Una jueza bloquea en todo el país la orden de Trump sobre el voto por correo antes de las elecciones de medio mandato

50 estados, un sistema postal y una única orden de un tribunal de Boston controlan ahora cómo se tramitan las papeletas por correo de cara a noviembre. El martes 11 de agosto de 2026, la jueza federal de distrito Indira Talwani amplió una medida cautelar anterior, que abarcaba 23 estados y el Distrito de Columbia, para convertirla en una prohibición nacional que impide al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) aplicar las restricciones del presidente Trump al voto por correo mientras continúa el litigio ^{4 7 3 11}. La dimensión es lo que importa: con una sola resolución, lo que había sido una protección parcial se convirtió en una norma nacional para las elecciones de medio mandato de 2026 ^{4 7}.

En el centro está la Orden Ejecutiva 14399. La medida cautelar preliminar de Talwani prohíbe al USPS aplicar o hacer cumplir la Sección 3 de esa orden, que habría restringido la entrega de papeletas ¹¹. Varios medios describen la orden, en términos más amplios, como un intento de crear una lista federal de votantes y de involucrar directamente al Servicio Postal en las elecciones de una manera que limitaría el voto por correo ^{2 6 7}. Para los votantes, los trabajadores postales y las oficinas electorales locales, esa distinción importa porque determina quién puede fijar las condiciones para una papeleta enviada por correo ⁵.

El efecto práctico, según lo informado, es directo. La orden nacional impide que el USPS se niegue a transportar papeletas de voto en ausencia para las elecciones de 2026 ⁵. Por tanto, los procedimientos vigentes de voto por correo se mantienen mientras avanza el caso, preservando el sistema que han utilizado tanto los votantes que dependen del correo como los funcionarios postales y electorales que preparan los sistemas de votación y las comunicaciones con los votantes ⁵. La prohibición no resuelve el litigio jurídico de fondo. Suspende la aplicación de los requisitos hasta que los tribunales decidan si pueden mantenerse ^{4 7}.

La demanda subyacente es California contra Trump, presentada en abril por los fiscales generales de 23 estados y del Distrito de Columbia; se trata de una impugnación liderada por los estados contra la orden electoral del Gobierno ⁸. El miércoles por la mañana, el Departamento de Justicia presentó una solicitud de escrito complementario para pedir una suspensión de emergencia en ese caso estatal, lo que indica la rapidez con que el Gobierno actuó para contener los efectos de la resolución ⁸. Esa presentación forma parte de una iniciativa más amplia en la que el Gobierno ha solicitado medidas de emergencia a tribunales superiores ^{4 8}.

El momento en que ocurrieron los hechos explica parte de la confusión con las fechas. Varios informes de fuentes primarias sitúan la resolución el martes 11 de agosto ^{2 5 10}, mientras que Votebeat y Election Desk publicaron noticias sobre la decisión el 12 de agosto ^{3 4}. El número de la orden ejecutiva es 14399 ^{4 11}. Los extractos disponibles de AP, Votebeat y Election Desk no confirman la afirmación adicional de que la Liga de Mujeres Votantes de Massachusetts figure entre los demandantes; en cambio, identifican el caso presentado por los fiscales generales estatales como el vehículo de la medida cautelar ⁸.

La situación ante la Corte Suprema es inusual y tiene importantes consecuencias. La ampliación a todo el país se produjo mientras la Corte Suprema considera dos solicitudes de emergencia distintas para levantar la medida cautelar anterior, de alcance más limitado ⁴. El Departamento de Justicia ha presentado una solicitud de suspensión de emergencia ⁸. Que la prohibición más amplia supere esa revisión determinará qué reglas sobre el voto por correo estarán realmente vigentes cuando se envíen las papeletas para noviembre ⁴.

Ese vínculo propuesto entre las listas de votantes y el envío de papeletas por correo es fundamental para entender por qué los administradores electorales siguen de cerca la situación. Los medios describen la iniciativa del Gobierno como un intento de crear una lista federal de votantes e involucrar directamente al Servicio Postal en las elecciones ^{2 6 7}. El testimonio de Steiner relaciona ese concepto con las operaciones: conforme a la norma propuesta, no se enviarían papeletas por correo a los estados que se nieguen a proporcionar listas de votantes ausentes ⁵. La medida cautelar impide que se aplique ese mecanismo a través del USPS mientras continúa el caso ^{11 5}.

El contexto también importa para entender lo que la orden no hace. No ordena implantar un nuevo sistema de votación, no decide el fondo de la cuestión de las facultades presidenciales sobre las elecciones federales y no pone fin a la disputa sobre el voto por correo, que se ha intensificado de cara a las elecciones de medio mandato ^{6 8}. Mantiene el statu quo en la entrega de papeletas por correo y deja para futuras resoluciones, y para la decisión de la Corte Suprema sobre las solicitudes de emergencia, las cuestiones de fondo relativas a las listas federales de votantes, la autoridad del USPS y el control estatal de las elecciones ^{4 7}.

Por ahora, la respuesta de cara a noviembre es la continuidad. El USPS no puede aplicar en ningún lugar los requisitos impugnados mientras continúa el litigio, después de que una orden anterior los hubiera suspendido en 23 estados y el Distrito ^{4 7}. La resolución se emitió el 11 de agosto y se informó de ella el 12 de agosto ^{2 5 10 3 4}. Con dos solicitudes de emergencia pendientes ante la Corte Suprema, la próxima decisión que habrá que observar es si esa continuidad se mantiene ^{4 8}.