Acusan a un agente de ICE de mentir, no por el disparo

Julio Cesar Sosa-Celis había logrado volver a entrar por la puerta principal cuando el disparo la atravesó. La bala le desgarró el muslo, siguió a través de un armario y se alojó en la pared de un dormitorio infantil.⁴¹¹ Esa noche había cuatro adultos y dos niños pequeños dentro de aquel dúplex del norte de Minneapolis.⁴¹¹ Sobrevivió, pero la trayectoria de esa bala —carne, armario, pared del cuarto infantil— es ahora el centro físico indiscutido de un caso en el que casi todo lo que el tirador dijo sobre lo ocurrido se ha derrumbado.³⁴

El hombre que disparó fue Christian Castro, de 52 años, agente de deportación de ICE con base en el Valle del Río Grande y desplegado en Minneapolis para la Operación Metro Surge.²⁴ La campaña fue una operación de control migratorio a gran escala que comenzó en las Ciudades Gemelas en diciembre de 2025 con miles de agentes y produjo unos 4,000 arrestos.² El 14 de enero de 2026, tras perseguir a Alfredo Alejandro Aljorna hasta el dúplex, Castro disparó en el muslo a Sosa-Celis, compañero de vivienda de Aljorna y de nacionalidad venezolana.⁴²³ Después, agentes federales usaron municiones químicas en el vecindario, resultaron afectados transeúntes, entre ellos una familia con niños pequeños, y las protestas en el lugar se prolongaron durante horas.¹²

El caso federal revelado el 4 de septiembre de 2026 acusa a Castro de seis cargos por hacer declaraciones falsas a investigadores del FBI, no por el disparo en sí.²⁵ Los seis cargos siguen su relato de aquella noche: que fue emboscado por tres hombres que lo atacaron con una escoba y una pala para nieve en un forcejeo de unos tres minutos, que disparó desde el suelo mientras forcejeaba y que buscó su arma con la mano derecha mientras se defendía de los golpes con la izquierda.⁴ El video de las cámaras de tráfico de la ciudad y las pruebas físicas lo contradijeron todo.³⁴

El enfrentamiento visible duró entre 11 y 12 segundos, no tres minutos.³⁴ Sosa-Celis soltó una pala de plástico para nieve antes del contacto y nunca se usó como arma.⁴ Nadie golpeó a Castro con una escoba como él describió, y nadie empuñó la escoba ni la pala para nieve como él describió.³ Estaba de pie cuando disparó a través de la puerta que se cerraba, con niños dentro de la casa.⁴¹¹ Ese es el lenguaje de la propia acusación, y no deja intacta ninguna parte del relato de legítima defensa.³

Detrás del cargo por mentir hay una decisión más tajante. Fiscales de carrera de la Fiscalía Federal del Distrito de Minnesota se habían preparado para presentar cargos por violación de derechos civiles por el propio disparo —privación de derechos al amparo de la autoridad, la misma ley usada en los procesos contra los agentes que mataron a George Floyd.¹² El fiscal federal adjunto Matthew Evans, que llevaba el asunto, dijo a los abogados de las víctimas que la cúpula del Departamento de Justicia y el fiscal federal ordenaron que solo prosperaran los cargos por declaraciones falsas.¹² La dirección del departamento impidió que la fiscalía presentara el caso de derechos civiles relacionado con el disparo, en lugar de dejar que un gran jurado lo evaluara.¹²

Evans escribió esa objeción a los abogados de Sosa-Celis y de los demás, y después de que ProPublica publicara el correo electrónico fue despedido.¹²¹³ Sigue bajo investigación del Departamento de Justicia por presunta filtración y, según algunos informes, por posible obstrucción de una investigación de un gran jurado, sin que se haya informado públicamente de una resolución.¹² No hay confirmación independiente pública de las razones internas del departamento para bloquear el cargo de derechos civiles más allá del propio relato de Evans.¹²

Como Washington se negó a presentar cargos por el disparo, el caso que sí acusa a Castro de disparar el arma se tramita en el ámbito estatal.³⁴ La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, acompañada por el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, anunció el 18 de mayo de 2026 cuatro cargos de agresión en segundo grado con arma peligrosa y un cargo de denuncia falsa de un delito.⁸²² Los cuatro cargos de agresión corresponden a los cuatro adultos que estaban justo detrás de la puerta.⁸ La tesis del estado es que Castro, solo en el jardín delantero y sin ninguna amenaza física, disparó a través de la puerta principal cerrada sabiendo que acababan de entrar personas corriendo, y que su placa federal no le confería inmunidad.¹¹²²

Ese caso estatal sigue pendiente, pero en la práctica está estancado.²⁴ El gobernador de Texas, Greg Abbott, se negó a extraditar a Castro, y un juez federal en Texas rehusó obligar a hacerlo, de modo que el caso más sólido que lo acusa por el disparo está paralizado mientras él permanece en Texas.¹² ICE y el DHS pusieron a Castro y a un segundo agente en licencia administrativa.⁴ El director interino de ICE, Todd Lyons, dijo que el video mostraba que el testimonio jurado de dos agentes parece contener declaraciones falsas, calificó mentir bajo juramento como un delito federal grave e identificó a Castro como uno de los dos.⁴

Castro se entregó, compareció ante un tribunal federal en McAllen, Texas, el 4 de septiembre, se declaró no culpable y quedó en libertad bajo una fianza sin garantía de $75,000 con un monitor GPS.⁹¹⁶ La fiscalía no pidió que se le mantuviera detenido, y se le ordenó comparecer en Minneapolis el 18 de septiembre.⁶⁹ El disparo del 14 de enero es uno de al menos cinco incidentes de Metro Surge en los que las versiones oficiales iniciales fueron luego contradichas por videos, entre ellos las muertes a tiros de los ciudadanos estadounidenses Renee Good el 7 de enero y Alex Pretti el 24 de enero.²¹ Castro es el primer agente federal de inmigración procesado a nivel federal por su conducta durante la operación y el segundo agente federal acusado en total, después de que el condado de Hennepin acusara anteriormente al agente de ICE Gregory Donnell Morgan Jr. de agresión estatal por apuntar con un arma a automovilistas.¹² El gobierno acusó a Castro de mentir y despidió al fiscal que dijo que el propio disparo era un delito federal, y esa decisión es la que las próximas audiencias no podrán eludir.¹²¹³