Massachusetts elimina el límite de 24 semanas para el aborto y prioriza el criterio médico

Sobre el papel, el cambio es sencillo; en la práctica, es significativo. La nueva ley establece que un médico puede practicar un aborto con base en su criterio profesional⁠5. Esa disposición reemplaza un marco en el que los abortos después de aproximadamente 24 semanas requerían excepciones específicas, una estructura que obligaba a médicos, hospitales y pacientes a moverse dentro de categorías legales, en lugar de basarse en el criterio médico⁠7⁠10. Sus partidarios presentaron el cambio como una manera de dejar las decisiones difíciles entre pacientes y médicos, sobre todo cuando un embarazo presenta complicaciones graves en una etapa avanzada y el pronóstico es devastador⁠3⁠8⁠9.

Con la ley anterior, los abortos después de las 24 semanas requerían excepciones específicas, como una anomalía fetal letal⁠7⁠10. En la práctica, decenas de pacientes tuvieron que viajar a otros estados para recibir atención en etapas avanzadas⁠7⁠10. Esos viajes implicaban nuevos médicos y hospitales, gastos de traslado y demoras en el peor momento posible: una carga que, según sus partidarios, recaía con mayor fuerza sobre quienes ya recibían un diagnóstico fetal grave⁠7⁠10. La nueva ley elimina esta prueba sujeta a excepciones y deja la decisión al criterio del médico⁠5.

Healey convirtió la firma en una declaración sobre quién decide. Durante el acto, dijo que las mujeres deberían poder tomar sus propias decisiones sobre atención médica, en lugar de que lo haga el gobierno⁠6. También aludió a relatos de angustia y dolor, y señaló a familias que afirmaron que la ley anterior agravó su duelo con obstáculos logísticos e incertidumbre jurídica⁠3⁠8⁠9. El planteamiento fue deliberado: presentó el proyecto no como una ampliación abstracta, sino como respuesta a experiencias concretas que, según los legisladores, ya no podían justificar que quedaran fuera de la ley⁠3⁠8.

Una de esas experiencias fue la de Kate Dineen, quien habló en la rueda de prensa de la firma del proyecto sobre cómo se vio obligada a viajar a otro estado para abortar en una etapa avanzada del embarazo porque el diagnóstico de su hijo no cumplía los requisitos de la excepción por anomalía fetal letal⁠8⁠9⁠10. Su relato ilustró el aspecto más duro del antiguo criterio: un diagnóstico grave que no se clasificara como letal no dejaba ninguna vía legal para recibir atención en el estado⁠8⁠9⁠10. Para los partidarios, esa brecha era el argumento moral central: la ley exigía de la medicina y del duelo una precisión que los casos reales no ofrecen⁠3⁠8.

La firma tuvo lugar mientras Healey hace campaña por su reelección, y el Globe presentó el momento con el titular «El aborto está en la boleta»⁠4. Ese contexto político ayuda a explicar tanto la rapidez como la puesta en escena: los legisladores aceleraron el trámite del proyecto y Healey lo firmó en un acto público centrado en pacientes y familias⁠3⁠5⁠8⁠11. El aborto sigue siendo una de las divisiones partidistas más claras de la política estadounidense, y una gobernadora demócrata en un estado marcadamente demócrata tenía todos los incentivos para hacer visible y concreto su apoyo antes de que los votantes vuelvan a las urnas⁠4.

Según Ballotpedia, Massachusetts se suma a otros nueve estados y a Washington, D. C., sin restricciones al aborto que empiecen en una etapa específica del embarazo; en total, son 10 estados más D. C.⁠7. Esa cifra da alcance nacional a la decisión de Massachusetts y lo sitúa dentro de un grupo reducido de estados que no fijan un límite gestacional y, en cambio, se basan en el criterio de los proveedores y otras regulaciones⁠7. La cifra no determina si ese enfoque se hará más común, pero muestra hasta qué punto han divergido los regímenes estatales en los años transcurridos desde el fin de la protección federal⁠7.

Es importante señalar un límite de lo que establece la cobertura disponible. Algunos análisis previos presentaron el cambio como una protección contra los intentos de revertir las medidas adoptadas después de Roe, pero los fragmentos se centran en el acceso después de las 24 semanas, no en una reversión de Roe⁠4⁠7. La distinción importa porque mantiene la atención en lo que la ley realmente modifica —las normas para la atención en etapas avanzadas, las prácticas hospitalarias y la discreción médica—, en lugar de hacer una afirmación más amplia sobre el blindaje de la legislación de Massachusetts frente a la acción federal⁠4⁠7⁠5. Lo que cambiaron los legisladores fue el criterio para recibir atención legal después de las 24 semanas, no toda la estructura de regulación de la salud reproductiva⁠5⁠7.

Para las pacientes que enfrentan complicaciones graves o anomalías fetales en etapas avanzadas del embarazo, la ley significa que ya no tendrán que acogerse a una excepción, como una anomalía fetal letal, ni salir de Massachusetts para recibir atención⁠7⁠10⁠5. Para los médicos, significa que el criterio aplicable será el juicio profesional y no una lista de requisitos legales; la ley establece que un médico puede practicar un aborto con base en su criterio profesional⁠5. Es una transferencia significativa de autoridad: de los legisladores de vuelta a los profesionales clínicos. Por eso, tanto partidarios como opositores consideran que el proyecto va más allá de una mera corrección técnica⁠5⁠3.

Ahora, los hospitales y los profesionales clínicos tendrán que traducir ese criterio en la práctica. El juicio profesional es un concepto habitual en medicina, pero aun así requiere políticas, protocolos de asesoramiento, consultas de ética cuando sean necesarias y claridad sobre qué centros ofrecerán atención en etapas avanzadas⁠5. El régimen anterior proporcionaba a las instituciones un umbral legal y requisitos de revisión a los que podían remitirse, aunque las familias vivieran esos requisitos como obstáculos⁠7⁠10. El nuevo régimen exige que las instituciones expliquen cómo ejercerán su discreción de manera justa y coherente, especialmente en el caso de pacientes a quienes antes les decían que acudieran a otro lugar⁠5⁠7.

Por eso, el debate tampoco terminará con una firma. Los partidarios consideran que eliminar el límite de 24 semanas corrige una crueldad que obligaba a pacientes afligidas a tomar aviones⁠7⁠10⁠8. Los opositores verán en esa misma disposición la eliminación de una salvaguarda que el estado tenía el deber de mantener⁠5⁠7. En realidad, ambas partes discuten sobre la confianza: si el público debe confiar en los médicos y las pacientes para tomar las decisiones más difíciles, o si la ley debe fijar un límite aun sabiendo que algunos casos dolorosos quedarán del lado equivocado⁠5⁠7. Massachusetts ya ha respondido a esa pregunta en un sentido, y las consecuencias se desarrollarán caso por caso⁠5⁠3.