Trump pide a la Corte Suprema que permita aplicar la orden sobre el voto por correo

23 estados. Esa es la cifra que más importa: casi la mitad del país donde actualmente no se puede hacer cumplir la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que restringe el voto por correo. En esos estados, jueces federales han mantenido la orden suspendida mientras los funcionarios electorales intentan planificar las elecciones de noviembre, y fue ese muro de órdenes de tribunales inferiores el que el Gobierno de Trump pidió a la Corte Suprema que derribara el lunes 27 de julio de 2026 ^34571011.

El Gobierno presentó una apelación de emergencia el 27 de julio para pedir a los jueces que permitieran aplicar la orden antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, después de que tribunales inferiores la bloquearan en aproximadamente 23 estados ^34781011. La presentación convierte una disputa que hasta ahora se había desarrollado de forma dispersa en tribunales de distrito y de apelaciones en una sola cuestión nacional para el máximo tribunal, con las reglas sobre el voto en ausencia y las papeletas enviadas por correo en un año electoral federal pendientes de cómo los jueces tramiten el expediente de emergencia ⁴⁶¹⁰.

La orden se remonta a marzo, cuando Trump dispuso nuevas medidas federales en materia electoral que incluían crear listas federales de elegibilidad e imponer restricciones a la entrega de papeletas por correo ¹⁰¹¹. Una coalición de estados demócratas la impugnó ante un tribunal federal, lo que dio lugar al ya conocido enfrentamiento sobre quién controla los mecanismos del voto en Estados Unidos: Washington, que reivindica un interés en la uniformidad y la integridad, o los estados, que organizan las elecciones distrito por distrito ¹⁰¹¹.

Un tribunal federal de apelaciones mantuvo bloqueadas las restricciones en los 23 estados que presentaron la demanda y concluyó que los estados deben prepararse ahora para cambios electorales potencialmente perturbadores ⁵. Ese razonamiento importa porque la administración electoral no es algo abstracto. Hay que finalizar los diseños de las papeletas, firmar contratos de impresión, redactar instrucciones para los votantes, capacitar a los trabajadores de los condados y comprobar los plazos del servicio postal. Un tribunal que imponga cambios tardíos arriesga generar confusión, mientras que uno que congele el statu quo corre el riesgo de dejar sin aplicar una directiva presidencial durante otra elección federal ⁵.

A juicio del Gobierno, los tribunales inferiores actuaron demasiado rápido. El procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, sostuvo que un tribunal inferior «se adelantó» al bloquear la aplicación de la orden, según el enfoque reflejado en el titular de Law.com: «Demasiado pronto para bloquear la orden de Trump sobre el voto por correo, dice Sauer a la Corte Suprema» ⁶. Los extractos disponibles no proporcionan el texto exacto de la presentación, pero el argumento es tanto procesal como sustantivo: que los tribunales no deberían haber prohibido una directiva presidencial de marzo antes de que pudieran evaluarse plenamente su alcance, aplicación y perjuicio concreto ⁶.

SCOTUSblog informa que tanto el Gobierno de Trump como los estados instaron a los jueces a permitir la plena aplicación de la orden ⁸. Si se toma literalmente, ese relato sugiere algo más que una simple petición para levantar una suspensión: apunta a presentaciones contrapuestas que presionan a la Corte para que resuelva la cuestión de fondo sobre la autoridad federal, en vez de dejar al país dividido entre los estados donde se aplica la orden y aquellos donde no ⁸. El material disponible no incluye citas textuales de esas presentaciones ⁶.

El registro de los tribunales inferiores, tal como lo describen las fuentes, no está del todo claro. La versión según la cual dos tribunales inferiores fallaron contra el Gobierno concuerda con el bloqueo descrito en varios informes ³⁵¹⁰, aunque los extractos proporcionados no enumeran explícitamente dos fallos distintos. Y un informe de AP fechado el 28 de julio afirma que un panel de un tribunal federal se negó a bloquear la orden sobre las papeletas por correo, pero que su situación de cara a las elecciones de mitad de mandato sigue sin estar clara ⁹. Esas descripciones apuntan en direcciones distintas y, con la información disponible, deben leerse como discrepancias entre los informes, no como una secuencia establecida.

