El Metro de Delhi reabrió. El Tribunal Supremo sigue exigiendo respuestas.

Si las puertas del Metro de Delhi ya habían vuelto a abrir, ¿por qué necesitó el Tribunal Supremo de India celebrar una audiencia especial el domingo?

Porque la reapertura de una estación no responde a si su cierre infringió una orden judicial. Tampoco demuestra que la detención fuera legal el hecho de que se libere a un manifestante. El 11 de octubre de 2026, el tribunal intervino en la represión de las protestas en Delhi para proteger la circulación legal, la reunión pacífica y el acceso profesional, y para exigir a tres altos cargos que explicaran las restricciones impuestas después de su anterior directiva sobre el transporte. La interrupción inmediata había terminado en parte; el caso sobre la rendición de cuentas, no. ^{1 135}

Los jueces Joymalya Bagchi y V. Mohana notificaron por desacato al secretario del Interior de la Unión, Govind Mohan; al comisionado de la Policía de Delhi, Anurag Kumar; y a la presidenta de Delhi Metro Rail Corporation, D. Thara. La sala determinó que había fundamentos prima facie para proceder, es decir, motivos iniciales suficientes para pedir explicaciones, no una conclusión definitiva de que algún funcionario hubiera cometido desacato. El abogado Shailendra Mani Tripathi presentó la petición por el presunto incumplimiento de la directiva del 9 de octubre que prohibía una suspensión total de los servicios de metro y ferrocarril. ^{133 135}

Los funcionarios deben presentar declaraciones juradas de contestación y un informe de cumplimiento que aborde esa orden anterior antes del 13 de octubre, fecha en que el caso por desacato y los asuntos relacionados con las detenciones figuran en el orden del día para una nueva audiencia. Por ahora, se les ha eximido de comparecer personalmente. El plazo es para presentar una explicación respaldada por documentación, no simplemente otra garantía de que todo es normal. ^{136 133}

El enfrentamiento surgió en torno a las demandas del Cockroach Janta Party para que dimitiera el comisionado jefe electoral, Gyanesh Kumar, y a su oposición a la Revisión Especial Intensiva de los padrones electorales. Se había denegado el permiso para su reunión en Jantar Mantar. Esas demandas explican la protesta; la intervención del tribunal no demuestra que hubiera irregularidades electorales ni resuelve la disputa sobre el padrón electoral. ^{14 48}

La disputa sobre el transporte gira en torno a una distinción que el lenguaje oficial puede ocultar fácilmente: los trenes pueden circular aunque los pasajeros no puedan llegar hasta ellos. El procurador general Tushar Mehta sostuvo que los trenes funcionaron según el horario, sin una reducción del volumen del servicio. Sin embargo, las restricciones de entrada y salida afectaron a 45 de las 303 estaciones de la red: alrededor de una de cada siete. Fue una restricción sustancial del acceso, pero no demuestra que todos los trenes se detuvieran ni que se cerrara toda la red. ^{1 12}

La petición presentada el 9 de octubre se refería a restricciones previstas en 57 estaciones; 45 fue la cifra de las que efectivamente las aplicaron. Las restricciones de acceso a las estaciones comenzaron alrededor de las 9 p. m. del viernes 9 de octubre. La hora de finalización anunciada inicialmente para el sábado, alrededor de las 6 p. m., se prorrogó hasta las 10 p. m., lo que produjo un intervalo de aproximadamente 25 horas. Todas las horas corresponden a la hora estándar de India. ^{161 58 64}

El Metro de Delhi anunció el sábado por la noche que todas las puertas de entrada y salida de las estaciones estaban abiertas y que las instalaciones de transbordo afectadas estaban disponibles. Mehta dijo al tribunal que todas las estaciones habían reabierto alrededor de las 10 p. m. y que el servicio de internet se había restablecido esa noche. Por lo tanto, la reapertura precedió a la audiencia del domingo; no se le puede atribuir como resultado producido por primera vez por las directivas del domingo. ^{57 1}

La salvedad es importante. La sala exigió un servicio normal, pero preservó una excepción expresa por motivos de orden público. No prohibió todas las restricciones futuras. Del mismo modo, la existencia de una excepción no determina si las restricciones posteriores al 9 de octubre cumplieron la directiva del tribunal. Eso es lo que los procedimientos por desacato exigen que expliquen los funcionarios.

El tribunal exigió que la circulación fuera libre y fluida, de conformidad con la ley y las normas de tránsito, y que se revisaran de inmediato las barricadas. Deben retirarse los obstáculos cuando no los justifiquen necesidades legítimas de orden público o de tránsito. No fue una declaración de que todas las barricadas de Delhi fueran ilegales, sino una exigencia de distinguir entre la regulación necesaria y la obstrucción injustificada. ^{1 30}

Sus directivas sobre las detenciones también preservan el procedimiento legal. Protegen específicamente las reuniones pacíficas y desarmadas fuera de las zonas donde esté vigente el artículo 163 de la Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, o BNSS. El artículo 163 es la facultad de restringir reuniones que sustituyó al artículo 144 del antiguo código de procedimiento penal. Las directivas no autorizan a nadie a desobedecer restricciones válidas ni establecen que todas las detenciones anteriores fueran ilegales. ^{7 50}

