Política · Responsabilidad en las protestas

El proyecto de ley francés «que paguen los alborotadores» va más allá de quienes causan daños

El Senado respaldó las restricciones al contenido en internet por 219–115 y aprobó un proyecto de ley más amplio sobre indemnizaciones. Su alcance en materia de responsabilidad solidaria, prestaciones familiares y bloqueo de plataformas sigue sin estar resuelto.

Emitido Escrito 8 min de lectura43 fuentesHeyDay News Desk · About usWatch report
Explorar con HeyDex

Seguir por RSS

Vídeo en su idioma original

Transcripción · CARGANDO

Traducido del original en inglés.

Seguimiento de la noticiaDía 7

1 informe19 medios43 fuentes1 vídeo

5 días sin novedades
  • Aún no hay hechos fechados
  1. Actualización 1El proyecto de ley francés «que paguen los alborotadores» va más allá de quienes causan dañosEstás aquí

219 senadores votaron a favor de nuevas facultades para exigir la retirada de contenido peligroso en internet; 115 votaron en contra. Esa mayoría ha llevado el proyecto de ley francés «que paguen los alborotadores» más allá de una amenaza de represión y lo ha convertido en un paquete aprobado por el Senado. Pero no ha convertido esas facultades en ley, y una retirada del Gobierno en el último minuto deja una pregunta importante sobre qué aprobaron exactamente los senadores. 24

El proyecto de ley más amplio también podría obligar a alguien a pagar una indemnización por daños que no causó personalmente, con determinadas prestaciones familiares disponibles para recuperar la deuda. El Senado ha aprobado el proyecto, que ahora pasa a la Asamblea Nacional. El recuento de 219–115 corresponde a la medida sobre contenido en internet, no a la legislación en su conjunto. 4 8 30

El Gobierno anunció la propuesta después de la violencia que rodeó la victoria del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de 2026. La movilización del alumnado contribuyó a acelerar su examen. La comisión la aprobó el 21 de octubre, y el debate en la cámara comenzó el 27 de octubre mediante un procedimiento acelerado. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentó las disposiciones sobre internet como respuesta a los daños ocurridos alrededor de las manifestaciones del 17 de octubre. Esas son las razones que dio el Gobierno para legislar, no una prueba de que las redes sociales causaran los disturbios. 4 6 24

Una orden de retirada no es un cierre

La vía ordinaria para el contenido en internet ampliaría el ámbito de aplicación de Pharos, el sistema para denunciar material ilícito en internet. Las autoridades podrían exigir la retirada de incitaciones manifiestamente ilícitas —incluidas las llamadas a la violencia, el robo, la destrucción y los daños a la propiedad— cuando pudieran provocar una grave alteración del orden público. Las plataformas tendrían 24 horas para actuar antes de que las autoridades pudieran solicitar el bloqueo o la retirada de los resultados de búsqueda. 24 26

Nuñez ofreció esta garantía a los senadores, traducida del francés:

No estamos hablando de cerrar las redes sociales; simplemente hablamos de utilizar el sistema Pharos para retirar contenido.

Laurent Nuñez 24

Esa distinción importa, pero no despeja la preocupación. Retirar una publicación, hacer que un sitio sea más difícil de encontrar mediante una búsqueda e interrumpir el acceso son intervenciones distintas. El bloqueo puede afectar a mucho más que el material ilícito original. Las pruebas no establecen una facultad general para apagar todas las redes sociales; tampoco elimina la garantía del ministro la necesidad de examinar las facultades de bloqueo y sus salvaguardas. 24 26

El Gobierno propuso inicialmente una vía más rápida para las llamadas a un ataque, una insurrección o a tomar las armas contra el Estado o parte de la población. Las plataformas habrían tenido solo una hora para retirar el material antes de que las autoridades pudieran solicitar el bloqueo y la retirada de los resultados de búsqueda. El despacho de AFP de la tarde del 27 de octubre, publicado por Notre Temps, señala que el Gobierno retiró esa vía en el último momento, después de que Nuñez planteara preocupaciones constitucionales y relativas al derecho europeo. 24 26

Pero los documentos no están conciliados. Los registros del Senado indican que la enmienda gubernamental 94 rectifié bis y una enmienda idéntica, la 50 rectifié sexies, se aprobaron conjuntamente el 27 de octubre. La página publicada de la enmienda 50, encabezada por el senador Damien Michallet y marcada como aprobada, sigue describiendo el mecanismo de una hora en su sección explicativa. Sin el texto completo y consolidado del Senado, no es responsable tratarlo como prueba de que la facultad de emergencia sobrevivió, ni como confirmación de que se eliminó. 26 32

