Justicia · Renovación de la Reserva Federal

La revisión de la Reserva Federal no encontró motivos para una remisión penal. Trump aún quiere que Powell se vaya.

El organismo de supervisión documentó controles de costos fallidos y años de retrasos, pero no encontró motivos para una remisión penal. Aun así, Trump exigió la renuncia de Powell.

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  1. Actualización 1La revisión de la Reserva Federal no encontró motivos para una remisión penal. Trump aún quiere que Powell se vaya.Estás aquí

El organismo de supervisión de la Reserva Federal detectó graves fallas en la renovación de su sede, pero no encontró motivos para remitir el caso penalmente contra Jerome Powell ni contra ninguna otra persona. Aun así, Donald Trump respondió exigiendo la renuncia de Powell. Un informe que documenta cómo los costos se salieron de control se convirtió en otra ocasión para buscar la destitución de un funcionario cuyo informe no comprobó que hubiera cometido un delito. 5 6

Esa distinción es el hallazgo central de la evaluación del inspector general Michael Horowitz: se comprobó una gestión deficiente y costosa; no se detectaron delitos ni faltas administrativas. La institución responsable de la política monetaria no logró obtener la certeza sobre los costos que debía garantizar su propio contrato de construcción. Ni esa falla ni el monto de la factura constituyen, por sí solos, pruebas de un delito. 5

«En ningún momento durante nuestra evaluación encontramos motivos razonables para creer que se hubiera producido una infracción de la legislación penal federal que exigiera remitir el caso al fiscal general de Estados Unidos de conformidad con la Ley del Inspector General», señala la evaluación. Añade: «No identificamos faltas administrativas durante nuestra evaluación». Esas conclusiones no son un veredicto judicial, ni un respaldo a todas las decisiones del proyecto, ni una resolución de todas las posibles cuestiones legales. 5

La revisión se realizó a solicitud de Powell en julio de 2025 y duró más de un año. La fecha impresa del 29 de septiembre de 2026 y la publicación pública del 30 de septiembre corresponden a una sola evaluación, no a dos. El documento oficial tiene 120 páginas numeradas, pese a que algunas descripciones públicas hablan de 121. 5 14

Datos clave

  1. $1.317bnPresupuesto aprobado para la renovación, febrero de 2020 5
  2. $2.381bnPresupuesto aprobado para la renovación, diciembre de 2024 5
  3. Diciembre de 2027Proyección revisada para la finalización de la construcción, no garantizada 5

Un límite de precio que nunca llegó

El proyecto abarca los edificios Eccles y 1951, sedes centrales en Washington. La construcción comenzó en julio de 2022; el plan original preveía concluir la fase de construcción en el segundo trimestre de 2024. La proyección revisada es diciembre de 2027. Mientras tanto, el presupuesto aprobado para la renovación aumentó de $1.317 billion a $2.381 billion, y este último seguía aprobado en agosto de 2026. Dentro de esos totales, los costos de construcción aumentaron de $921 million a $2.018 billion. Se trata de presupuestos, no de montos ya pagados. 5

Las cifras públicas sobre el costo deben tratarse con cautela. Bloomberg informó $2.4 billion, CBS usó $2.5 billion y PBS habló de casi $2.5 billion. Un presupuesto de capital independiente y más amplio, que abarcaba varios ciclos, llegó a $2.455 billion en 2024; la explicación pública posterior de la Reserva Federal citó aproximadamente $2.46 billion. Las diferencias de alcance y redondeo ayudan a explicar el rango, pero no permiten conciliar de manera definitiva la base y la fecha de cada cifra publicada. La partida exacta de renovación es la medida más útil aquí. 119 8 120 5 137

La Junta eligió un contrato de gestión de construcción con riesgo, un acuerdo concebido para transferir al administrador un riesgo significativo de costos y establecer un precio máximo garantizado. En cambio, el organismo de supervisión concluyó que la Junta «se apartó repetidamente de las disposiciones de gestión de costos». Para julio de 2026, cuatro años después del inicio de la construcción, aún no había transferido riesgos sustanciales, obtenido certeza sobre los costos ni establecido un límite general. 5

Una restricción inicial quedó prácticamente descartada. En abril de 2020, el equipo del proyecto fijó para la empresa de arquitectura e ingeniería un límite de costos de diseño de $857 million, distinto del presupuesto de construcción aprobado. No se actualizó ni se hizo cumplir, y ni el administrador de construcción ni el representante del propietario fueron informados. El representante tampoco disponía del presupuesto ni de información detallada sobre las licitaciones, necesarios para validar los costos de forma independiente. 5

