Justicia · Reforma de la fiscalía

Corea del Sur separa las facultades de la fiscalía, pero el traspaso sigue sin completarse

La reforma rompe una concentración histórica de las facultades de investigación y de presentación de cargos. Su prueba inmediata es una agencia con 974 vacantes antes de su puesta en marcha, sin director permanente y con sistemas de traslado de casos aún sin terminar.

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  1. Actualización 1Corea del Sur separa las facultades de la fiscalía, pero el traspaso sigue sin completarseEstás aquí

Durante décadas, el sistema de fiscalía de Corea del Sur enfrentó una crítica fundamental: quienes decidían si presentar cargos penales también controlaban las investigaciones, lo que concentraba un poder que, según sus críticos, a veces se utilizaba con fines políticos. El 2 de octubre de 2026, el país puso en marcha un esquema distinto. Los fiscales perdieron su autoridad ordinaria para investigar directamente. Pero el organismo que asumió determinadas investigaciones de delitos graves comenzó a funcionar sin un director permanente, y con la contratación de personal y los sistemas esenciales aún sin terminar. 1 8

La Agencia de Investigación de Delitos Graves y el Servicio de Fiscalía reestructurado reemplazaron a la antigua organización de fiscales, incluida la Fiscalía Suprema, después de 78 años. Su puesta en marcha supone una redistribución sustancial de autoridad, pero todavía no demuestra que los casos vayan a tramitarse de forma más justa o eficiente en las instituciones que ahora comparten esa responsabilidad. 2 11

La carencia más clara en cuanto a preparación es la de personal. Herald Business informó el 1 de octubre que se habían cubierto 1,900 de los 2,874 puestos previstos para la agencia de investigación. Quedan 974 vacantes, aproximadamente el 33.9 por ciento de la plantilla prevista. Este es el último recuento explícito anterior a la puesta en marcha, no una cifra actualizada e independiente del día de apertura. 21

Datos clave

  1. 2,874Puestos previstos para la agencia de investigación 21
  2. 1,900Puestos cubiertos antes de la puesta en marcha 21
  3. 974Vacantes calculadas a partir del recuento del 1 de octubre 21

Esas cifras exactas respaldan la descripción redondeada de NHK de una agencia con aproximadamente dos tercios de su plantilla cubierta. El marco de contratación preveía que agentes de policía y abogados ocuparan los puestos restantes, pero no se ha verificado ningún plazo para que la agencia alcance su plantilla completa. 1 4

Quién investiga y quién presenta los cargos

La división general es sencilla. La nueva agencia investiga determinados delitos graves. La policía se ocupa de las investigaciones penales ordinarias, como las agresiones y los robos. El Servicio de Fiscalía evalúa las pruebas, decide si presenta una acusación y lleva adelante la acusación en los tribunales. La Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios también sigue siendo una institución investigadora; la reforma no otorga a la nueva agencia el control exclusivo de todos los casos graves. Los informes disponibles no establecen las reglas precisas que rigen los casos de jurisdicción compartida. 1 11

Los informes sobre la implementación identifican seis categorías de delitos graves que entran en el ámbito de competencia de la agencia: corrupción, delitos económicos, delitos de la industria de defensa, delitos relacionados con drogas, insurrección y agresión extranjera, y ciberdelincuencia. También identifican un delito descrito como distorsión de la ley, conocido en coreano como 법왜곡죄. Aquí no se establecen sus elementos legales exactos. 17

También se asignan a la agencia investigaciones complementarias sobre siete categorías de delitos contra personas vulnerables, entre ellas el maltrato infantil y los delitos sexuales. No se dispone de la lista completa. Es fundamental que esa función corresponde a la agencia de investigación: no demuestra la existencia de una excepción permanente que permita a los fiscales reanudar sus propias investigaciones directas. En cambio, los fiscales pueden solicitar a la policía una investigación complementaria o una reinvestigación. 17

Sin embargo, hay una salvedad temporal a la afirmación de que todos los fiscales dejaron inmediatamente todas las investigaciones. Un informe de Yonhap en coreano describe una ley que permite que determinadas investigaciones existentes continúen hasta 90 días, incluidos casos de las elecciones locales del 3 de junio que se acercan a los plazos de prescripción. No se han establecido todas las reglas sobre los casos que reúnen los requisitos ni el momento en que empieza a contar el período. Se trata de una disposición de continuidad de casos que se ha mencionado en informes, no de un plazo universal, una restitución permanente de la autoridad investigadora ni una medición de los retrasos en la tramitación. 12