El calendario explica la urgencia. La apelación se presentó con las elecciones de mitad de mandato de noviembre a la vuelta de la esquina ⁴⁶¹⁰. Los abogados electorales de ambos partidos saben que cualquier fallo sobre el voto por correo tiene consecuencias prolongadas: los estados necesitan semanas para reprogramar los registros de votantes, volver a imprimir sobres, renegociar la gestión postal e informar a los votantes que han llegado a depender de las papeletas enviadas por correo. La narración que acompañó la transmisión dijo que la Casa Blanca quiere una decisión para principios de agosto a fin de evitar alteraciones, pero ninguna de las fuentes proporcionadas confirma ese plazo específico de principios de agosto; mencionan las elecciones de mitad de mandato en general, pero no una fecha límite a principios de agosto.

Lo que está en juego va más allá de los sobres y los buzones de entrega de papeletas. Una decisión de la Corte Suprema que permita aplicar la orden indicaría una deferencia considerable a las directrices presidenciales sobre los procedimientos electorales federales, incluso allí donde históricamente los estados han establecido las reglas para la entrega y devolución de las papeletas. Una negativa mantendría el actual mosaico de reglas durante las elecciones de mitad de mandato y dejaría bloqueada la orden en cerca de dos docenas de estados mientras continúa en otros lugares el litigio sobre su legalidad; así, votantes en circunstancias similares recibirían un trato distinto según su código postal ³⁵¹⁰¹¹.

También importa que se trate de un procedimiento de emergencia. En este tipo de expediente, la Corte no emite un fallo definitivo sobre el fondo tras extensos informes y alegatos. Decide quién asumirá por ahora el riesgo de equivocarse: el Gobierno, que vería archivada una orden presidencial durante una elección nacional, o los estados, que dicen que se verían obligados a reformar sus sistemas con poca antelación para aplicar una política que, en última instancia, podría ser ilegal ⁵⁶⁸. Esa decisión suele depender menos de la teoría constitucional definitiva que del perjuicio práctico, el calendario y la probabilidad percibida de éxito.

Para los votantes, el efecto inmediato es la incertidumbre. En los 23 estados demandantes, la suspensión del tribunal de apelaciones significa que los funcionarios locales siguen aplicando las reglas vigentes para votar por correo mientras esperan noticias de Washington ⁵. Fuera de esos estados, la situación es más confusa, sobre todo a la luz del informe de AP del 28 de julio según el cual un panel se negó a bloquear la orden, aunque dejó sin aclarar su situación para las elecciones de mitad de mandato ⁹. Hasta que la Corte Suprema se pronuncie, los administradores no pueden decir con seguridad a los votantes si las reglas para solicitar, recibir y devolver una papeleta por correo serán las mismas en octubre que hoy.

La presión del calendario opera en ambos sentidos. Una intervención temprana podría dar a los estados una respuesta definitiva antes de que se impriman las papeletas, pero exigiría que los jueces respaldaran restricciones federales sobre la base de un expediente acelerado. Una intervención tardía, o la ausencia de intervención, evitaría un fallo constitucional apresurado, pero garantizaría que las elecciones de mitad de mandato se administraran con reglas impugnadas y potencialmente desiguales. Ninguna de las dos opciones es neutral, porque, en materia de legislación electoral, el momento es sustancial ⁴⁵⁶¹⁰.

Los extractos proporcionados no indican la identidad del juez de distrito que bloqueó inicialmente la orden, y el material disponible no incluye citas textuales de la presentación ni de la Casa Blanca. Lo que sí está establecido es la forma de la disputa: una orden ejecutiva de marzo sobre las listas de elegibilidad y la entrega de papeletas por correo, una impugnación encabezada por estados, un bloqueo que abarca aproximadamente 23 estados y una solicitud de emergencia presentada el 27 de julio para que la Corte Suprema despeje el camino antes de noviembre ^34571011. Lo que queda es la única pregunta que recordarán los votantes: si las reglas cambiaron a tiempo.