Entre julio de 2022 y diciembre de 2025, la Junta adjudicó 69 paquetes de trabajo a subcontratistas, por un total de $1.978 billion, antes de solicitar formalmente un precio máximo garantizado el 30 de diciembre de 2025. Esas fueron adjudicaciones de obras, no honorarios del administrador ni desembolsos en efectivo. El administrador presentó en enero de 2026 una propuesta de $2.135 billion para los costos de construcción. Fue una estimación tardía del contratista y una propuesta de límite de precio, no el primer presupuesto total de la Junta: ya existía un presupuesto aprobado desde febrero de 2020. 5

Los honorarios del administrador siguieron siendo el 2.95 por ciento del trabajo, en lugar de una tarifa fija y limitada. No estaba clara la responsabilidad por los costos y el cronograma, y los aumentos de paquetes superiores a $100 million no se elevaron adecuadamente a instancias superiores. En la práctica, la Junta siguió comprometiéndose a realizar trabajos sin establecer la protección para todo el proyecto que había contratado para obtener. 5

Los trabajos mecánicos, eléctricos y de plomería muestran la magnitud del problema. Dos paquetes de estructura y envolvente del edificio, estimados en $178 million en marzo de 2022, se adjudicaron por $539 million en julio y octubre de 2023; cada uno recibió dos ofertas. Dos paquetes de sistemas interiores aumentaron de una estimación de $28 million a adjudicaciones por $155 million en junio de 2025. En conjunto, los cuatro sumaron aproximadamente $694 million, unos $488 million por encima de la estimación anterior. 5

La inflación fue un factor, pero no una explicación suficiente. El organismo de supervisión comparó esos períodos con aumentos de los precios al productor de aproximadamente 16 por ciento y 19 por ciento, muy inferiores a los aumentos de los paquetes. Esos índices no constituyen un cálculo preciso de la exposición de este proyecto a la inflación, y la Junta no proporcionó ningún análisis específico del proyecto. Un cambio en enero de 2023, de espacios de trabajo predominantemente abiertos a oficinas predominantemente cerradas, también retrasó 21 meses la finalización del diseño interior. 5

La evaluación descartó otra explicación destacada: el mármol, los elementos de agua, la terraza ajardinada, un ascensor privado para el presidente y los tragaluces «no contribuyeron de manera sustancial» al aumento de los costos de construcción. Eso no significa que todas esas características estuvieran ausentes o fueran gratuitas. Significa que las principales preguntas de rendición de cuentas se refieren a los controles contractuales, las licitaciones, las decisiones de diseño y la gobernanza, no simplemente a los acabados llamativos. 5 8

La investigación penal ya se había cerrado

La evaluación del inspector general fue independiente de la investigación del Departamento de Justicia sobre la renovación y el testimonio de Powell ante la Comisión de Banca del Senado en junio de 2025. En una audiencia del 3 de marzo de 2026, se le preguntó al fiscal George A. Massucco-LaTaif qué pruebas existían de fraude o conducta delictiva relacionada con la renovación. «No lo sabemos en este momento», respondió, según las noticias sobre la transcripción, que había sido desclasificada. 126

El juez presidente del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, James E. Boasberg, anuló las citaciones en una opinión fechada el 11 de marzo y desclasificada el 13 de marzo. «El Gobierno no ha ofrecido prueba alguna de que Powell haya cometido otro delito que no sea desagradar al Presidente», escribió. También determinó que había abundantes pruebas de que las citaciones estaban destinadas a presionar a Powell para que apoyara tasas de interés más bajas o dimitiera. 118 52

El 24 de abril, la fiscal federal Jeanine Pirro dijo que había ordenado a su oficina cerrar la investigación mientras el inspector general realizaba la revisión, reservándose la posibilidad de reanudarla si los hechos lo justificaban. La opinión judicial del 11 de junio consignó: «En lugar de apelar, el Gobierno cerró su investigación». Rechazó el intento del Gobierno de dejar sin efecto la opinión sobre las citaciones. El bloqueo de las citaciones y el cierre de la investigación fueron hechos sucesivos, no resultados contradictorios; no se había presentado ninguna acusación formal. 122 112