Los fiscales conservan responsabilidades importantes más allá de presentar cargos: la ejecución de penas, la protección de las víctimas, la recuperación de las ganancias del delito y la representación del interés público. El Servicio eliminó 42 departamentos de investigación directa y convirtió sus funciones en 29 departamentos de fiscalía de delitos graves, además de crear departamentos para revisar las decisiones policiales de no remitir casos. Las cifras de 42 y 29 cuentan funciones distintas, no una reducción comparable de personal. 14

También conservan un papel en la solicitud de órdenes de detención; los informes sobre la implementación describen entrevistas a sospechosos antes de esas solicitudes. Eso no establece por sí mismo una autoridad investigadora irrestricta ni la facultad de ejecutar personalmente medidas de investigación coercitivas. La distinción importa: separar la investigación de la acusación no significa excluir a los fiscales de todos los pasos decisivos previos al juicio. 14

Una puesta en marcha sin directores permanentes

Ambas instituciones sucesoras comenzaron a funcionar sin directores permanentes, aunque se informó de que contaban con responsables interinos. Se trata de una importante carencia de liderazgo, pero no de una ausencia total de gestión. Kim Ji-yong, también transcrito como Kim Jiyong, sigue siendo el candidato a convertirse en el primer director de la agencia de investigación. 8 19

Según un informe de SBS del 2 de octubre, el presidente Lee Jae-myung aprobó el 1 de octubre la solicitud de una audiencia de confirmación parlamentaria. Lee dijo que tomaría la decisión final sobre el nombramiento después de la audiencia. No se ha establecido la fecha de la audiencia ni la del nombramiento. Aprobar una solicitud de audiencia no equivale a la aprobación parlamentaria de un nombramiento; las pruebas legislativas disponibles no permiten determinar si la ley exige un voto afirmativo de consentimiento de la Asamblea o un resultado favorable de la audiencia. 20 30

Los informes describen la oposición a Kim de sectores de línea dura del partido gobernante, así como preocupaciones o acusaciones en su contra. La oficina presidencial sostuvo que las acusaciones no eran lo bastante graves como para negarle la oportunidad de dar explicaciones. El material verificado no especifica su contenido de fondo, y no establece ni que sean ciertas ni que hayan sido la única causa de la demora. 18 23

Jeon Jong-min, subdirector o viceadministrador de la agencia, pronunció las palabras de apertura, mientras que Choi Jae-min fue elegido para dirigir su oficina de Seúl. Ninguno de esos cargos convierte a quien lo ocupa en director permanente de la agencia. Los informes disponibles no identifican expresamente a Jeon como director interino ni nombran de manera concluyente a los responsables interinos de ambas instituciones. 29 31 8

La preparación no equivale a estar listos

La puesta en marcha no fue una improvisación administrativa de la noche a la mañana. El material preparatorio del Gobierno sitúa la enmienda a la Ley de Organización del Gobierno en octubre de 2025 y las leyes que rigen a las instituciones sucesoras en marzo de 2026. La Asamblea Nacional aprobó 51 proyectos de ley complementarios el 17 de septiembre y se revisaron 126 decretos presidenciales antes de la abolición. Estos hitos demuestran que hubo una preparación considerable, aunque no permiten establecer la cláusula exacta de entrada en vigor de la ley ni que se hayan completado todos los requisitos operativos. 13 6 3

Kim Min-jae, viceministro del Interior y Seguridad, ofreció una sesión informativa sobre los preparativos el 4 de agosto; el ministro Yun Ho-jung asistió a la ceremonia de puesta en marcha y a la inauguración de la placa en Seúl el 2 de octubre. La participación del ministerio y la recomendación de su ministro de Kim para el cargo de director no sustituyen una explicación jurídica verificada sobre la adscripción ministerial y las facultades de supervisión de cada institución sucesora. Esos detalles legales siguen sin estar plenamente establecidos. 13 9 30

Los obstáculos más inmediatos tienen que ver con las instalaciones y los equipos informáticos. Seoul Economic Daily informó que continuaban las obras en la sede de la agencia y en su oficina de Seúl, y que su finalización estaba prevista para principios del próximo año —principios de 2027, no una fecha contractual exacta—. Los problemas con los sistemas informáticos obstaculizaban el traslado de casos de la fiscalía, y aún no se había establecido una conexión con la red KICS de la policía. Es posible que las órdenes tuvieran que presentarse en papel; era una posibilidad, no la confirmación de que todas las órdenes ya se estuvieran tramitando manualmente. 29

Se ha informado ampliamente de retrasos en la tramitación de casos, pero las pruebas no proporcionan una cifra nacional defendible del total de casos atrasados, un retraso promedio, una comparación de antes y después ni un recuento de casos vencidos. Las vacantes y los problemas en el traslado de casos son limitaciones concretas. No permiten determinar cuánto retraso causó cada factor, si la reforma provocó todos los retrasos existentes ni cuánto tardará ningún caso concreto. 1 29

Esa prueba sigue pendiente. Aún no se han resuelto los nombramientos permanentes, la contratación de personal, el traslado fiable de casos ni el funcionamiento de los enlaces con los sistemas policiales. La reforma ha cambiado quién tiene la autoridad. Su siguiente obligación es hacer que esa división funcione sin dejar los casos de las personas atrapados entre los organismos responsables de investigarlos y procesarlos.

