23,000 deportados a países en los que nunca han estado

Ese rastreador, llamado “Desterrados por acuerdo: seguimiento de deportaciones a terceros países”, fue lanzado y actualizado el 18 de agosto de 2026 por Human Rights First y Refugees International para exponer lo que las organizaciones describieron como “la escala creciente, el secretismo y el costo humano” de los acuerdos⁠6. CTN News informó que el rastreador contabilizaba “más de 22,000 personas” deportadas a terceros países, la mayoría a México⁠10. La cifra más alta de 23,000 que circuló unos diez días después concuerda con la continuación de los vuelos entre la publicación del rastreador, el 18 de agosto, y finales de agosto, no con un recuento oficial independiente⁠6⁠10.

La geografía del programa está desequilibrada. La gran mayoría de las expulsiones a terceros países se dirigió a México, el conocido punto de presión para la aplicación de las leyes migratorias estadounidenses, mientras que una corriente mucho menor, pero de mayores consecuencias, se dirigió a América Latina y el Caribe, África y otros lugares⁠10. Un reportaje de CBS basado en documentos internos del gobierno estadounidense reveló que, en un período de apenas 10 días, el gobierno envió a más de 100 deportados de Afganistán, Cuba, Nicaragua y otros países a ocho países africanos⁠3. Es en África, donde el idioma, el estatus legal y la distancia dificultan más el regreso, donde las consecuencias han sido más graves.

Ningún lugar ilustra mejor ese lado más crudo que la República Centroafricana, y ninguna capital más que Bangui. Hombres deportados a la República Centroafricana cuentan que están varados allí, sin una forma clara de vivir ni de irse⁠4⁠8. Un cubano, Yasmany Moreno de Armas, quien trabajaba antes en Florida, dijo a CBS que ahora está en la República Centroafricana y “no puede irse”⁠4. El País informó que latinoamericanos en Bangui protestaron por sus condiciones de vida tras ser deportados por la fuerza allí⁠8.

Esas protestas no se debían a las molestias de viajar. Se debían a que los habían dejado en un país donde no tenían familia, estatus migratorio, documentos utilizables ni un plan, y luego, en la práctica, les habían dicho que se buscaran la vida. Los reportajes desde Bangui describen a personas atrapadas entre una orden de expulsión de Estados Unidos ya ejecutada y un país de acogida que no tiene obligación de integrarlas y cuenta con poca capacidad para hacerlo⁠4⁠8. Para cubanos, ecuatorianos, hondureños y otras personas acostumbradas a un hemisferio donde al menos existe un idioma común, el traslado a África central no es un desvío. Es una ruptura.

El programa va en contra de las protecciones que los tribunales de inmigración de Estados Unidos conceden cuando una persona no puede ser devuelta a su país. La suspensión de la expulsión y las protecciones contra la tortura deberían impedir que Estados Unidos envíe a alguien de vuelta a un país donde sea más probable que sufra persecución o tortura que lo contrario⁠5⁠7. Lo que ha ocurrido, en cambio, es el traslado a un tercer país, no al país de origen, de modo que la orden de expulsión pueda darse por cumplida mientras sigue sin resolverse el peligro que justificó la protección⁠5⁠7.

En un reportaje de CNN del 29 de agosto de 2026, Isobel Yeung y Mick Krever presentaron el caso de “Nika”, una joven activista iraní prodemocracia deportada desde Estados Unidos a Bangui, en la República Centroafricana⁠5. Democracy Now! también informó que CNN encontró en la República Centroafricana a migrantes “a quienes previamente se les habían concedido protecciones contra la deportación porque corren el riesgo de sufrir tortura en sus” países de origen⁠7. En términos sencillos, un tribunal estadounidense ya había determinado que estas personas no podían ser devueltas, y aun así Estados Unidos las envió a un tercer país⁠5⁠7⁠9.

El programa continuó hasta finales de agosto de 2026 y, según varios informes basados en documentos, entrevistas y registros de vuelos, se ignoraron las protecciones de algunos deportados⁠3⁠5⁠7⁠9. Un vuelo anterior más pequeño, con ciudadanos iraníes, afganos y de otros países, llegó en junio, en consonancia con la información de CNN sobre los deportados en Bangui⁠5⁠7. No es posible confirmar con los materiales proporcionados la fecha exacta ni el número de pasajeros de ese vuelo de junio, y no deben presentarse como hechos establecidos.

The American Prospect informa que el 31 de julio se expulsó a unos 71 detenidos en un gran vuelo a África, y que varios fueron “devueltos ilegalmente a sus países de origen”⁠9. Ese relato coincide en términos generales con las descripciones de un segundo vuelo de verano, de mayor tamaño, que llevó a latinoamericanos y a otras personas a la República Centroafricana, aunque las cifras de pasajeros varían ligeramente entre los recuentos⁠9. La diferencia importa menos que el patrón que revela.

El peligro del traslado a un tercer país nunca se limitó al propio tercer país. Está en la cadena que pone en marcha. Una persona enviada a un país donde carece de estatus es vulnerable a que la envíen a otro lugar, la detengan indefinidamente o la devuelvan precisamente al país al que un juez estadounidense dictaminó que no debía ser enviada⁠9. Cuando después enviaron a sus países de origen a varias personas de ese vuelo del 31 de julio, el programa no se limitó a eludir la protección. Se arriesgó a entregar a personas a la persecución tras una escala intermedia⁠9.

Liberia es el ejemplo más claro de cómo se está construyendo la ruta africana, país por país. Liberia aceptó a 20 deportados el 20 de agosto de 2026, los primeros de hasta 1,200 que ese país acordó recibir⁠11⁠2. Associated Press y Los Angeles Times siguieron la llegada como la más reciente de una serie de acuerdos de Estados Unidos con terceros países de África, no como un vuelo aislado⁠2⁠11.

Las cifras de Liberia muestran cómo una llegada pequeña puede ser señal de un compromiso grande. Veinte personas en una pista en agosto se convierten en mil doscientas en principio: una capacidad permanente para futuras expulsiones, en vez de una acogida por única vez⁠11⁠2. Los propios acuerdos suelen ser opacos y, a veces, solo salen a la luz mediante litigios, filtraciones o reportajes locales, por lo que los rastreadores externos se han convertido en el registro público de facto⁠6⁠3.