Líderes de las protestas por el derecho al voto en India afrontan cinco días de prisión preventiva mientras se espera el examen judicial

El movimiento Cockroach, liderado por jóvenes en India, comenzó a movilizarse por la educación, las filtraciones de exámenes y la corrupción, y luego amplió su desafío al sistema electoral. Ahora, la disputa sobre quién puede votar se ha vuelto inseparable del lugar donde se permite protestar: dos líderes, Saurav Das y Ashutosh Ranka, fueron enviados a cinco días de prisión preventiva el 14 de octubre de 2026, tras entrar en el recinto de protesta de Jantar Mantar, en Nueva Delhi. ^{56 245}

En nuestro reportaje del 12 de octubre, describimos las directrices del Tribunal Supremo que protegían la circulación legal, el acceso al transporte y la reunión pacífica, junto con avisos por desacato que exigían a los funcionarios explicar la represión del fin de semana. La audiencia de seguimiento prevista para el 13 de octubre se aplazó porque la jueza V. Mohana se encontraba mal. Los funcionarios recibieron hasta la tarde del 14 de octubre para responder, y se enviaron copias a los abogados de los demandantes; la audiencia se trasladó al 15 de octubre. No se ha establecido ningún resultado de esa audiencia. ^{15 237 238}

Es necesario corregir la cronología. Un relato inicial dedujo que los manifestantes habían entrado en Jantar Mantar el 12 de octubre. Informaciones más específicas sitúan la entrada y las detenciones el 13 de octubre, un día después de que la policía retirara al lugar su designación como sitio para manifestaciones. Fueron detenidas 14 personas: Das, Ranka y Ajinkya Shinde, otro líder del Cockroach Janta Party, además de 11 voluntarios; no tres líderes y 14 voluntarios. La policía afirma que treparon por puertas o barricadas y entraron sin autorización. ^{263 266 248}

Das y Ranka comparecieron ante un magistrado ejecutivo especial en la comisaría de Mandir Marg aproximadamente a las 8:30 a. m. del 14 de octubre. El magistrado ordenó cinco días de prisión preventiva y señaló la cárcel de Tihar como su destino. La justificación comunicada se refería a la conducta prevista: que su puesta en libertad podría dar lugar a nuevas infracciones e incitar a otras personas. Se trata de procedimientos de detención preventiva y prisión preventiva, no de una condena establecida tras un juicio penal. No se ha verificado una puesta en libertad posterior ni la fecha exacta de vencimiento de la prisión preventiva. ^{264 246 243}

La situación de Shinde sigue siendo objeto de versiones discrepantes. Moneycontrol informó que los tres líderes recibieron cinco días de prisión preventiva, mientras que el reportaje de Hindustan Times del 15 de octubre describió en términos generales a tres miembros como encarcelados. Las informaciones de The Times of India centradas en cada persona, del 14 y 15 de octubre, distinguen a Shinde, a quien se le impuso una obligación de comparecer, de Das y Ranka, que recibieron prisión preventiva. Sin la orden completa, las condiciones de su fianza y su paradero siguen sin aclararse. ^{247 250 246 243}

Se trata de una nueva detención, no de una prisión ininterrumpida desde el fin de semana. Como informamos anteriormente, Das y Ranka fueron puestos en libertad el 11 de octubre junto con Abhijeet Dipke, tras comparecer ante las autoridades en Delhi Cantonment. La policía mencionó una fianza de ₹50,000 y una condición de mantener la paz y buena conducta durante un año. Dipke negó haber firmado un compromiso de no protestar, una negativa más acotada que rechazar todas las condiciones de la fianza. Shinde, no Dipke, es el tercer líder mencionado en el nuevo incidente. ^{163 166 248}

Las directrices del Tribunal Supremo del 11 de octubre prohibían la detención ilegal y protegían las reuniones pacíficas y sin armas fuera de las zonas sujetas a restricciones en virtud del artículo 163. También exigían la circulación legal, el funcionamiento normal del metro y los trenes sujeto a los requisitos de orden público, servicios de internet conformes a la ley, una revisión de las barricadas injustificadas y protección para los periodistas y abogados en el ejercicio de su labor. Esas protecciones no convierten en ilegal toda detención ni demuestran que los funcionarios incurrieran en desacato. ^{15 21}

La eliminación de la designación de Jantar Mantar como lugar de manifestaciones cambió las condiciones prácticas para reunirse. La policía anunció tres lugares sustitutos, pero sus nombres, disponibilidad y condiciones de autorización no se han verificado; tampoco se ha verificado el instrumento jurídico preciso que respalda el cambio. Rahul Gandhi prometió el 14 de octubre «recuperar» Jantar Mantar. Se trata de un compromiso político, no de una decisión firme que restablezca su función como lugar de protesta. ^{1 251 268}

La cuestión de los permisos también sigue sin respuesta. El 12 de octubre, el Cockroach Janta Party dijo que solicitaría una fecha aprobada por la policía y convocaría otra protesta si no recibía respuesta en un plazo de 24 horas. No se ha confirmado ninguna cita ni fecha autorizada, ni se ha documentado claramente que se cumpliera esa amenaza condicional. El anuncio en sí no era una manifestación programada. ¹⁰

