300,000 haitianos pierden sus permisos de trabajo al vencer el TPS y quedan en un limbo legal

Más de 300,000 haitianos que viven en Estados Unidos han perdido los permisos de trabajo y la protección contra la deportación que les permitían trabajar legalmente, y nadie puede decirles con precisión qué ocurrirá ahora. La cifra en sí es la noticia: en una sola semana, una población del tamaño de una ciudad pasó de ser un grupo de trabajadores autorizados a una población sin autorización, con empleos, hipotecas y turnos en residencias de ancianos pendientes de un estatus legal que venció a finales de julio ⁴.

La escala es lo que vuelve concreta la cifra nacional. Solo en Florida, defensores y especialistas estiman que hay unos 158,000 beneficiarios haitianos del TPS, parte de una población estatal afectada de más de 150,000 personas, según estimaciones de FWD.us, UndocuBlack Network y Haitian Bridge Alliance citadas por USA Today ⁵. Otros medios sitúan el total nacional más arriba. CBS Miami informa que el fin afecta a unos 330,000 haitianos, mientras que Newsweek describe al grupo como de más de 300,000 ⁹⁴. Las fuentes discrepan sobre el total exacto, pero no sobre el orden de magnitud: se trata de una de las mayores pérdidas puntuales del TPS en la historia reciente, concentrada en gran medida en el sur de Florida.

Lo que venció no fue un estatus abstracto, sino la tarjeta que permite que contraten a una persona. Associated Press confirma que la autorización de trabajo ha terminado, lo que ha generado confusión entre miles de inmigrantes haitianos y sus empleadores estadounidenses; los reportes de la radio pública del sur de Florida sobre el mismo despacho de AP coinciden con esa información ²¹¹. Para los trabajadores, eso significa turnos que ya no pueden trabajar legalmente. Para los empleadores, significa formularios I-9 que ya no pueden aceptar de buena fe y decisiones sobre despidos, permisos o ceses que deben tomarse sin directrices federales claras.

En Massachusetts, esas decisiones ya han comenzado. GBH informa que los empleadores han empezado a despedir a titulares haitianos de estatus de protección, y señala preocupaciones sobre la dotación de personal en el sector de la salud y en las residencias de ancianos ⁸. El patrón es conocido por anteriores cierres graduales del TPS: incluso antes de que actúen los agentes de inmigración, lo hacen los departamentos de recursos humanos, porque seguir empleando a alguien sin una autorización de trabajo válida conlleva su propia responsabilidad legal. Para las residencias de ancianos y las agencias de atención médica a domicilio que ya tienen poco personal, la pérdida no supone un riesgo futuro de deportación, sino un vacío inmediato en el horario.

Que el programa haya terminado por completo y de manera formal depende del medio que se consulte, y el expediente de investigación deja claro que las fuentes discrepan. Ideastream Public Media informa que el TPS había llegado a su fin el lunes 27 de julio, y que los haitianos en Ohio habían perdido sus permisos de trabajo y temían las redadas ¹⁰. El vencimiento de los permisos de trabajo se informó ampliamente el 28 y el 29 de julio ²³⁴.

Al mismo tiempo, el Miami Herald informó el 29 de julio que el fin formal aún dependía de una orden de un juez federal. Escribió que solo era cuestión de tiempo antes de que el Gobierno de Trump pudiera empezar a intensificar las deportaciones a Haití, y que la política entraría en vigor cuando se emitiera esa orden ³. CBS Miami también describió a la comunidad haitiana del sur de Florida como a la espera, con ansiedad, de un fallo de un juez federal sobre el TPS que podría llegar en cualquier momento ⁹. La forma más honesta de expresarlo es que la autorización de empleo ha caducado en la práctica, mientras que la formalidad legal final para poner fin al programa y proceder con las deportaciones aún estaba pendiente del tribunal.

El camino hasta esta semana pasó por la Corte Suprema. El 25 de junio, la Corte falló 6-3 en Mullin v. Doe, y dio al Gobierno de Trump la facultad de revocar las protecciones para los haitianos y los sirios, según USA Today ⁵. Esa decisión no subió por sí misma a nadie a un avión. Eliminó el impedimento legal que había evitado que el Gobierno pusiera fin a la designación, lo que preparó el terreno para el vencimiento de finales de julio y la espera actual de una orden de un tribunal inferior que haga efectiva la terminación.