Fuentes utilizadas para este reportaje

NHK WORLD-JAPAN: reportaje sobre la reforma y su puesta en marcha, 2 de octubre. 1

Yonhap: las instituciones sucesoras comienzan a funcionar. 2

Asia Business Daily: 126 revisiones de decretos presidenciales. 3

Herald Business: marco de personal y funciones para víctimas vulnerables. 4

Asia Business Daily: tareas del candidato a primer director. 5

NOCUTNEWS: se aprobaron 51 proyectos de ley complementarios. 6

Asia Business Daily: responsabilidades de investigación y acusación. 7

Herald Business: puesta en marcha sin directores permanentes. 8

Yonhap: fotografías de la ceremonia de puesta en marcha. 9

SBS: puesta en marcha de las instituciones sucesoras. 10

Korea Times: abolición después de 78 años. 11

Yonhap en coreano: acuerdos de transición e investigaciones que continúan. 12

Informe de políticas del Gobierno: preparativos de la agencia. 13

Financial News: departamentos y funciones del Servicio de Fiscalía. 14

Yonhap: aprobación del gabinete en agosto de las revisiones de las facultades de investigación. 15

Financial News: puesta en marcha y preparación de la agencia de investigación. 16

Financial News: jurisdicción investigadora y cambios procesales. 17

Asia Business Daily: aprobación de la solicitud de audiencia. 18

Herald Business: declaraciones de Kim Ji-yong como candidato. 19

SBS: solicitud de audiencia de confirmación. 20

Herald Business: personal y cargos directivos antes de la puesta en marcha. 21

Yonhap: fotografías del candidato a director. 22

Asia Business Daily: postura presidencial sobre el nombramiento de Kim. 23

SBS: vacantes en puestos directivos y postura de la oficina presidencial. 24

Seoul Economic Daily: promesa de reforma del candidato a director. 25

Korea Herald: solicitud de audiencia parlamentaria. 26

Korea JoongAng Daily: puesta en marcha y carencias de preparación. 27

Yonhap: solicitud de audiencia de confirmación del candidato. 28

Seoul Economic Daily: instalaciones, sistemas y cargos directivos. 29

NewsPim: decisión de Lee sobre el nombramiento después de la audiencia. 30

CHOSUNBIZ: palabras de apertura de Jeon Jong-min. 31

Tal como se emitió 20 líneas
  1. South Korea has stripped prosecutors of their ordinary power to investigate crimes themselves.
  2. The agency taking over serious-crime investigations opened without a permanent chief. Its latest pre-launch staffing count leaves 974 planned positions vacant, while computer problems hamper case transfers.
  3. Can the new system move serious cases to court while its staffing, leadership and infrastructure remain unfinished?
  4. The staffing gap amounts to roughly one-third of the investigation agency’s intended workforce. Of 2,874 planned positions, 1,900 were filled in the October 1 count: approximately 66.1 percent staffed and 33.9 percent vacant. Those exact figures support the rounded description of an agency about two-thirds staffed. They are not a fresh opening-day personnel tally. No independently updated count establishes how many additional employees, if any, arrived by launch. The recruitment framework envisages police personnel and lawyers filling remaining posts, but there is no verified deadline for reaching full strength.
  5. The two successor institutions began operating on October 2, 2026. The Serious Crime Investigation Agency and the restructured Prosecution Service replaced the former prosecutors’ organization, including the Supreme Prosecutors’ Office, after 78 years. The operational launch is established; the precise statutory commencement clause is not.
  6. Police still investigate ordinary crimes such as assaults and thefts. The new agency investigates specified major offenses, while prosecutors assess the resulting evidence, decide whether to bring charges and prosecute in court. Prosecutors have also lost their own direct supplementary-investigation power. They can request supplementary investigation or reinvestigation by police instead. The Corruption Investigation Office for High-ranking Officials remains part of the investigative system, too. This is not a transfer of every serious case exclusively to the new agency: the precise rules for allocating overlapping cases remain unestablished.
  7. The agency’s remit includes six major-crime categories: corruption, economic crime, defense-industry crime, drug crime, insurrection and foreign aggression, and cybercrime. It also includes an offense described as distortion of the law, called 법왜곡죄 in Korean. Its exact statutory elements are not established.
  8. Supplementary investigations involving seven categories of crimes against vulnerable people also belong to the investigation agency. These include child abuse and sexual offenses, although the complete seven-category list is unavailable. That responsibility does not establish a permanent exception allowing prosecutors to resume direct investigations themselves.
  9. Some investigations already underway may nevertheless continue for up to 90 days under a temporary transition provision. These include cases concerning the June 3 local elections that were approaching limitation deadlines. The complete eligibility rules and the period’s starting point are not established, so 90 days cannot be treated as a universal deadline for every outstanding case. Nor is it a measured case-processing delay. It is a limited carryover allowance, not a permanent restoration of prosecutors’ general investigative authority.