Las autoridades cerraron seis estaciones del metro por motivos de seguridad antes de la marcha opositora del 12 de octubre y anunciaron restricciones o desvíos de tráfico en 20 puntos. Los seis cierres fueron una nueva restricción, separada de las 45 estaciones afectadas durante el fin de semana anterior. No se han verificado los nombres de las estaciones del lunes, la duración de los cierres ni los horarios de reapertura. Como el tribunal permitió restricciones legales por motivos de orden público, los cierres plantean una cuestión de cumplimiento, pero por sí solos no prueban desacato. ^{10 72 15}

La magnitud de la marcha también sigue sin aclararse. NPR informó el 12 de octubre que miles de personas marcharon hacia el Tribunal Supremo; el reportaje de Bloomberg Television del 13 de octubre describió a cientos de personas en la procesión por el centro de Delhi. Ninguna de las dos fuentes ofrece un criterio común de recuento que permita conciliar las estimaciones. Los participantes exigieron que se detuviera la Revisión Intensiva Especial de los padrones electorales y que dimitiera Gyanesh Kumar, comisionado jefe electoral. ^{1 8}

Los informes denominan petición o memorando al documento presentado por la oposición, pero no se ha establecido que se registrara formalmente, que fuera admitido ni que se incluyera en el calendario judicial. Según la versión del Congreso, recogida por The Guardian, el presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, rechazó una solicitud de reunión y remitió a la delegación a los procedimientos judiciales. El rechazo a una reunión no es una sentencia que desestime las denuncias electorales; el caso sobre las restricciones a las protestas tampoco es un fallo sobre la validez de la revisión. ^{1 10 241}

La cifra que impulsa el enfrentamiento exige una distinción igualmente precisa. La recopilación Off the Roll de ImpactMojo, del 14 de octubre, registra 133,903,307 nombres omitidos de los borradores de los padrones en 31 estados y territorios de la Unión. No demuestra que se hayan eliminado definitivamente y por error 133.9 millones de personas, que se haya excluido a ese número de personas con derecho a voto ni que se hayan emitido y descartado votos. Las descripciones anteriores de más de 130 millones de votantes eliminados del registro fueron demasiado categóricas sobre lo que mide esa cifra. ^{234 253}

La recopilación combina distintas fechas y etapas de revisión; el 14 de octubre es la fecha del informe, no una fecha común de publicación de borradores en todo el país. No se ha reconstruido de forma independiente la suma nacional ni se ha establecido si cuenta a cada persona una sola vez. Los motivos registrados —entre ellos ausencia, traslado, fallecimiento e inscripción múltiple— son clasificaciones administrativas, no una verificación independiente de que todas las omisiones fueran correctas. ^{234 255}

El proceso ayuda a explicar tanto la defensa oficial como el riesgo. Los funcionarios electorales de cada mesa recopilan formularios de enumeración de los hogares; los formularios devueltos se incorporan al borrador del padrón, mientras que se omiten los nombres vinculados a formularios no devueltos. El Formulario 6 ofrece una vía para solicitar la inclusión y el Formulario 7, para presentar objeciones. La Comisión Electoral y el BJP del primer ministro Narendra Modi niegan que haya manipulación y afirman que la revisión elimina nombres duplicados y de personas no aptas para figurar en el padrón. Los partidos opositores denuncian que se excluye de forma desproporcionada a votantes con derecho a sufragio, en particular musulmanes y otras minorías. No se ha establecido ni el total de exclusiones erróneas ni un desglose demográfico fiable. ^{256 7 10}

Para el 2 de octubre se había informado de una campaña especial de inclusión; la cobertura del 7 de octubre la describió en 20 estados donde la revisión había concluido, con el Formulario 6 ordinario y sin la declaración adicional de la SIR. Es una medida potencialmente importante, pero faltan cifras sobre las restituciones completadas. La existencia de una vía para presentar solicitudes no demuestra que las personas con derecho a voto recuperaran su inscripción a tiempo para votar. ^{257 258}

Las cifras anteriores de la Fase II deben mantenerse separadas: en abril, los informes describieron unas 72 millones de bajas brutas y más de 20 millones de inclusiones en 12 jurisdicciones, lo que produjo una reducción neta de aproximadamente 52 millones. Las inclusiones pueden abarcar tanto nuevas inscripciones como la restitución de nombres. Esas cifras no pueden sumarse al recuento más amplio de omisiones en borradores de octubre ni considerarse exclusiones erróneas probadas. ^{236 230}

Hay motivos de preocupación específicos sobre la gobernanza, más allá de la cifra principal. Una investigación de The Indian Express identificó 14 notas u objeciones registradas durante diez meses por los comisionados Sukhbir Singh Sandhu y Vivek Joshi. La Comisión las calificó de sugerencias y dijo que las decisiones fueron unánimes. Las preocupaciones internas y las decisiones formalmente unánimes pueden coexistir. La falta de las notas completas y de los registros de las decisiones deja sin resolver cuestiones de procedimiento; no demuestra que cada baja impugnada respondiera a directrices políticas. ^{229 227 233}

Las dos disputas exigen respuestas distintas. El examen electoral debe determinar quién fue excluido por error y si las medidas correctivas funcionaron. El examen de las libertades civiles debe establecer si las personas pudieron impugnar legalmente el proceso sin obstrucciones ni detenciones injustificadas. Ninguna de las dos cuestiones puede resolverse señalando las garantías escritas. Ambas dependen de que esas garantías funcionen para quienes las necesitan.