La enmienda 50 también contempla sanciones sustanciales para los proveedores de alojamiento que no retiren en un plazo de 24 horas material manifiestamente comprendido en la norma: seis meses de prisión y una multa de €150,000. La multa a una empresa podría alcanzar el 2% de su volumen de negocios mundial del año anterior, sin impuestos, además de una prohibición de ejercer la actividad empresarial correspondiente durante un máximo de cinco años. Estas disposiciones figuran en la enmienda; no son derecho vigente ni una descripción plenamente verificada del paquete final. 26

La derecha, la mayoría de los centristas y la Agrupación Nacional apoyaron la medida sobre el contenido en internet; la izquierda se opuso. Michallet la defendió como una forma de desarmar el uso de las redes por parte de los infractores. El ecologista Thomas Dossus la calificó de restricción desproporcionada de la libertad de expresión, mientras que el comunista Fabien Gay advirtió que un Gobierno autoritario podría utilizarla para controlar los movimientos sociales. Algunos senadores de derecha y de centro también cuestionaron su proporcionalidad. 24

Quién paga los daños causados por otra persona

El mecanismo de indemnización va más allá de la persona que rompió el escaparate. Según lo descrito durante el examen, un juez podría imponer responsabilidad civil solidaria a alguien que participara conscientemente en un grupo constituido para causar daños, o que permaneciera en una concentración después de dos órdenes policiales de dispersarse. Por tanto, esa persona podría enfrentarse a una reclamación de indemnización sin haber causado personalmente las pérdidas. Se trata de un mecanismo propuesto de reparación civil, no de un cargo automático contra todas las personas que asistan a una manifestación. 4

El límite durante el examen era de €10,000. Los senadores rechazaron una enmienda para elevarlo a €20,000. Eso no significa que cada manifestante debiera €10,000: un juez decidiría la responsabilidad según las condiciones propuestas. Las condiciones finales precisas aún deben cotejarse con el texto consolidado. 4 5

Una salvaguarda podría tener consecuencias especialmente importantes. La comisión ofreció protección a quienes tuvieran un motivo legítimo para permanecer, y citó como ejemplos a periodistas, observadores y personal médico. El Gobierno intentó limitar esa protección a los periodistas profesionales. No se ha establecido qué redacción prevaleció. Quedarse para documentar un acontecimiento o atender a una persona herida es claramente distinto de unirse a un grupo para dañar bienes; el texto legal debe determinar cómo se protege esa distinción. 4

El alcance financiero llega al ámbito familiar. Durante el examen, entre las prestaciones recuperables figuraban las ayudas a la vivienda y las asignaciones familiares. La comisión añadió la prestación de renta mínima RSA, al tiempo que permitía la posibilidad de conservar una cantidad mínima para vivir. Así, el dinero destinado al alquiler, a los hijos y a los gastos básicos podría quedar potencialmente al alcance de una deuda por indemnización. 4

La información posterior a la aprobación confirma que la recuperación de prestaciones siguió formando parte del proyecto de ley. Sin embargo, una enmienda tardía de la comisión, A-1, fechada el 28 de octubre y marcada como aprobada, reformuló el artículo 4. La lista anterior de prestaciones y su protección de la renta mínima no pueden considerarse sin más la versión definitiva del Senado. 30 31

Los opositores sostienen que la responsabilidad solidaria desalienta las protestas legales al exponer a un participante a contraer una deuda por los actos de otra persona, y que el embargo de prestaciones extiende las consecuencias a toda una familia. Los senadores rechazaron la moción formal de Gay que cuestionaba la admisibilidad constitucional del proyecto de ley. Esa decisión parlamentaria no zanjó las cuestiones constitucionales de responsabilidad personal ni de libertad de reunión, expresión y manifestación. 6

El Senado también aprobó prohibiciones individuales de participar en protestas, impuestas por los prefectos a personas consideradas especialmente violentas, incluso sin una condena previa. El paquete más amplio de la comisión incluía flexibilizar las restricciones al uso de drones en manifestaciones y la posible expulsión de Francia de extranjeros condenados por determinados delitos graves. Esas adiciones subrayan hasta qué punto la legislación va más allá de cobrar reparaciones. 4 24

El precedente judicial tiene dos caras

Francia ya cuenta con una advertencia sobre el costo de bloquear un servicio entero. El 1 de abril de 2025, el Conseil d’État declaró ilegal la interrupción de TikTok en Nueva Caledonia ordenada en mayo de 2024 por el Gobierno de Gabriel Attal. Sin embargo, la sentencia no prohibió todas las suspensiones administrativas excepcionales. Admitió que los violentos disturbios podían justificar una interrupción temporal inicial cuando no hubiera una alternativa técnica disponible de inmediato. 13 14

