Una lista de una década, una escuela en Minab y 178 muertos

Expertos en derechos humanos designados por la ONU encontraron motivos razonables para creer que esos dos ataques fueron indiscriminados y podrían constituir crímenes de guerra.⁠1 DW News informó de la conclusión el 19 de septiembre de 2026; no procedía de un tribunal ni de las fuerzas armadas de EE. UU., sino de un órgano de investigación de los hechos que examinó la campaña desde fuera.⁠1 «Motivos razonables» es el lenguaje de una investigación de los hechos, no el de una condena penal. Significa que los expertos juzgaron que era más probable que hubiera ocurrido una violación que lo contrario, un umbral inferior al nivel de prueba que exigiría un tribunal penal para condenar a alguien.⁠1

La norma en cuestión es el principio de distinción, piedra angular del derecho de los conflictos armados.⁠1 Las partes en un conflicto deben dirigir los ataques únicamente contra objetivos militares y proteger a la población y los bienes civiles.⁠1 Un ataque que no distingue —uno ejecutado con información desactualizada o poco fiable, o sin la evaluación que exige la ley— es indiscriminado e ilegal, incluso cuando quienes lo ordenaron no tenían intención de matar civiles.⁠1 La falta de intención no es una defensa en este caso. Ese es precisamente el punto.

El ataque del 28 de febrero contra una escuela de Minab es el caso concreto, aquel en torno al cual aún puede articularse la evidencia.⁠1 En la zona, hay una base militar junto a la escuela. La base quizá fuera un objetivo militar legítimo, pero la escuela en sí no lo era.⁠1 El derecho internacional humanitario exige que se evalúe si el daño civil incidental que se prevea que causará una operación —incluido el daño a una escuela— es proporcional a la ventaja militar prevista.⁠1 Los expertos dijeron que esa evaluación falló porque los ataques se llevaron a cabo basándose en una lista estadounidense de objetivos de aproximadamente una década de antigüedad que nunca se había actualizado, una lista que no tuvo en cuenta que había una escuela junto a una instalación militar.⁠1

La cifra de víctimas se presenta solo como un mínimo, y los mínimos tienden a aumentar. En los dos ataques murieron al menos 178 civiles, entre ellos mujeres y niños.⁠1 La expresión «al menos» importa porque la documentación sigue en curso y porque la conclusión deja claro que los muertos no fueron daños incidentales en una operación por lo demás impecable, sino el resultado de ataques que, según la evaluación de los expertos, no cumplieron el estándar jurídico que rige la conducción de una guerra.⁠1

Adil Haque, profesor de la Facultad de Derecho de Rutgers que apareció en el informe, explicó los mecanismos por los que la negligencia se convierte en delito.⁠1 Habló de las normas sobre selección de objetivos y de cómo la imprudencia temeraria puede constituir un crimen de guerra: un ataque puede ser delictivo no porque quienes lo ordenaron se propusieran matar civiles, sino porque se llevó a cabo sin tener en cuenta el riesgo que corrían.⁠1 Esta distinción importa porque no se ha acusado a Estados Unidos de buscar deliberadamente la muerte de civiles como tal. Se le acusa de llevar a cabo ataques de una manera que no tuvo en cuenta a la población civil, basándose en información desactualizada en una década.⁠1

La cuestión de la rendición de cuentas es donde la conclusión choca con el poder, y hasta ahora el poder no responde. Cuando se emitió el reportaje, el Departamento de Estado de EE. UU. no había respondido.⁠1 La investigación del Pentágono sobre los ataques sigue sin publicarse, por lo que nunca se ha hecho público el relato de las mismas operaciones por parte de las fuerzas armadas estadounidenses.⁠1 La propia misión de la ONU trabajó con las limitaciones de una investigación sin la cooperación de Washington ni de Teherán, lo que significa que no pudo exigir documentos ni testimonios a ninguna de las partes.⁠1 Entre el ataque a la escuela y la conclusión de los expertos transcurrieron siete meses, durante los cuales las pruebas se recopilaron y evaluaron íntegramente fuera del proceso propio de las fuerzas armadas estadounidenses.⁠1

La Corte Penal Internacional es la institución que podría llevar más lejos esta conclusión: el órgano facultado formalmente para procesar a personas por crímenes de guerra.⁠1 Pero siguen abiertas las preguntas de si tiene jurisdicción y de si puede actuar siquiera contra un Estado que no la reconoce; además, Estados Unidos no es parte de la Corte.⁠1 El informe no identificó el segundo ataque: ni dónde ocurrió, ni cuándo, ni qué alcanzó, dejando en blanco la información geográfica más básica de la mitad del caso.⁠1

Por tanto, la conclusión constituye una reprimenda documentada e independiente a la conducta de EE. UU., que actualmente no cuenta con ningún mecanismo de aplicación.⁠1 El único proceso estadounidense que podría corroborar o contradecir desde dentro de las propias fuerzas armadas la conclusión de los expertos es la investigación del Pentágono, cuyas conclusiones no se han hecho públicas.⁠1 Hasta que el Departamento de Estado responda y esas conclusiones se hagan públicas, la conclusión de la ONU sigue siendo el único recuento de lo ocurrido en Minab, y deja constancia de que se cumplió el umbral para considerar que hubo un crimen de guerra.⁠1 El relato procede del informe de un solo medio, sin corroboración independiente, lo que constituye en sí mismo una limitación que el lector debe tener presente junto con la gravedad de la acusación.⁠1