Los anuncios de Trump siguieron emitiéndose después de la orden de cancelarlos

“Batalla final” se emitió 193 veces durante las transmisiones locales de 60 Minutes de CBS. “Maduro” se emitió otras 198 veces durante America’s Funniest Home Videos de ABC. Esos 391 espacios del domingo por la noche que promocionaban a Donald Trump salieron al aire después de que entrara en vigor la orden de un juez federal de cancelar las emisiones. ⁴²

La explicación del Gobierno ahora incluye marcas de tiempo: el tribunal envió por correo electrónico su orden el domingo por la noche; los abogados del Gobierno la reenviaron más de una hora después, y los abogados de la agencia no se enteraron de ese mensaje hasta el lunes por la mañana. Mientras tanto, los anuncios siguieron llegando a las pantallas de televisión. ³⁹

Las implicaciones financieras también han quedado más claras. El análisis de NPR de los datos de AdImpact estima que desde finales de septiembre se gastaron casi $22 million de los contribuyentes en cinco anuncios impugnados, incluidos casi $10 million después de que Trump anunciara el 5 de octubre que el dinero político privado se haría cargo. Esa segunda cantidad forma parte de la primera; no es otra factura que haya que sumar. Ninguna de las dos es una contabilidad auditada. ⁵

El 12 de octubre, HeyDay News informó que la jueza federal de distrito Jennifer L. Rochon había ordenado cancelar las inserciones televisivas impugnadas que aún quedaban del Department of Homeland Security y restringido los acuerdos que las respaldaban. El expediente más completo establece que la cancelación no fue inmediata ni exhaustiva. También exige corregir nuestra explicación anterior sobre los gastos y el calendario de la audiencia.

“Los abogados de la agencia no se enteraron del correo electrónico de los abogados del Gobierno hasta esta mañana. El abajo firmante pide disculpas al Tribunal y a los demandantes”, escribió el fiscal federal adjunto Jeffrey S. Oestericher en el informe de situación del 12 de octubre. El DHS dijo que esa mañana entregó la orden a Lepugh, Inc., que opera como LMD Agency. No se han establecido las horas exactas en que se leyó la orden ni en que el proveedor canceló las emisiones. ³⁹

Los recuentos del domingo se refieren a emisiones en mercados locales durante programas que empezaban alrededor de las 7 p. m., hora del Este, no a 391 programas nacionales ni a espectadores únicos. Un recuento adicional de los demandantes, realizado aproximadamente a las 2:45 p. m., hora del Este, del lunes, registró otros 20 anuncios de “Maduro”, 11 de “Batalla final” y uno de “El país que ama”. En conjunto, los recuentos identifican 423 emisiones, pero no constituyen un recuento final exhaustivo. ⁴²

El informe de situación se presentó “para confirmar el cumplimiento de la orden de restricción temporal”. Esa es la versión del Gobierno, no una determinación judicial de que se cumplieran todas las obligaciones. Los demandantes solicitaron una conferencia de situación y, en ese momento, no pedían sanciones por desacato. No se ha establecido ninguna determinación verificada de desacato, sanción ni constatación de desafío intencional. Una falla en la notificación explica una secuencia; no demuestra que el cumplimiento fuera imposible. ^{39 49}

Un funcionario de la Casa Blanca dijo el lunes a NPR que los últimos anuncios pagados por el Gobierno se emitieron el domingo por la noche y que, de ahí en adelante, los pagarían grupos externos. Esa versión no explica todas las emisiones registradas el lunes. El expediente disponible tampoco identifica quién pagó cada emisión posterior. ⁵

La orden de Rochon va más allá del control remoto. Suspendió la orden de compra del 20 de septiembre de Customs and Border Protection con LMD, incluidos los pagos futuros, y la asignación asociada de $20 million de la Office of Management and Budget. Prohibió usar, desembolsar o transferir fondos asignados al DHS para los anuncios impugnados, así como celebrar, renovar o ampliar acuerdos para producirlos o distribuirlos durante la vigencia de la restricción. ⁴⁰

Son tareas distintas: detener una emisión, poner fin a un acuerdo, impedir un pago y recuperar dinero ya gastado. Tener éxito en una no demuestra haberlo tenido en las demás.

