El fundador de Evergrande, condenado a cadena perpetua; las reclamaciones por $45B superan con creces lo recuperable

El 20 de agosto de 2026, el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen condenó a cadena perpetua a Hui Ka Yan, también conocido como Xu Jiayin, fundador y expresidente de China Evergrande Group, y confiscó todos sus bienes personales, después de que se declarara culpable de cargos relacionados con fraude financiero⁠4⁠5⁠6⁠8. El juicio tuvo lugar en el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen, en la provincia de Guangdong, el 20 de agosto de 2026, según confirmó el crédito de una foto de AP que describía una imagen de Xinhua distribuida desde la sala del tribunal⁠4.

CCTV informó primero de la sentencia a través de Reuters, y después lo hicieron AP, la BBC, Caixin y otros medios⁠3⁠4⁠5⁠6. Esa difusión importa porque muestra la rapidez con que Pekín quiso que el resultado quedara establecido como un hecho: la televisión estatal fijó la versión, las agencias internacionales y la prensa financiera la difundieron, y una imagen distribuida por el tribunal dejó constancia del lugar y la fecha⁠3⁠4.

Caixin informa que el tribunal condenó a Hui por “orquestar fraude financiero masivo, captación ilegal de fondos y soborno entre 2016 y 2021, según un comunicado del tribunal”⁠6. El período del fraude es central para la sentencia: abarca de 2016 a 2021, los años en que Evergrande seguía presentándose como una promotora operativa y capaz de obtener financiación mientras, según el tribunal, inflaba su posición y ocultaba su exposición⁠6.

El lenguaje moral del tribunal fue inusualmente tajante. El titular de The Straits Times cita la caracterización del delito por parte del tribunal como un “crimen atroz” y describe la inflación de activos y la ocultación de pasivos, que causaron graves daños económicos y sociales⁠9. ABC informa que fue condenado por supervisar a Evergrande mientras incurría en fraude financiero a gran escala al inflar los ingresos del grupo⁠8. En conjunto, los relatos apuntan a la misma tesis: no se trató de un solo trimestre malo ni de una declaración omitida, sino de una tergiversación sostenida y dirigida desde la cúpula de la empresa⁠6⁠8⁠9.

Según los relatos de la BBC y ABC, Hui se declaró culpable antes de la sentencia del 20 de agosto de 2026⁠5⁠8. Esa secuencia es jurídicamente importante. Reduce el margen para seguir discutiendo la responsabilidad, aunque deja abierta la disputa, mucho mayor, sobre el dinero. Una admisión penal determina, a ojos del tribunal, quién hizo qué; no reparte el valor que quede entre las personas y entidades que conservan los títulos de deuda⁠5⁠8.

Tras fracasar varios intentos de reestructuración, Evergrande recibió una orden de liquidación en Hong Kong en 2024⁠2. Esa orden creó una vía separada del caso penal en China continental, destinada a los acreedores y no al castigo. Ahora ambas vías han chocado. Los acreedores a quienes se adeudan unos US$45 billion afrontan una “vía más compleja” para recuperar su dinero tras la sentencia, mientras los liquidadores han estado reclamando activos del magnate por un valor de alrededor de $7.7 billion en todo el mundo⁠2.

Pensemos un momento en esa proporción. Aunque se encontrara, incautara y vendiera a su valor total cada dólar de esos $7.7 billion que se reclaman, y se entregara sin comisiones ni reclamaciones concurrentes —nada de lo cual ocurre en liquidaciones reales—, solo cubriría una fracción de los $45 billion⁠2. La brecha es la historia. Una cadena perpetua con la confiscación de todos los bienes personales parece algo absoluto⁠4⁠5⁠6⁠8. Frente a $45 billion en reclamaciones, por definición es algo parcial⁠2.

Por eso ICLG señala que la sentencia añade una “nueva dimensión dramática” a los esfuerzos de los liquidadores por recuperar miles de millones para los acreedores, y observa que Hui fue en su día el hombre más rico de Asia⁠10. La caída desde semejante altura no es solo una cuestión biográfica; explica por qué recuperar el dinero siempre iba a ser difícil. La riqueza que antes se medía en valor patrimonial, participaciones privadas y control corporativo no se convierte fácilmente en efectivo para repartir una vez que la empresa ha pasado por una reestructuración fallida y una orden de liquidación en 2024⁠2⁠10.

Un artículo relacionado de AP presenta el caso como un intento de China de “poner fin a la saga” de la empresa tras la cadena perpetua impuesta a su fundador⁠7. La frase refleja el incentivo de Pekín. Una sentencia penal definitiva cierra el relato sobre las responsabilidades. No cierra el balance. Poner fin a la saga en los tribunales y liquidar las pérdidas para los acreedores son tareas distintas, a cargo de tribunales diferentes y sujetas a reglas distintas⁠2⁠7.

Lo que queda es un patrón conocido en los colapsos de gran magnitud, expresado sin rodeos. El Estado puede actuar con rapidez cuando decide atribuir responsabilidad penal, especialmente después de una declaración de culpabilidad⁠5⁠8. El dinero se mueve despacio, sobre todo a través de las fronteras y, en particular, después de una reestructuración fallida y una orden de liquidación que ya indicaba que no habría suficiente para todos⁠2. La “vía más compleja” que se describe para los acreedores no es tanto una predicción como una descripción de ese desfase⁠2.

También hay cosas que estos extractos no establecen, y la honestidad exige señalarlas. El texto proporcionado aquí no verifica una relación detallada de cargos, sentencias relacionadas para otros ejecutivos, multas regulatorias, montos totales de impago, antecedentes de detención, historia de la fundación de la empresa ni clasificaciones anteriores de riqueza. Lo esencial que sí está verificado es bastante contundente: un fundador que en su día fue celebrado, un período de seis años de fraude, una declaración de culpabilidad, una cadena perpetua en Shenzhen, una liquidación en Hong Kong en 2024, $45 billion reclamados y $7.7 billion objeto de reclamación⁠2⁠4⁠5⁠6⁠8⁠10. Todo lo demás —quién más pagará y cuánto llegarán a cobrar los acreedores— sigue pendiente de disputa.