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Justicia · Asientos en el lugar de trabajo

Por qué añadir sillas no libró a Havan de una indemnización de R$300,000

Havan instaló sillas tras la intervención judicial. Un juez reconoció los cambios, pero afirmó que no borraban las infracciones anteriores en su tienda de Rondonópolis.

Escrito 8 min de lectura · 30 fuentes

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Traducido del original en inglés.

Havan deberá pagar R$300,000 por negar a sus trabajadores lugares accesibles para sentarse y descansar en su tienda de Rondonópolis, Brasil. No es el precio de no haber comprado unas cuantas sillas después de que se lo indicaran. Es una indemnización colectiva por una carencia que, según determinó el tribunal, persistió en varios departamentos desde al menos octubre de 2024 hasta abril de 2026, pese a las recomendaciones técnicas y a las medidas administrativas.⁠2

Esa distinción responde a la principal queja del propietario de Havan, Luciano Hang: la empresa instaló sillas después de recibir una notificación, pero aun así fue sancionada. El tribunal tomó en cuenta esos cambios y redujo la indemnización en consecuencia. Sin embargo, corregir las condiciones después de la intervención judicial no borró el daño anterior. Tampoco establece la sentencia de noviembre que aún faltaran sillas en ese momento.⁠1⁠2

La jueza sustituta de trabajo Marcia Martins Pereira firmó la sentencia de primera instancia el 9 de noviembre de 2026 en el Primer Juzgado de Trabajo de Rondonópolis, Mato Grosso, dentro del sistema TRT-23. Además de la indemnización, confirmó dos obligaciones de cumplimiento inmediato: proporcionar asientos accesibles con respaldo a los empleados que trabajan de pie e integrar las conclusiones ergonómicas en el programa formal de gestión de riesgos de la tienda.⁠2

R$300,000Indemnización colectiva por infracciones anteriores 2
R$50,000Por cada obligación incumplida, en cada caso comprobado 2
R$500,000Indemnización solicitada inicialmente por la fiscalía 2

No bastaba con que hubiera una silla en la planta baja

El problema práctico era la distancia y el acceso. Durante una inspección en julio de 2025, los inspectores de trabajo no encontraron asientos para descansar en los departamentos de alfombras, juguetes, mercancía general, ropa de cama y baño, y probadores. Los empleados del almacén y el personal de inspección de la tienda también describieron que trabajaban de pie y sin asientos para descansar. Había asientos en electrónica y en el departamento de paquetes; no se determinó que todos los trabajadores carecieran de un lugar donde sentarse.⁠2

Las sillas para clientes estaban destinadas a los clientes y no se encontraban donde trabajaban los empleados. Para usar los asientos de la cafetería o del patio de comidas, los trabajadores tenían que bajar las escaleras y fichar la salida. Por tanto, un breve descanso entre tareas pasaba a formar parte de la pausa registrada en su jornada laboral. La existencia de sillas en algún lugar del edificio no demostraba que se pudiera acceder a ellas para descansar donde el trabajo permitía hacer una pausa.⁠2

Una antigua empleada de las áreas comercial y de caja aportó un testimonio anterior sobre la misma diferencia. Trabajó entre octubre y diciembre de 2024; podía sentarse en la caja, pero no tenía dónde sentarse en el departamento comercial, y dijo que tampoco había asientos en el almacén. El juez señaló expresamente que los testigos no informaron de que se castigara a nadie por descansar. La conclusión se refería a la falta de asientos, no a una política disciplinaria probada contra quienes se sentaran.⁠2

Havan cuestionó tanto las pruebas como su interpretación. Afirmó que siempre había habido asientos, que las evaluaciones ergonómicas profesionales calificaban de bajo el riesgo de trabajar de pie porque los empleados se desplazaban y podían usar los asientos, y que la ley no exigía una silla personal en cada puesto. También cuestionó los mensajes de aplicaciones de mensajería recopilados durante la investigación por considerarlos parciales, insuficientemente identificados e incoherentes.⁠2

La incoherencia era real: de seis respuestas, tres describían asientos o la libertad de sentarse durante los descansos, mientras que tres negaban que hubiera asientos o que pudieran usarse. El juez razonó que las diferencias entre departamentos —y entre lo que se entendía por «pausa»— podían explicar la divergencia. Más importante aún, esos mensajes no eran las únicas pruebas. El tribunal también se basó en la inspección física, en testimonios examinados en audiencia y en los propios registros de Havan.⁠2

Cristina Rosa Lopes, la inspectora del Ministerio de Trabajo y Empleo que realizó la inspección, declaró bajo juramento que algunos asientos incluidos en el informe ergonómico de la empresa no estaban realmente allí. El juez valoró su testimonio con la salvedad explícita de que también había emitido las notificaciones de inspección. El MPT, la Fiscalía del Trabajo de Brasil, presentó la demanda; Lopes pertenecía al servicio gubernamental de inspección, no a la fiscalía.⁠2