El defecto era una suspensión total e indefinida vinculada simplemente a la persistencia de problemas de orden público. El tribunal estableció tres requisitos: la suspensión debe ser esencial para hacer frente a acontecimientos especialmente graves; no debe haber una alternativa técnica disponible de inmediato que interfiera menos con los derechos; y el bloqueo solo puede durar el tiempo necesario para identificar y aplicar alternativas. Restringir funciones concretas en cooperación con el proveedor podría ser una de esas alternativas. 14

Por regla general, suspender un servicio en internet requiere una base legal. Las circunstancias excepcionales pueden permitir medidas urgentes cuando las facultades ordinarias y de emergencia sean insuficientes, sujetas a revisión judicial administrativa. El tribunal subrayó las consecuencias para la expresión, el acceso a las ideas, la vida privada y familiar y la actividad empresarial. 14

La legislación europea también es más específica que una afirmación sencilla de que los Gobiernos nacionales no pueden actuar. El artículo 51(3)(b) de la Ley de Servicios Digitales establece una vía judicial para imponer restricciones temporales de acceso una vez agotadas las demás facultades de ejecución. La infracción persistente debe causar un perjuicio grave que no pueda evitarse de otro modo, implicar un delito que amenace la vida o la seguridad de las personas y producirse después de que se haya incumplido el grado de cumplimiento exigido en medidas de ejecución anteriores. Las restricciones deben ser proporcionadas y evitar cortar indebidamente el acceso a información lícita. 35

El artículo 56 confiere a la Comisión Europea competencia exclusiva para hacer cumplir un conjunto específico de obligaciones aplicables a las plataformas y los motores de búsqueda de muy gran tamaño, no todas las obligaciones ni todas las posibles medidas nacionales de bloqueo. En cuanto a otras obligaciones, el país donde el proveedor tiene su establecimiento principal puede conservar facultades de ejecución, salvo que la Comisión haya iniciado procedimientos por la misma infracción. Esas distinciones, por sí solas, no demuestran si el mecanismo propuesto por Francia cumple el derecho de la UE. 35

La Asamblea Nacional es el siguiente paso, aunque no hay una fecha de debate verificada. Antes de poder determinar definitivamente el alcance del paquete del Senado, su texto combinado debe resolver la discrepancia sobre la hora, las salvaguardas relativas al bloqueo, la protección de los observadores con motivos legítimos y las prestaciones disponibles para el cobro. «Que paguen los alborotadores» es un eslogan sencillo. Una ley que alcanza a personas que no causaron daños, los medios de subsistencia de los hogares y el acceso a información lícita requiere mucha más precisión.

