100 personas, 8 países, 10 días y ninguna cifra oficial

La cifra total se basa por completo en registros internos obtenidos por periodistas⁠2. Ni el Departamento de Seguridad Nacional ni el Departamento de Estado autenticaron o confirmaron las cifras de esos registros⁠2. Esa negación que no niega nada es ahora el hecho central de la historia. El Gobierno que organizó los vuelos no dirá cuántas personas iban a bordo, adónde fue cada avión ni qué se suponía que ocurriría después del aterrizaje, por lo que periodistas, abogados y familias intentan reconstruir la operación vuelo por vuelo⁠2.

Lo que se puede reconstruir muestra una expansión de las expulsiones a terceros países, una práctica por la que Estados Unidos expulsa a personas no a sus países de origen, sino a otro país dispuesto a recibirlas⁠2⁠5⁠8. Los deportados durante el período de 10 días procedían de Afganistán, Cuba, Nicaragua, Irán y otras naciones, y fueron distribuidos entre ocho países africanos cuyos nombres no se han establecido todos de forma independiente en la cobertura disponible⁠2⁠8. The American Prospect informó en una nota aparte publicada el 31 de agosto que el 31 de julio se expulsó a un vuelo con un número estimado de 71 detenidos rumbo a África y que muchos fueron luego devueltos ilegalmente a sus países de origen⁠4. Si esa cadena se confirma, se trata del desenlace que el derecho de los refugiados se creó para evitar: protección de Estados Unidos, seguida de un traslado y, después, un retorno al lugar donde se teme sufrir persecución.

El vuelo con la documentación independiente más completa de ese período aterrizó el 20 de agosto de 2026 en el Aeropuerto Internacional Roberts, cerca de Monrovia, Liberia, con 20 migrantes, en virtud del acuerdo de Liberia⁠5⁠11. El aterrizaje está confirmado sobre el terreno y por varios medios, lo que lo convierte en el punto de referencia para todo lo demás⁠5⁠11. Lo que ocurrió después también está documentado de forma inusualmente detallada, aunque los detalles humanos pronto escasean.

Algunos deportados se negaron a bajar del avión en Monrovia y posteriormente fueron trasladados en avión a Guinea Ecuatorial⁠10⁠11. Reuters informa, citando fuentes, que los trasladaron allí después de que opusieran resistencia a la deportación a Liberia en virtud del acuerdo con Trump⁠10⁠11. El relato de Associated Press también describe a personas deportadas que se resistieron a aterrizar en Liberia, pero fueron enviadas a Guinea Ecuatorial⁠11. Los fragmentos disponibles no permiten establecer con precisión cuántas personas se negaron, cuánto tiempo permanecieron a bordo ni qué les ocurrió después del segundo aterrizaje, y tampoco indican dónde terminaron finalmente las personas que iban a bordo.

Esa brecha entre una llegada documentada y una vida posterior sin documentar se repite en todo el expediente. En las fuentes disponibles aquí, el Gobierno de Estados Unidos no ha publicado fechas de vuelos, recuentos por vuelo ni un manifiesto de la operación general de 10 días, salvo lo que los periodistas obtuvieron de documentos internos⁠2. El vuelo del 20 de agosto cuenta con confirmación independiente⁠5⁠11. El conjunto de tres vuelos y más de 100 personas no cuenta con confirmación independiente aparte de esos registros internos, que las agencias implicadas se negaron a autenticar⁠2.

En la cobertura, la República Centroafricana aparece como algo más que un destino en una lista. El 21 y 22 de agosto, CBS entrevistó al inmigrante cubano Yasmany Moreno de Armas, quien antes trabajaba en Florida y ahora está en la República Centroafricana, así como a otros cubanos que describieron su deportación a ese país⁠9. Su resumen de la vida allí fue tajante: No podemos irnos⁠9. La frase merece tomarse literalmente, no como una figura retórica. Describe un confinamiento sin cargos, sin una vía para avanzar y sin una vía para regresar.

El 29 de agosto, CNN publicó un perfil de Nika, una activista iraní deportada a Bangui, en la República Centroafricana⁠6⁠7. Democracy Now, al resumir cobertura relacionada, también señaló las deportaciones a ese país⁠7. En conjunto, los dos casos contradicen cualquier insinuación de que la nacionalidad predice el destino o de que el perfil político garantiza un trato diferenciado. Una trabajadora cubana de Florida y una activista iraní terminan en la misma capital, ambas extranjeras allí y expulsadas de Estados Unidos a un país del que no son ciudadanas⁠6⁠9.

The New York Times, según lo citado por Latin Times, informó que los deportados enviados a África dijeron que fueron esposados, sacados por la fuerza de los aviones y sometidos a malos tratos por agentes del ICE⁠5. La acusación es contundente y, en el material disponible aquí, se presenta como un relato de los deportados transmitido a través de esa cobertura, no como una conclusión de un investigador independiente⁠5. Forma parte del registro junto con el hecho físico de los propios traslados, porque la manera en que se traslada a las personas es parte de lo que implica la expulsión.

El caso del 31 de julio agudiza el riesgo legal. Si se calcula que 71 personas fueron trasladadas en avión a África y muchas luego fueron devueltas ilegalmente a sus países de origen, según informó The American Prospect, entonces la expulsión a un tercer país funcionó no como una alternativa al retorno, sino como una escala en el camino hacia él⁠4. Los defensores de los refugiados llaman a esa cadena devolución (refoulement) con otro nombre. Los fragmentos disponibles no identifican a cada persona devuelta ni a los países que las devolvieron, por lo que la magnitud sigue siendo una estimación y el mecanismo permanece parcialmente oculto⁠4.

Lo que las fuentes no establecen es casi tan importante como lo que sí establecen. Los fragmentos truncados que se proporcionan aquí no verifican los pagos que supuestamente se hicieron a los países receptores, ni una supuesta orden judicial de febrero que anuló la política de expulsión a terceros países o una suspensión de esa orden; tampoco verifican una supuesta oferta de un vuelo gratuito de regreso a casa con dinero, ni los antecedentes legales individuales más allá de los dos casos de la República Centroafricana descritos arriba. El texto disponible no cita el nivel de alerta de viaje del Departamento de Estado para la República Centroafricana, aunque varias fuentes confirman deportaciones a ese país⁠6⁠7⁠9. La lista completa de los ocho países de destino tampoco queda establecida en estos fragmentos.

Esto no es un tecnicismo. Sin manifiestos, sin recuentos por vuelo autenticados por el Gobierno, sin nombres ni información sobre los lugares de alojamiento divulgados por los gobiernos receptores y sin acceso para que los periodistas entrevisten a los recién llegados en cada lugar, en varios casos se pierde o se bloquea el contacto, y la falta de pruebas no puede considerarse prueba de seguridad. El material proporcionado no documenta ningún asesinato verificado ni desaparición confirmada de una persona identificada de este grupo, pero las condiciones descritas —detención sin cargos locales en algunos relatos, confinamiento sin posibilidad de salir en Bangui y traslado posterior tras oponer resistencia en Monrovia— no permiten tener certeza sobre lo que ocurrió⁠9⁠10⁠11.