Havan también alegó que se había restringido su derecho a la defensa. La sentencia deja constancia de que la empresa renunció a sus testigos, ambas partes dijeron que no tenían más pruebas y la audiencia concluyó sin que constara ninguna objeción. El juez rechazó una protesta genérica presentada posteriormente. Havan recibió el expediente completo de la investigación civil y la oportunidad de responder, pero no señaló ningún material nuevo que exigiera una defensa complementaria, por lo que no se reabrió ese plazo.⁠2

Qué cambió tras la intervención judicial

Las advertencias precedieron a la demanda. El propio análisis ergonómico de Havan recomendó asientos para descansar antes de noviembre de 2024. La inspección de julio de 2025 dio lugar a dos actas de infracción, y las citaciones administrativas quedaron registradas ese septiembre. Havan rechazó el 22 de octubre de 2025 una propuesta de acuerdo extrajudicial de ajuste de conducta. El juez consideró legal ese rechazo; su importancia radicaba en que la empresa ya había sido alertada formalmente del problema.⁠2

El MPT presentó la demanda el 12 de abril de 2026. Tras una orden judicial de emergencia, Havan presentó el 23 de abril fotografías de sillas y registros de asistencia a orientaciones para empleados. La fiscalía reconoció el cumplimiento en esa etapa, aunque se reservó el derecho de realizar nuevas comprobaciones. El juez reconoció la respuesta pocos días después, pero determinó que las fotografías demostraban medidas correctivas, no que antes hubiera asientos disponibles en los departamentos señalados por los inspectores.⁠2

La segunda obligación se refiere a lo que ocurre con una evaluación una vez redactada. El análisis ergonómico de Havan identificó la postura de pie como un riesgo, pero el inventario de riesgos de su PGR, o programa de gestión de riesgos, la omitió entre abril de 2024 y marzo de 2026. Ese programa aún incluía una instrucción pendiente de encargar una evaluación ergonómica y contratar a un especialista. Un nuevo PGR, vigente desde el 22 de abril de 2026, por fin incluyó el riesgo de la postura de pie. La orden vigente exige que también se incorpore en futuras revisiones.⁠2

El tribunal aclaró que Havan no tiene que proporcionar una silla individual en cada puesto de trabajo que se realice de pie. Los empleados pueden seguir realizando tareas de pie siempre que tengan asientos accesibles con respaldo para hacer pausas, incluidos los intervalos entre la atención a clientes. Algunos registros ergonómicos de la empresa indicaban que no había pausas oficiales; por tanto, limitar los asientos a los descansos designados formalmente habría vaciado de contenido la protección. El código laboral y las normas de ergonomía de Brasil permiten aplicar medidas preventivas sin esperar a que un trabajador desarrolle una enfermedad profesional demostrada.⁠2

Indemnización por daños pasados, obligaciones laborales vigentes

El juez aceptó el argumento general de Havan de que no toda infracción de la legislación laboral justifica automáticamente una indemnización por daños colectivos. Consideró grave esta infracción porque privó a un grupo de trabajadores de varios departamentos de una protección básica de la salud durante un periodo prolongado, pese a las advertencias. También influyeron el tamaño de la empresa y el efecto disuasorio: las pruebas de la inspección registraron 126 trabajadores en la tienda y más de 21,000 en toda la empresa. Eran cifras que constaban en esas pruebas, no un recuento actual de la plantilla ni una conclusión de que los 126 se vieran afectados.⁠2

Los límites también importaron. El tribunal circunscribió la infracción probada a la tienda inspeccionada de Rondonópolis; la fiscalía no había probado que se repitiera en todo el país. No se demostró ninguna enfermedad concreta causada por la conducta y el rápido cumplimiento favoreció a Havan. Esas consideraciones contribuyeron a que la indemnización quedara por debajo de los R$500,000 solicitados por la fiscalía. La sentencia también fijó R$6,000 en costas judiciales.⁠2

En una declaración en Instagram recogida por Metrópoles el 13 de noviembre, Hang calificó el resultado de «persecución». Dijo que Havan había instalado algunas sillas después de recibir la notificación, pero aun así fue sancionada; sostuvo que el exceso de burocracia y la inseguridad jurídica desalientan la inversión, y expresó su esperanza de que los tribunales superiores revocaran la decisión. Esa es su caracterización del caso. La respuesta de la sentencia es que el cumplimiento posterior contó a favor de Havan, pero no extinguió su responsabilidad por lo ocurrido antes.⁠1⁠2