  10. The prosecution service removed 42 direct-investigation departments and converted functions into 29 major-crime prosecution departments. Those numbers describe different organizational functions, not a like-for-like staffing cut. New departments will review police decisions not to refer cases for prosecution. Prosecutors also retain responsibilities for sentence enforcement, victim protection, recovery of criminal proceeds and public-interest representation. They retain a role in seeking detention warrants, including suspect interviews before such requests. That warrant role does not establish unrestricted investigative power or authority to personally execute compulsory investigative measures.
  11. The reform separates powers that prosecutors previously held together. The National Assembly approved it after decades of criticism that prosecutors exercised excessive authority and sometimes used it for political purposes. Legal experts disagree over whether removing their investigative authority is warranted. Institutional separation addresses that concentration of power; it does not prove that political interference has ended, or that the replacement system will automatically be fairer or faster.
  12. The launch followed 51 follow-up bills and revisions to 126 presidential decrees. The bills passed on September 17; the decree revisions preceded abolition of the old organization. The Government Organization Act had been amended in October 2025, followed by laws governing the successor institutions in March 2026. Interior and Safety Vice Minister Kim Min-jae delivered an August 4 preparation briefing. Minister Yun Ho-jung attended the October 2 launch ceremony and plaque unveiling in Seoul. Those milestones establish substantial preparation and administrative involvement, not that every operational requirement was ready.
  13. Both new institutions opened without permanent chiefs, although acting leadership was in place. That is a leadership gap, not an absence of all management.
  14. Kim Ji-yong remains the nominee for the investigation agency’s inaugural chief. President Lee Jae-myung approved a request for a parliamentary confirmation hearing on October 1 and reserved his final appointment decision until after that hearing. Approval of the hearing request is not parliamentary approval of the appointment. Whether an affirmative Assembly consent vote or a favorable hearing outcome is legally required remains unresolved. There is no established hearing or appointment date. Kim faces opposition from ruling-party hardliners and concerns or allegations whose underlying substance is not specified in the verified material. Their truth, and whether they alone caused the delay, are not established.
  15. Jeon Jong-min is the agency’s deputy chief or vice administrator and delivered launch remarks. He is not expressly established as its acting chief. Choi Jae-min was selected to head the Seoul office, not the whole agency. The identities of the acting heads of both institutions are not conclusively established in those capacities.
  16. The Interior and Safety minister recommended Kim, but that recommendation and the ministry’s preparation work do not settle the agency’s statutory oversight arrangements. The precise legal placement and ministerial powers governing both successor institutions, including their Interior and Safety and Justice leadership lines, remain incompletely established. Different English translations of the investigation agency’s name do not mean additional successor agencies exist.
  17. Computer-system problems are hampering transfers of prosecution cases, and a connection to the police KICS network has not yet been established. Warrants might have to be filed on paper; that is a possibility, not proof that every warrant is already processed manually. Construction at the agency headquarters and Seoul office is continuing, with completion described as early 2027 rather than an exact contractual deadline. The extent of unfinished work, specific software defects and number of affected cases are not established.
  18. Case-processing delays have been widely reported, but there is no defensible national backlog total, average delay, before-and-after comparison or count of overdue cases. The vacancies and transfer problems are concrete constraints. They do not establish how much delay each caused, whether the reform caused all existing delays, or how long an individual case will take.
  19. For people reporting child abuse, sexual offenses, corruption or financial wrongdoing, a formally open agency is not the same as an investigation progressing. Suspects also have a stake in how quickly allegations can be tested rather than left unresolved. No verified account establishes that a particular case was lost or a specific victim denied protection because of these launch gaps.
  20. The answer to whether this system can move serious cases forward is not yet established: the division of responsibilities is operational, but its effect on case-processing times remains unmeasured. Permanent appointments, recruitment, reliable case transfers and a working police-system link remain unfinished. There is no confirmed hearing date, full-staffing deadline or exact infrastructure-completion date.

Fuentes

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