El mandato de Powell como presidente terminó en mayo, cuando Kevin M. Warsh asumió el cargo, pero Powell siguió siendo gobernador. El 30 de septiembre, Trump dijo que Powell «debería ser obligado a dimitir» o enfrentar una demanda del Gobierno por «corrupción o incompetencia». Le pidió al fiscal general Todd Blanche que estudiara la evaluación y determinara cómo responder. La descripción que hizo Trump del proyecto como uno «sin fin a la vista» omitió la proyección del informe de diciembre de 2027, aunque esa fecha no está garantizada. 14 156 5

La oficina de Pirro dijo que estaba revisando el informe que acababa de recibir. Una revisión no equivale a un anuncio de reapertura. Hasta el 1 de octubre, ningún documento público acreditaba una reanudación formal y no se habían establecido nuevos cargos. Ese es el límite de la información pública, no una garantía sobre la próxima decisión de los fiscales. 14 6 112

La rendición de cuentas ahora requiere resultados medibles

La Junta aceptó siete recomendaciones: obtener un precio máximo garantizado u otro método de mejor valor para completar el proyecto; establecer métricas de costos y cronograma; fijar los honorarios del administrador conforme al contrato; aclarar la supervisión y la presentación de informes; auditar los costos adjudicados; conciliar los servicios contratados con los recibidos y evaluar los reembolsos; y estandarizar la supervisión de futuras iniciativas importantes. 5

En su respuesta del 29 de septiembre, Warsh mantuvo a la Administración de Servicios Generales como responsable ejecutiva del proyecto, con efecto inmediato y bajo su supervisión y la de la Junta. Eso implica supervisar los trabajos restantes, no transferir la propiedad de la Reserva Federal. Se comprometió a concluir pronto las negociaciones del límite de precio, establecer medidas fijas para el presupuesto y el cronograma, y contratar a un auditor independiente para «verificar la exactitud y el cumplimiento de todos los costos adjudicados hasta la fecha». No se estableció ningún plazo fijo para completar la auditoría ni las negociaciones de precios. 16 14

Junto con la Administración de Servicios Generales, la Junta también tiene previsto valorar los servicios no recibidos y buscar soluciones, que podrían incluir reembolsos o créditos. No se ha establecido que se haya recuperado dinero alguno. El inspector general prevé realizar seguimientos trimestrales hasta que se atiendan las recomendaciones. La prueba útil ahora es si la Junta obtiene un límite real, valida los costos, recupera lo que se le adeude y cumple con medidas definidas. Exigir una renuncia no responde a ninguna de esas preguntas. 16 44

Fuentes y material de referencia complementario

Informes de radiodifusión y cobertura inicial: 1 2 3 4

Evaluación, cobertura contemporánea y noticias relacionadas: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cobertura de la investigación y referencias de contexto: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Material de referencia adicional, no utilizado necesariamente como fundamento de las afirmaciones del artículo: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

Registros judiciales, cobertura de la investigación y noticias del día de la publicación: 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