Tal como se emitió 31 líneas
  1. French senators voted 219 to 115 for new online-content restrictions. The wider bill could make participants pay for damage someone else caused, with household benefits exposed. It still has to become law. How far would these new powers reach?
  2. The Senate has passed the wider compensation bill under an accelerated procedure. Committee approval came on October 21, followed by the opening of chamber debate on October 27. Its next destination is the National Assembly.
  3. The government announced the proposal after violence surrounding Paris Saint-Germain’s 2026 Champions League victory. School-student mobilisation then helped accelerate its examination. Interior Minister Laurent Nuñez presented the online measure as a response to damage around demonstrations on October 17.
  4. Nuñez says the government wants to use Pharos, the system for reporting unlawful internet material, to remove dangerous posts. He told senators that calls to insurrection were circulating and defended a wider power to demand their removal.
  5. The ordinary route targets clearly unlawful incitement that could cause a serious public-order disturbance. That includes calls to violence, theft, destruction and property damage. Authorities would request removal, and platforms would have 24 hours to act.
  6. If a platform leaves covered content available beyond 24 hours, authorities could seek blocking or delisting. Delisting makes a site harder to find through search. Blocking interrupts access, potentially affecting much more than the original post.
  7. The government also proposed a faster route for calls to an attack, insurrection or taking up arms against the state or part of the population. It would have allowed just one hour for removal before authorities could seek blocking and delisting.
  8. The government reportedly dropped that one-hour route after Nuñez raised constitutional and European-law concerns. But an amendment the Senate lists as adopted still describes it. The final combined text needs to clarify which version survived.
  9. The Senate records the government amendment and an identical proposal led by Senator Damien Michallet as adopted together. Michallet’s published amendment retains the emergency explanation. It also contains substantial penalties for hosting providers that fail to remove covered content within 24 hours.
  10. That amendment sets six months’ imprisonment and a fine of 150,000 euros. For a company, the fine could reach two percent of its previous year’s worldwide turnover, before tax. These penalties appear in the amendment and aren't in force.
  11. Companies could also face a ban on the relevant business activity for up to five years. The unresolved final wording prevents treating every provision on that amendment page as the definitive Senate package.
  12. Michallet defended the measure as disarming offenders’ use of networks. Ecologist Thomas Dossus called it a disproportionate restriction on freedom of expression. Communist Fabien Gay warned that an authoritarian government could use it to control social movements.
  13. The right, most centrists and the National Rally supported the online measure. The left opposed it. Some right-wing and centrist senators also questioned whether the restrictions were proportionate.
  14. The compensation provisions could reach someone who never broke a window. A judge could impose shared civil responsibility on a person who knowingly joined a group formed to cause damage, or stayed after two police orders to disperse.
  15. That would let authorities seek compensation beyond the individual who directly caused the loss. Opponents argue that a participant could end up sharing a debt for another person’s actions, discouraging people from demonstrating.
  16. The ceiling during examination was 10,000 euros. Senators rejected an amendment to raise it to 20,000 euros. A judge would decide liability under the proposed conditions, so the figure wouldn't automatically become a debt owed by every demonstrator.
  17. Senators rejected a formal motion challenging the bill’s constitutional admissibility. That parliamentary vote leaves the constitutional arguments open to judicial scrutiny. The dispute includes personal responsibility and the freedoms to assemble, speak and demonstrate.
  18. The committee offered protection for people with a legitimate reason to remain, including journalists, observers and medical workers. The government sought to narrow that protection to professional journalists. Which wording survived still needs clarification in the final text.
  19. The bill would also make certain social benefits available to recover compensation debts. During examination, that included housing assistance and family allowances. The committee added the RSA minimum-income benefit, while allowing the possibility of leaving recipients a minimum amount to live on.
  20. Recovery from benefits remained in the adopted bill, but a late rewrite changed the relevant article. The earlier benefit list and minimum-income protection therefore need checking against the final wording. Money used for rent, children and basic living costs is at stake.
  21. The Senate also approved individual protest bans that prefects could impose on people considered particularly violent, even without a prior conviction. The committee’s broader package included loosening drone restrictions at demonstrations and possible exclusion from France for foreigners convicted of specified serious offences.
  22. France has already faced a court challenge over shutting down a social network. The precedent concerns New Caledonia, where the government interrupted TikTok during violent riots in May 2024. The Conseil d’État ruled that shutdown unlawful on April 1, 2025.
  23. Gabriel Attal’s government had ordered a complete interruption for an indefinite period. The court accepted that exceptional violence could justify an initial temporary suspension when no technical alternative was immediately available. Continuing public-order problems alone couldn't justify keeping it blocked.
  24. The court said continued blocking had to depend on the inability to introduce less restrictive alternatives. Those could include working with the provider to restrict particular functions. A total shutdown affects expression and access to ideas, alongside private life and business activity.
  25. The court set three requirements. A suspension must be essential to confront particularly serious events. No immediately available technical alternative can interfere less with rights. And blocking must last only as long as needed to identify and implement alternatives.
  26. Administrative judges can review such action. Ordinarily, suspending an online service requires a legal basis. Exceptional circumstances can permit urgent action when ordinary and emergency powers are insufficient. Separately, the 1955 state-of-emergency law allows suspension of services inciting or glorifying terrorism.
  27. The Digital Services Act also provides a judicial route to temporary access restrictions. Authorities must first exhaust other enforcement powers. The continuing infringement must cause serious harm that can't otherwise be avoided, and involve a criminal offence threatening people’s life or safety.
  28. The provider must also have failed to comply sufficiently with earlier enforcement requirements. Any restriction must be proportionate and avoid unduly cutting off lawful information.
  29. The European Commission alone enforces a specified set of obligations for very large platforms and search engines. For other obligations, the country of the provider’s main establishment can retain enforcement powers unless the Commission has opened proceedings over the same infringement.
  30. Those rules don't by themselves decide whether the proposed French mechanism complies with European law. The one-hour conflict and the final safeguards for blocking, legitimate observers and household subsistence still need resolving in the combined Senate text.
  31. The Senate has advanced a 24-hour removal route and a compensation mechanism reaching beyond the person who directly caused damage. Further parliamentary consideration will determine their final reach. The National Assembly is next, with no confirmed date for its debate.

Fuentes

43 fuentes19 medios1 vídeo

Mapa de fuentes

Consulta las pruebas que respaldan este informe. El mapa muestra sus conexiones; los enlaces de abajo abren las fuentes citadas en este artículo.

El mapa de fuentes se carga mientras lees.

Explorar el mapa completo de la redacción ↗

Traducción actualizada el

Historial de revisiones

  1. r1Primera publicación.