Ohio muestra cómo repercute la política nacional en una comunidad haitiana más pequeña y de formación más reciente. El titular de Ideastream capta el momento: «Con el TPS ya vencido, DeWine y defensores de los inmigrantes esperan el destino de los haitianos en Ohio» ¹⁰. Los haitianos de ese estado han perdido sus permisos de trabajo y temen las redadas, aunque, según el mismo reportaje, el estado todavía no ha recibido indicios de que vaya a haberlas ¹⁰. El artículo corrige dos errores que circularon en subtítulos generados automáticamente para la cobertura televisiva: el gobernador de Ohio es DeWine, no Tim Kretschman, y los reportajes disponibles no lo citan calificando la decisión de error ni advirtiendo de una grave escasez de mano de obra ¹⁰. Lo que sí documentan los reportajes es una suspensión: empleadores, trabajadores y defensores esperan saber si se podrá reanudar el trabajo o si se iniciarán procesos de deportación.

En el sur de Florida, la espera es tanto económica como legal. Local10, bajo el titular «Vamos a perder miles de millones», informó sobre el temor a la pérdida de ingresos fiscales y a la escasez de mano de obra vinculadas al fin del TPS para los haitianos, y señaló que un negocio de Little Haiti tuvo menos actividad el martes 28 de julio ⁶. En términos más generales, los grupos empresariales afirman que la pérdida de empleados autorizados para trabajar podría tensionar un mercado laboral que ya está ajustado, según Newsweek ⁴. Todavía no son pérdidas medidas en ingresos fiscales ni en producción. Son el repliegue anticipado —menos turnos, menos clientes, empleadores reacios a contratar o invertir— que suele preceder a los datos oficiales.

Ese repliegue es inseparable del miedo que sienten las familias en sus hogares. EL PAÍS informa que las familias de Little Haiti, en Miami, afrontan el temor a las redadas y a las ejecuciones hipotecarias junto con la pérdida de estatus ⁷. Un residente resumió el agotamiento en una frase que merece leerse completa, no parafrasearse: al hablar de vecinos que afrontan la deportación tras años de trabajo en Estados Unidos, dijo que llevan años luchando y ahora no tienen nada ⁷. Cuando termina la autorización de trabajo, la hipoteca no se pausa. La decisión pasa rápidamente a ser si seguir pagando una casa que quizá se vean obligados a abandonar, o dejar de pagar y reservar dinero para abogados, una fianza o una mudanza.

Lo que no se ha confirmado importa tanto como lo que sí. Los reportajes proporcionados no verifican las afirmaciones sobre vuelos de deportación semanales o vuelos que comenzarían en las próximas semanas; el Miami Herald solo dice que las deportaciones a Haití se intensificarán cuando entre en vigor la orden del juez ³. Las cifras concretas que circularon en otros medios —incluida una estimación de 1.2 billion de dólares para Florida, cifras de 15,000 trabajadores agrícolas y 13,000 cuidadores que atienden a más de 65,000 pacientes, una tasa de éxito de solicitudes de asilo inferior al 5 por ciento y un programa de retorno voluntario que ofrece un cheque de 2,000 dólares y un vuelo— no están confirmadas en ninguna de las fuentes proporcionadas para esta noticia. Tampoco se puede verificar en esas fuentes una supuesta cita de la secretaria de Seguridad Nacional según la cual el TPS nunca estuvo concebido como una vía hacia la residencia permanente. El nombre del caso de la Corte Suprema señala a un funcionario apellidado Mullin, pero las fuentes no incluyen una declaración citada que respalde la frase que se le atribuye en los subtítulos de las transmisiones ⁵.

El resultado es una forma peculiar y dolorosa de limbo. Desde el punto de vista legal, los beneficiarios haitianos del TPS han pasado de estar protegidos a no estarlo, sin un calendario público claro para la aplicación de la medida. En la práctica, muchos ya han perdido los empleos que hacían viable su vida en Estados Unidos, aunque la deportación formal siga dependiendo de una acción judicial que todavía se describe como inminente ⁸³⁹. La confusión, en palabras de AP, no es aquí un efecto secundario. Es el mecanismo por el que la política golpea primero: mediante empleadores que deben actuar ante tarjetas vencidas, propietarios y prestamistas que deben decidir cuánto riesgo tolerar, y familias que deben decidir si presentarse a un trabajo que ya no pueden desempeñar legalmente ²¹¹.