos de los legisladores y se lo entregó directamente a los abogados del Departamento de Justicia para que lo ejecutaran.

La investigación del Congreso que dio origen a esa ley comenzó el verano pasado con lo que CNN describió como una ambiciosa promesa de publicar los archivos, pero un año después crece la frustración ². Esa frustración tiene una forma peculiar. Dentro del comité de la Cámara de Representantes, la investigación ha seguido siendo bipartidista, aunque el tema se ha vuelto cada vez más partidista fuera del comité ³. En otras palabras, los investigadores siguieron trabajando juntos mientras la política a su alrededor los dividía.

Lo que quebró la cordialidad no fue una nueva revelación sobre Jeffrey Epstein, sino una disputa sobre quién debía revelarla. Los legisladores dijeron a The Independent que el Departamento de Justicia está eludiendo la letra de la ley que el Congreso aprobó para obligar a publicar los archivos ⁷, una conducta que describieron como exactamente lo contrario de lo que debería hacer ⁷. Tras votar para convertirse en mero espectador de la divulgación, el Congreso ahora se queja de que la agencia a la que facultó está demorando el cumplimiento del mandato.

La medida más clara de ese fracaso llegó ante los tribunales. El fiscal general de Nuevo México, Ral Torrez, presentó una demanda federal el miércoles 5 de agosto de 2026; la noticia se publicó al día siguiente. La demanda está dirigida contra el fiscal general interino Todd Blanche y el Departamento de Justicia, y exige acceso a los archivos de investigación de Epstein sin censuras ^{9 6}. La demanda alega que el Departamento bloqueó la propia investigación de Epstein del estado ⁶, convirtiendo una disputa federal sobre transparencia también en una disputa sobre el federalismo.

En el Capitolio, la respuesta se ha dividido entre cerrar la investigación y darle más fuerza. El presidente de la Comisión de Supervisión, James Comer, dijo a NOTUS que los republicanos están ultimando los planes para poner fin a la investigación de Epstein a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato, posiblemente mediante remisiones penales ⁵. Comer también dijo que espera nuevas medidas del Departamento de Justicia ⁵, una señal de que lo que haga el Congreso a continuación podría depender de lo que hagan primero los fiscales.

La otra vía es la legislación. El 15 de julio de 2026, los representantes Massie, Khanna, Leger Fernndez, Merkley y Lujn presentaron H.R. 9694, la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein II ^{8 11 10}. El proyecto daría legitimación procesal a los fiscales generales estatales, las víctimas y los miembros del Congreso para demandar al Departamento de Justicia por retener, censurar, demorar, ocultar o retirar ilegalmente documentos relacionados con Epstein, o por no publicarlos ^{8 11 10}. Otro relato señala que el nuevo proyecto permitiría a los sobrevivientes demandar al Departamento de Justicia por ocultar archivos ¹⁰, lo que subraya hasta qué punto el segundo intento gira en torno a que hagan cumplir la ley las mismas personas a quienes la primera ley pretendía proteger.

Está lejos de ser seguro que ese segundo intento se convierta en ley. The Guardian informó el 3 de agosto de 2026 sobre los esfuerzos para impulsar una versión más sólida, al tiempo que señaló la incertidumbre sobre si el presidente Donald Trump la firmaría ⁴. Esa única incertidumbre congela toda la estructura: el Congreso puede redactar un mandato más estricto, los estados pueden demandar con arreglo a la ley vigente, pero la publicación sigue dependiendo, en última instancia, de que el Departamento de Justicia cumpla o de que el presidente firme una ley que lo obligue.

Hay una laguna que el lector debe comprender claramente. La versión difundida de esta historia se articula en torno al republicano de Texas Pete Sessions, quien describe un acuerdo bipartidista convertido en arma política, un lenguaje específico de protección de sobrevivientes que exige censurar la identidad de todas las víctimas y la comparecencia de un fiscal general adjunto ante el comité. El expediente periodístico escrito revisado para este artículo no verifica de manera independiente esa atribución, esas declaraciones citadas ni esos detalles de procedimiento. El expediente confirma la transferencia general de autoridad al Departamento de Justicia y la posterior disputa sobre el cumplimiento, pero no menciona a Sessions, su subcomité ni su relato de las conversaciones del comité con la dirigencia del Departamento de Justicia. La afirmación difundida de que la ley era muy específica en materia de protección de sobrevivientes no aparece directamente en ninguna de las fuentes escritas, aunque el proyecto de ley pendiente, Act II, sí se centra en el derecho de los sobrevivientes a demandar ^{10 8}.

El resultado es un ciclo de supervisión sin salida. Un comité que se mantuvo bipartidista vio cómo su trabajo se volvía partidista fuera de la sala ³. Una ley destinada a poner fin al debate dio lugar a una demanda para hacerla cumplir ^{6 9}. Y una segunda ley concebida para corregir la primera ahora depende del mismo cálculo de Washington que frenó la primera: quién se beneficia de la divulgación y a quién se culpará por lo que se encuentre ^{4 8}. Hasta que el Departamento de Justicia entregue los documentos o un tribunal le ordene hacerlo, los archivos Epstein seguirán donde el Congreso los puso: en manos de otros.