Referencias adicionales de apoyo y contexto, no utilizadas necesariamente como fundamento de las afirmaciones del artículo: 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Tal como se emitió 18 líneas
  1. Donald Trump demanded Powell’s resignation despite a renovation review finding no grounds for criminal referral. The Federal Reserve’s headquarters construction is projected to finish in December 2027, years after its original target, without a finalized guaranteed maximum price. What failed to control the costs, and what accountability remains unfinished?
  2. The evaluation also identified no administrative misconduct by Powell or other officials. That distinction matters: management and oversight failures contributed to escalating costs, but the review did not substantiate the criminal or administrative-misconduct accusations. This is not a court verdict, an endorsement of every project decision, or a resolution of every conceivable legal issue. The evaluation is dated September 29, 2026, and was publicly announced September 30. Those are different dates for one evaluation. It has 120 numbered pages, not the 121 described in some public accounts. The investigation lasted more than a year, following Jerome Powell’s July 2025 request for a review of the Eccles and 1951 headquarters buildings in Washington.
  3. The approved renovation budget rose from 1.317 billion dollars in February 2020 to 2.381 billion in December 2024. That later amount remained approved as of August 2026. Inside those totals, the construction component increased from 921 million dollars to 2.018 billion. A separate, broader multicycle capital budget increased from 1.378 billion to 2.455 billion dollars. These are different scopes, not interchangeable price tags. None establishes how much cash has already been paid.
  4. Public cost descriptions range from 2.4 billion dollars to 2.5 billion, or nearly 2.5 billion. The Fed’s public explanation later used approximately 2.46 billion. The renovation line is close to the rounded 2.4 billion description; the broader capital figure is close to 2.5 billion. Scope and rounding help explain the range, but the basis and date behind every published figure remain only partly reconciled. Choosing one headline number would hide that uncertainty.
  5. Construction began in July 2022. The February 2020 plan expected the construction phase to finish in the second quarter of 2024. The revised projection is December 2027—not a guaranteed completion date.
  6. The contract was supposed to place meaningful cost risk on the construction manager and establish a guaranteed maximum price. The Board selected this construction-manager-at-risk approach after difficulties with a different contracting approach on its Martin building project. But it repeatedly departed from the new contract’s cost-management provisions. Internal governance was inadequate for the project’s scale and complexity, and available cost-control actions went unused. The Board hired the construction manager as constructor in March 2022, after two design phases, then began construction without that manager’s project-level estimate. By July 2026, four years after work began, material risk still had not been transferred to the manager, cost certainty had not been obtained, and no overall ceiling had been established. The guaranteed maximum price remained unfinished at the evaluation.
  7. The Board awarded 69 subcontractor work packages totaling 1.978 billion dollars between July 2022 and December 2025 before formally requesting a guaranteed maximum price. That award total excludes approximately 1.49 million dollars in preconstruction services. It is awarded construction work—not construction-manager fees and not a cash-disbursement total. The formal price request came on December 30, 2025. In January 2026, the manager submitted a proposed construction cost of 2.135 billion dollars, including 2.078 billion in awarded construction costs and estimates for remaining work across 84 packages. This was the manager’s construction-cost and price-ceiling proposal, not the Board’s first total project budget. The approved total budget had existed since February 2020.
  8. An 857-million-dollar design limitation had also gone unenforced. The project team conveyed it to the architecture and engineering firm in April 2020, but did not update it or require the firm to design to it. Neither the construction manager nor the owner’s representative was told of the limitation. It was distinct from the approved 921-million-dollar construction budget. The owner’s representative also lacked the project budget and detailed bid information needed for independent cost validation. Meanwhile, the manager’s fee remained 2.95 percent of work rather than a fixed, capped fee. Numerous limited-scope awards without a project-wide guaranteed price made the arrangement resemble cost reimbursement instead of an effective transfer of overall cost risk. Those financial incentives and contract failures are not themselves a finding of a federal crime. Responsibility for cost and schedule was unclear. Increases exceeding 100 million dollars on individual packages were not adequately escalated, and the owner’s representative was not asked to independently validate building-systems packages running approximately 500 million above the earlier design estimate.
  9. Two core-and-shell mechanical, electrical and plumbing packages rose from a 178-million-dollar estimate in March 2022 to 539 million in awards in July and October 2023. Using underlying unrounded figures, the increase was 362 million dollars, or 203 percent. Each package received two bids, not three. Two interior fit-out systems packages rose from a 28-million-dollar estimate to 155 million awarded in June 2025—a reported 454 percent increase. Together, the four packages totaled approximately 694 million dollars, about 488 million, or 237 percent, above the earlier estimate. Three of the four lacked three bids; those three totaled 624 million dollars. Within the systems work, plumbing and heating, ventilation and air-conditioning costs rose from 107 million to 346 million dollars. These comparisons overlap. Adding them together would double-count costs.
  10. Inflation contributed, but it did not explain those increases by itself. Producer-price inflation was approximately 16 percent from March 2022 to October 2023, and 19 percent through June 2025—far below the package increases. Those indexes are comparisons, not a precise measurement of inflation’s effect on this particular project. The Board supplied no project-specific inflation analysis. Both inflation and management problems contributed.