Los R$300,000 son una indemnización colectiva, no un pago individual prometido a los empleados. Se destinan a fondos públicos o a proyectos e instituciones de interés público que el MPT elija con aprobación judicial. La multa de ejecución, separada, de R$50,000 se aplica por cada obligación laboral incumplida cuando se establezca el incumplimiento; no se acumula diariamente y no hay ninguna determinación verificada de que ya se haya devengado una.⁠2

Lo que sabemos

  • Las obligaciones sobre asientos y riesgos ergonómicos son de cumplimiento inmediato y protegen tanto a la plantilla actual como a las futuras contrataciones. Un recurso ordinario no las suspende automáticamente. 2

Lo que no sabemos

  • No se ha verificado la presentación de un recurso, el resultado de una apelación, la firmeza de la indemnización ni el pago de los R$300,000.

Lo que viene

  • Estén atentos a cualquier recurso u orden de ejecución que modifique la resolución y a la confirmación de que ambas protecciones laborales siguen vigentes.

El cobro de la indemnización suele producirse después de que la sentencia sea firme. Las obligaciones preventivas no tienen que esperar hasta entonces. Para esta tienda, la distinción aplicable es sencilla: el trabajo puede exigir estar de pie, pero cuando permite hacer una pausa, los empleados deben disponer de un lugar accesible donde sentarse.⁠2

Fuentes25

De las fuentes citadas aquí, sgc.com.br publicó primero, 3 días antes de que se emitiera esta noticia. Le siguieron 17 medios más.
  1. sgc.com.br
  2. Radar Notícias
  3. Olhar Direto
  4. Google News Brasil (BR:pt-419)
  5. RepórterMT - Notícias de Mato Grosso e Cuiabá Hoje
  6. Gazeta do Povo
  7. O Bairrista
  8. NMT - Notícias de Mato Grosso
  9. +10 medios más
  10. HeyDay News

2 artículos anteriores consultados como contexto.7 medios sin fecha:jus.brcidadaoconsumidor.com.brdiariodecuiaba.com.brGC NotíciasGuia Centro-Oestemidianews.com.br