Las restricciones del artículo 163 se aplicaban en el distrito de Nueva Delhi. La suspensión de internet móvil fue una medida distinta: abarcó un radio de cuatro kilómetros alrededor del cruce de Janpath–Kartavya Path y estaba prevista desde las 10 p. m. del 9 de octubre hasta las 10 p. m. del 10 de octubre. Ese radio no es el límite autenticado de la restricción de reuniones. La suspensión de las telecomunicaciones y la orden de prohibición del distrito tenían fundamentos y alcances jurídicos distintos. ^{12 164}

Los servicios de internet deben mantenerse sin interrupciones de conformidad con la ley, dijo el tribunal, que reservó expresamente las facultades previstas en la Ley de Tecnología de la Información. No se debe impedir que abogados y periodistas desempeñen sus funciones profesionales. Debía retirarse cualquier cartel del artículo 163 que aún estuviera cerca del propio Tribunal Supremo, para proteger el acceso a la justicia. ^{113 4}

Mehta dijo que la mayoría de las personas incluidas en los casos de hábeas corpus —solicitudes para que se presente o se libere a personas detenidas— ya habían sido liberadas. Describió que algunas personas fueron recogidas alrededor de las 2 p. m. y liberadas cerca de las 6 p. m. del 10 de octubre. Ese fue el relato de las liberaciones del sábado, no un nuevo plazo para el domingo. El Gobierno sostuvo que, en consecuencia, muchos recursos de hábeas corpus ya no seguían vigentes. Sin embargo, el relato disponible no proporciona una lista completa de liberaciones ni el número de personas que aún estaban retenidas. ^{11 33}

La magnitud sigue sin resolverse. Bar and Bench informó de las afirmaciones de los demandantes y de los medios sobre más de 7,000 detenciones y 45 centros de detención; ninguna de las dos cifras está verificada. The Indian Express publicó un recuento de alrededor de 2,000. Sin plazos de corte, definiciones ni métodos de recuento comparables, estas cifras no pueden conciliarse para obtener un total auditado ni utilizarse para calcular una tasa de liberación. Los presuntos 45 centros de detención tampoco tienen relación alguna con las 45 estaciones de Metro afectadas. ^{1 139}

Hay un desenlace identificado para tres dirigentes del CJP. Abhijeet Dipke, cuyo nombre también se transcribe como Abhijit Dipke, Saurav Das y Ashutosh Ranka fueron liberados el 11 de octubre tras comparecer ante el magistrado ejecutivo especial de Delhi Cantonment. Su liberación se produjo mediante procedimientos preventivos, no por una orden demostrada del Tribunal Supremo que los liberara personalmente. La policía mencionó una fianza de garantía de ₹50,000 y la obligación de mantener la paz y observar buena conducta durante un año; Ratna Singh, responsable jurídica del CJP, también confirmó la condición de mantener la paz durante un año. ^{131 149 19}

Dipke negó haber firmado un compromiso que dijera “no protestaremos” y afirmó que el movimiento “volverá a las calles”. Una condición de mantener la paz y la promesa de no protestar nunca no son lo mismo, por lo que esa negación no contradice por sí sola el relato policial sobre las garantías para la liberación. La intención del CJP de ampliar la agitación es un plan anunciado, no una prueba de que las protestas previstas se hayan llevado a cabo. ^{152 14}

El relato de campo de The Independent muestra los obstáculos prácticos. Su periodista describió cómo la policía detenía a manifestantes, aparentemente seleccionándolos uno por uno, y hacía retroceder a los periodistas pese a que estos se encontraban en el lado permitido de una barricada. El reportero contó que pasó seis o siete barricadas y luego caminó otro kilómetro, entre comercios cerrados y sin internet. Estas observaciones no fueron autenticadas de manera independiente. ²

Es fundamental señalar que la publicación del video el 11 de octubre no permite establecer cuándo se grabaron esas escenas. No puede demostrar un desacato posterior a la orden ni refutar directamente los anuncios de restablecimiento hechos el sábado por la noche. Otras informaciones del domingo denunciaron que continuaban las detenciones y las obstrucciones, mientras que una petición del legislador del RJD Manoj Kumar Jha planteó acusaciones de acoso sexual a manifestantes. El registro disponible no establece que el tribunal haya emitido conclusiones específicas para resolver esos incidentes. ^{2 28 11}

Esto da continuidad a una situación de libertades civiles que HeyDay News ya había cubierto. El 20 de julio de 2026 informamos del uso del artículo 163 y de las cargas con porras de la policía de Delhi después de que se denegara el permiso para una marcha estudiantil hacia el Parlamento. El 22 de julio informamos de la detención de Rahul Gandhi tras la sentada del 21 de julio en la que exigía que se rindieran cuentas. Aquellos fueron enfrentamientos anteriores, no cifras de detenciones de octubre. Lo nuevo es la intervención judicial del domingo y la exigencia de que los funcionarios expliquen si cumplieron la orden del 9 de octubre.

La información contemporánea sobre la audiencia confirma las directivas, pero no fue posible revisar de forma independiente las órdenes íntegras y firmadas del 9 y el 11 de octubre ni verificar el número del caso. El restablecimiento efectivo de la circulación y las comunicaciones, la conclusión de la revisión de las barricadas, el recuento de detenciones y la legalidad de cada detención siguen sin resolverse. La audiencia y los documentos del 13 de octubre son la próxima oportunidad para sustituir las garantías generales por un relato verificable. Una puerta abierta del Metro es un restablecimiento importante del acceso. No pone fin a la investigación. ^{1 136}