  11. A shift to predominantly closed offices delayed interior design completion by 21 months. Drawings developed from 2019 through 2022 assumed predominantly open workspaces. The Board’s January 2023 decision required changes to walls, doors, security, ceiling spaces and building-systems distribution.
  12. The redesign continued through October 2024, delaying substantial design completion and guaranteed-maximum-price negotiations planned for fall 2023. Building-information-model coordination for the 1951 building extended to October 2025. Eccles coordination remained incomplete in the construction manager’s price-proposal narrative. But conspicuous design features were not material drivers of the construction-cost increases: marble, water features, the garden terrace, a private elevator for the chair and skylights. That does not establish that every feature was absent or cost nothing. It places the major accountability questions with bidding, design decisions, contract controls and governance.
  13. The separate criminal investigation was closed—not merely blocked by a judge. It concerned the renovation and Powell’s June 2025 Senate Banking Committee testimony. Powell disclosed grand-jury subpoenas in January 2026. D.C. U.S. Attorney Jeanine Pirro pursued the inquiry. At a March 3 hearing, prosecutor George A. Massucco-LaTaif could not identify evidence of renovation fraud or criminal misconduct. He argued that a 1.2-billion-dollar overrun supplied reason to investigate and that a tip or rumor could justify inquiry. That figure was a prosecutorial argument, not an audited accounting measure or evidence of a crime.
  14. Chief U.S. District Judge James E. Boasberg quashed the subpoenas in an opinion dated March 11 and unsealed March 13. The justifications were thin and unsubstantiated, with essentially zero evidence to suspect Powell of a crime. The court identified extensive evidence that the subpoenas were intended to pressure Powell into supporting lower interest rates or resigning. The concern was criminal investigative machinery being used against a central-bank official over interest rates and his position—not a construction bill establishing wrongdoing.
  15. Pirro closed the investigation on April 24 while the inspector general conducted the evaluation, reserving the option to restart if facts warranted it. Blocking subpoenas and closing an investigation were successive events, not contradictory accounts. The June 11 court decision recorded that the government closed its investigation instead of appealing, despite earlier declarations that it would appeal. The court also denied the government’s attempt to erase the subpoena opinion on mootness grounds. Closure was a prosecutorial decision, not dismissal of an indictment; none had issued.
  16. The closure removed Senator Thom Tillis’s block on Kevin M. Warsh’s confirmation. Warsh became Fed chair in May 2026 after Powell’s chair term ended, while Powell remained a governor. That continuing Board service explains why Trump still sought Powell’s resignation after the chairmanship changed. On September 30, Trump demanded that Powell resign or face a United States government lawsuit for corruption or incompetence. He asked Attorney General Todd Blanche to study the evaluation and determine a response. Trump characterized the project as costing at least 2.5 billion dollars with no end in sight. The exact approved renovation budget was 2.381 billion, and the evaluation did identify a December 2027 construction projection, though not a guaranteed finish. Pirro’s office was reviewing the evaluation. Review is not an announced reopening, and Blanche’s instruction to study it did not bring a case. As of October 1, no public filing established that the investigation had formally reopened, and no new charges were established. That limits what is publicly known; it does not guarantee what prosecutors will decide next.
  17. The Board accepted all seven corrective recommendations. They require negotiating a guaranteed maximum price or identifying another route to best value; establishing cost and schedule success measures; and setting the construction manager’s fee as the contract provides. Governance must assign an oversight body to monitor those measures, clarify responsibility, authority and accountability, and establish reporting to the Board and its relevant oversight committee. The contract’s audit clause should be exercised to validate all awarded costs, including construction, allowances, contingencies, manager fees and savings. Contractor and owner’s-representative requirements must be reconciled with services actually received, with reimbursement assessed for services paid for but not delivered. Future major initiatives need a standardized framework and agency policy, including criteria for oversight committees, documented duties, and senior Board or Federal Reserve System members who do not themselves manage the project.
  18. Warsh retained the General Services Administration as project executive, effective immediately, in his September 29 response. It reports to him and the Board and oversees the remaining work; that is executive and advisory project oversight, not a transfer of Fed ownership. Warsh committed to promptly completing guaranteed-maximum-price negotiations, setting fixed budget and schedule measures with the project executive, and hiring an independent auditor to verify the accuracy and compliance of all awarded costs to date. With GSA, the Board will review contracts, determine the value of services not received, and pursue appropriate remedies, potentially reimbursement or credits. No recovery has yet been established. Warsh committed to systematic implementation and accountability, prudent use of public funds, and efficient, transparent completion. The answer to the opening question is concrete: the price ceiling, independent cost validation and clear managerial accountability were missing. The evaluation produced no grounds for criminal referral and no administrative-misconduct finding. The separate criminal inquiry was closed, with restart reserved, and reviewing this evaluation did not itself reopen it. Whether the Board obtains a real ceiling, validates costs, recovers any amount owed and meets defined completion measures remains unfinished. The inspector general plans quarterly follow-up until all recommendations are addressed. No fixed calendar deadline has been established for completing the independent audit or finalizing the guaranteed maximum price.

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