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Tal como se emitió
  1. Havan workers had to clock out and go downstairs to sit and rest.
  2. A labor court has ordered the retailer to pay 300,000 reais in collective damages. It also imposed continuing workplace protections for employees who work standing. Why did adding chairs fail to spare Havan a damages award?
  3. The court confined its findings to Havan's store in Rondonópolis, in Brazil's Mato Grosso state. Substitute labor judge Marcia Martins Pereira signed the first-instance judgment on November 9, 2026, in the city's First Labor Court, within the TRT-23 system.
  4. The order requires accessible seats with backrests during pauses, including gaps between serving customers. Employees can continue performing standing tasks while having somewhere to rest when work permits. The requirements protect current staff and future hires.
  5. The 300,000 reais compensates collective harm from the earlier violations. The judge found that employees across several departments had lost a basic workplace health protection over a sustained period, despite technical recommendations and administrative action.
  6. The Labor Prosecutor's Office, known as the MPT, brought the case. Its investigation followed a complaint about standing work without opportunities to sit. Inspectors then checked whether seats were actually available where employees needed them.
  7. Inspectors found no rest seats in the carpet, toys, general merchandise, bedding and bath, and fitting-room departments during their July 2025 visit. Warehouse employees and store inspection staff also described spending their shifts standing without rest seats.
  8. There were seats in electronics and the package department. Customer seating was intended for customers and wasn't where employees worked. Cafeteria and food-court seating required workers to go downstairs and clock out. That turned a short rest between tasks into part of their recorded workday break.
  9. Havan's own ergonomic analysis recommended rest seating by November 2024. The July 2025 inspection produced two violation notices, with administrative citations recorded that September. Havan declined an out-of-court conduct-adjustment agreement on October 22. The judge accepted that refusal as lawful.
  10. A former commercial and checkout operator described the same practical divide. She worked there from October to December 2024 and could sit at checkout, but had nowhere to sit in the commercial department. She also described no warehouse seating. The court found the shortage persisted from at least October 2024 until April 2026.
  11. Six responses collected during the inquiry split evenly. Three described seats or freedom to sit during breaks. Three denied seats existed or could be used. The judge said different departments and different meanings of a break could explain that split.
  12. Havan challenged those messaging-app statements as one-sided, poorly identified and inconsistent. It argued that seats had always existed. Its professional ergonomic assessments rated standing-posture risk as low because workers moved around and could use seats. It also argued that the law didn't require a personal chair at every workstation.
  13. Some of Havan's own ergonomic records said there was no official pause. The court rejected limiting seating to formally designated breaks, because that would exclude gaps between customers. It clarified the order around accessible rest seats rather than individual chairs at every standing workstation.
  14. The court also relied on the physical inspection, testimony questioned in court and Havan's own documents. Inspector Cristina Rosa Lopes testified under oath that some seats listed in the company's ergonomic report weren't actually present. The judge considered that she was also the official who issued the inspection notices.
  15. The judge corrected the hearing record to identify Lopes as a Ministry of Labor and Employment inspector. The MPT was the prosecuting body. Witnesses didn't describe punishment for resting, and the court's finding centered on inaccessible seats in the affected departments.
  16. Havan also argued that its defense rights had been restricted. Two prosecution witnesses testified. Prosecutors waived a third witness and testimony from Havan's representative, while Havan waived its own witnesses. Both sides said they had no further evidence, and the hearing closed without a recorded objection.
  17. The judge rejected Havan's later generic objection because the company hadn't renewed its remaining evidence requests when the hearing closed. Havan also received the full civil-inquiry file and an opportunity to respond, but identified no new material requiring a supplementary defense.
  18. The judge therefore refused to reopen the defense deadline. Those procedural decisions sit alongside the company's objections to the seating evidence. The court then credited Havan for taking corrective action within days of the emergency order.
  19. The MPT filed suit on April 12, 2026. After emergency court intervention, Havan's updated risk program took effect April 22. On April 23, the company submitted chair photographs and attendance records showing employees had received guidance on using them.
  20. Labor prosecutors acknowledged compliance at that stage, while reserving further checks. The photographs demonstrated action after the lawsuit. Other pictures showed the cafeteria, food court and an already-seated workstation. They didn't demonstrate that seats had previously been available in the departments inspectors identified.
  21. Subscribe to this channel to follow Havan's challenge and the continuing workplace requirements.
  22. Havan's later compliance helped reduce the damages award, but it didn't erase the earlier harm. The November ruling also doesn't mean the store still lacked chairs then. It makes the protections continuing, enforceable duties.
  23. Havan's ergonomic analysis identified standing posture as a risk, but its April 2024 to March 2026 risk inventory omitted it. The new program, effective April 22, 2026, finally included it. The continuing order requires that integration in future revisions too.
  24. The risk-management program, called the PGR, is supposed to turn assessments into prevention. The earlier program still carried a pending instruction to commission an ergonomic assessment and hire a specialist. Repeated assessments alone couldn't replace putting their findings into the system used to manage workplace risks.
  25. Judge Marcia Martins Pereira found harm affecting a group of workers across sales, warehouse and inspection. Brazil's labor law and ergonomics rules require rest seats and risk prevention. The court could enforce those protections before anyone developed a proven occupational illness.
  26. The judge accepted Havan's argument that every labor-law breach doesn't automatically justify collective damages. She found this one serious because it continued across several departments despite warnings. She also weighed Havan's size, deterrence and its response after the problem was detected.
  27. Each workplace obligation carries a separate 50,000-real penalty every time a breach is established. Both obligations are immediately enforceable. The judge declined to revoke the emergency relief, grant more compliance time or reduce that penalty after Havan said it had complied.
  28. The penalty is triggered by findings of noncompliance rather than accruing daily. The court can adjust future penalty amounts or frequency if they become insufficient or excessive. An ordinary appeal doesn't automatically suspend the two workplace duties.
  29. Havan owner Luciano Hang called the outcome persecution in his public response published November 13. He said the company had put in some chairs after notification but was penalized anyway. He expressed hope that higher courts would reverse the penalty.
  30. Hang also said excessive bureaucracy and legal uncertainty discourage investment. The court had credited the later changes while holding Havan responsible for what happened before intervention. It's unclear whether Havan has filed an appeal.
  31. The judgment awards 300,000 reais in collective damages, with the separate conditional 50,000-real enforcement penalty and 6,000 reais in court costs. Prosecutors had sought 500,000 reais. That requested amount was also the stated value of the lawsuit.
  32. The inspection evidence recorded 126 workers at this store and more than 21,000 company-wide at that time. The judge used those figures to assess proportionality. The seating finding covered the affected departments, while prosecutors' allegations of nationwide repetition weren't proved. Prompt compliance and the lack of demonstrated illness also weighed in Havan's favor.
  33. The collective compensation is designated for public funds or eligible public-interest projects and institutions, selected by the MPT with court approval. Any enforcement penalties have the same kind of destination. Workers haven't been promised individual shares of the award.
  34. The damages receive IPCA inflation correction from the award date. Statutory interest runs from filing at the SELIC rate minus IPCA, with a zero floor. The judgment treats the award as compensation and specifies no tax or social-security contributions on it.
  35. Collection of the damages generally follows final judgment. The workplace protections already apply: employees doing standing jobs must retain accessible backed seats for pauses between tasks and customers, and Havan must carry ergonomic findings into its formal risk-management program.

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