La secuencia documentada de financiación comenzó el 19 de septiembre, cuando la OMB reasignó $20 million adicionales a una partida de CBP para eventos conmemorativos, dentro de la financiación para seguridad fronteriza, tecnología y controles. Al día siguiente, CBP emitió su orden de compra de $20 million para una campaña de medios a nivel nacional. El período de ejecución se extendía hasta el 19 de septiembre de 2027, o hasta que se hubieran cumplido todas las entregas y efectuado todas las inserciones en medios. ⁷²

Nuestro informe del 12 de octubre vinculó los anuncios con un paquete de $175 million para el control migratorio. La documentación primaria recuperada no respalda esa explicación, y la retiramos. Las medidas documentadas fueron la asignación de $20 million y la orden de compra de $20 million; no son dos costos separados de $20 million para la campaña. ⁷²

La cifra de $20 million que informamos antes también queda sustituida por la estimación de casi $22 million basada en datos publicitarios de NPR. ABC News informó de aproximadamente $12 million en el boletín informativo matutino del 12 de octubre; NPR informó de casi $22 million esa misma noche. Son estimaciones sucesivas publicadas, no totales auditados contrapuestos. No se han conciliado los cortes temporales ni las bases contables de su seguimiento, y la diferencia entre la estimación más reciente y la orden de compra requiere una contabilidad, no especulaciones. ^{6 5}

El Gobierno sostuvo que sus compras terminarían el 11 de octubre y que no tenía planes de hacer más. El período contractual, más largo, y las garantías insuficientes contra gastos similares en el futuro contribuyeron a rechazar su argumento de que ya no hacía falta la intervención del tribunal. ⁷²

“Batalla final” era casi idéntico a un anuncio de la campaña de Trump de 2024, salvo por el aviso de financiación. Mientras caminaba por un pasillo, Trump prometió “demoler el Estado profundo”, “expulsar a los globalistas” y “derrotar a los medios de noticias falsas”. No proporcionaba información sobre las funciones oficiales del DHS. El aviso decía: “Pagado por el Gobierno de EE. UU.” ⁷²

“Maduro” promocionaba la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero de 2026 y mostraba a Trump, al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario de Defensa Pete Hegseth. “No juegues con este presidente” formaba parte de su advertencia. Los otros anuncios emitidos fueron “El país que ama”, “Celebrando el espíritu perdurable” y “Al gran y orgulloso pueblo de Irán”. Esos cinco constituyen el denominador de la estimación de gastos. ^{72 5}

La Casa Blanca calificó los anuncios de mensajes de servicio público. La opinión de apoyo de Rochon del 12 de octubre dejó constancia de un punto de mayor trascendencia: “Los demandados no cuestionan que los anuncios en cuestión sean puramente partidistas y no estén relacionados con las funciones oficiales del DHS”. ^{4 72}

El Congreso había autorizado actividades conmemorativas de las iniciativas de seguridad fronteriza, con ejemplos que incluían homenajes a agentes fallecidos, aniversarios de agencias y ceremonias de reconocimiento. Rochon determinó que existía una probabilidad clara y sustancial de que los gastos impugnados infringieran tanto el requisito de destinar las asignaciones a los fines autorizados como las restricciones a la propaganda o publicidad interna no autorizada. Se trataba de una determinación preliminar sobre la probabilidad de éxito, no de un fallo definitivo. ⁷²

La demanda, Common Cause v. Department of Homeland Security, incluye como demandantes a Common Cause, Robert Hunter, candidato demócrata a la Cámara de Representantes de Alabama por el Distrito 28, SEIU Local 32BJ y su comité de acción política. La restricción se refiere a esta campaña, no a todos los anuncios del DHS, a los mensajes legítimos de servicio público del Gobierno ni a los anuncios políticos financiados con fondos privados. ^{72 40}

El 5 de octubre, Trump dijo que había decidido financiar los “Anuncios patrióticos” por su cuenta “y con dinero que recaudé para MAGA, Inc.”, el supercomité de acción política que lo respalda. El anuncio describía un cambio en la financiación futura; no demostraba que hubiera pagado personalmente. La estimación posterior de NPR muestra casi $10 million en gastos públicos después de ese anuncio. ^{59 5}

El 6 de octubre, un portavoz de la Casa Blanca dijo que la publicación “no se refería a un reembolso”, mientras que un funcionario del Gobierno afirmó que el pago cambiaría solo “de ahora en adelante”. Por lo tanto, el plan anunciado no incluía reembolsar los gastos públicos anteriores. No se ha demostrado que hubiera un reembolso efectivo ni un pago privado verificado de manera independiente que cubriera anuncios concretos posteriores. Eso no demuestra que nunca se hicieran pagos privados ni que sea imposible recuperar el dinero mediante un litigio. ^{120 126}

La conferencia del 13 de octubre que informamos anteriormente ya había sido aplazada en la orden del 11 de octubre, que señaló que se reprogramaría para tratar los próximos pasos. No se ha verificado una nueva fecha. La restricción se mantiene “hasta 14 días a partir de hoy, sujeta a una prórroga de este Tribunal”: un plazo fijo, prorrogable, que apunta al 25 de octubre, no a un mínimo garantizado. No se han verificado la hora exacta de vencimiento ni modificaciones posteriores. ⁴⁰

La orden puede detener más gastos cubiertos. Según el expediente verificado, no ha devuelto a los contribuyentes el dinero ya utilizado para promocionar a Trump. Retirar un anuncio del aire es el comienzo de la rendición de cuentas, no el balance final.