El jefe de la policía de Israel cubre puestos sin firmar, pero ¿podrán quedarse los agentes?

La solución del comisionado Danny Levy a los nombramientos sin firmar fue un mecanismo llamado «adscripción operativa». Este separaba las responsabilidades del puesto de la formalización del nombramiento: los agentes seleccionados podían empezar a realizar el trabajo mientras seguían pendientes las firmas del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. Se trata de una decisión práctica de dotación de personal, no de una prueba de que los nombramientos —ni los ascensos de rango asociados— se hayan completado.⁠1⁠4

La agente de mayor rango identificada por su nombre en este vacío es la comandante Dana Amit. Seleccionada por la cúpula del mando para dirigir la División de Fiscalía de la Policía, había empezado a desempeñar las funciones de su jefatura, según el informe de Ynet del 13 de noviembre. Ben Gvir no había firmado su nombramiento. La información disponible no ha establecido que se haya emitido una notificación de cancelación que la mencione.⁠1⁠4

La asignación de Amit importa porque esta división hace más que gestionar al personal policial. Dirige la política de acusación de la policía y la presentación de acusaciones penales. Su liderazgo contribuye a orientar una función importante del sistema de justicia penal, con consecuencias para los acusados y los procesos, no solo para los agentes que esperan ascender.⁠1

Su predecesor, David Zamir, había terminado su mandato, por lo que la división quedó sin un comandante permanente durante un periodo cuya duración no se ha establecido. La adscripción operativa de Amit puso en la práctica a alguien al frente, sin resolver la falta de aprobación ministerial. La vacante explica por qué importaba cubrir el puesto, pero no responde por sí sola a la pregunta de si el mecanismo elegido por Levy estaba permitido por la ley.⁠1

Ynet describió el alcance de la división como acusaciones contra aproximadamente el 90% de los acusados en Israel. Esa cifra requiere una salvedad importante: no se ha establecido ningún desglose oficial actual ni un periodo de medición que permita verificar la afirmación sobre la proporción de acusados. Una publicación del Instituto para la Democracia de Israel de 2014 describió a los fiscales policiales como responsables de casi el 90% de los procesamientos penales, pero se trata de una cifra anterior, con un denominador expresado de otro modo, que no confirma de forma independiente una proporción actual de acusados. Ninguna de las dos cifras es una tasa de condenas.⁠1⁠17

La cuestión institucional no depende de considerar ese porcentaje una estadística recién medida. Una disputa sobre quién puede dirigir la política de acusación penal tiene más consecuencias que una discusión sobre títulos. Al mismo tiempo, la información publicada no demuestra que la disputa por el liderazgo haya invalidado acusaciones o procesos concretos.

El argumento expuesto por Levy fue la urgencia operativa. Ynet lo citó diciendo en conversaciones privadas que había que cubrir puestos clave mientras los nombramientos seguían bloqueados. Sus palabras explican por qué actuó, pero no constituyen una determinación jurídica de que pudiera hacerlo.⁠1

Ynet también citó a Levy diciendo: «Nada disuadirá a la policía de seguir cumpliendo su deber de proteger la seguridad pública». El argumento es sencillo: el trabajo de la institución no puede esperar indefinidamente a que alguien firme. La objeción es igual de concreta: la necesidad operativa no determina quién tiene autoridad para realizar un nombramiento ni si un mecanismo alternativo evita legalmente el requisito de aprobación.⁠1⁠4

El relato de Channel 14 del 12 de noviembre describió dos etapas de resistencia legal. Primero, la fiscal general se opuso a que se tramitaran ascensos sin la aprobación ministerial requerida. Levy recurrió entonces a las adscripciones operativas, que permitían a los agentes desempeñar las funciones previstas sin completar sus ascensos de rango. Según ese informe, una opinión jurídica también rechazó el mecanismo alternativo.⁠4

Levy había informado del mecanismo a Ben Gvir y a los agentes pertinentes, informó Channel 14. Posteriormente, algunos agentes empezaron a recibir notificaciones de cancelación. Se trata de una objeción jurídica notificada y de una consecuencia de personal también notificada, no de una sentencia judicial identificada ni de pruebas de que se cancelaran todas las adscripciones. No se dispone de la opinión jurídica subyacente ni de una lista del estado de cada agente.⁠4

La cronología impide llegar a una conclusión fácil. El informe de Ynet del 13 de noviembre es posterior a la información de Channel 14 sobre las cancelaciones y describe a unos 15 agentes que ya estaban trabajando. Pero no indica si se revocaron las cancelaciones, si afectaron a otros agentes o si los informes reflejan una discrepancia aún no resuelta sobre las mismas adscripciones. Por tanto, el informe posterior actualiza la información sobre los agentes que desempeñan sus funciones, pero no aclara la situación de todas las adscripciones.⁠1⁠4

Por el mismo motivo, «unos 15» es la cifra notificada de agentes asignados a los puestos seleccionados, no un recuento verificado de la plantilla actual. Tampoco es responsable describir la situación de Amit como un nombramiento formal completado o como una asignación definitivamente revocada: lo primero carece de la firma de Ben Gvir; lo segundo, de una notificación de cancelación que la mencione.⁠1⁠4

Está comprobado que Ben Gvir se negó a firmar, pero no se conoce el motivo específico por el que retuvo su aprobación para este grupo o para Amit en particular. Ynet informó de un enfrentamiento político más amplio en el que el ministro acusó a Levy de intentar complacer a la izquierda tras las elecciones y de actuar ilegalmente contra los ultraortodoxos. La oficina de Levy rechazó esas acusaciones. Ese intercambio aporta contexto, pero no demuestra el motivo de ningún nombramiento en particular que haya quedado sin firmar.⁠1

Para despejar la incertidumbre inmediata hace falta algo concreto: un nombramiento firmado, una cancelación que identifique al agente afectado o una aclaración autorizada sobre qué adscripciones siguen vigentes y con qué fundamento jurídico. Hasta entonces, se mantiene la distinción central de esta disputa. Los agentes han empezado a ejercer sus responsabilidades; sigue sin resolverse si todos pueden continuar y si Amit puede seguir dirigiendo la división de fiscalía bajo este mecanismo.⁠1⁠4