El terremoto de magnitud 7.4 en Colombia dejó 331 muertos y 1.2 millones de personas necesitadas de ayuda

El sismo se produjo a las 7:34 a. m. del 10 de agosto: tuvo una magnitud de 7.4 y su epicentro estuvo en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Afectó gravemente a las regiones central y occidental⁠3. Noticias ONU lo llamó un «poderoso terremoto»⁠2. Para un país acostumbrado a los temblores, la magnitud y la geografía del desastre fueron devastadoras: la ruptura afectó una de las zonas más pobres y menos comunicadas de Colombia, donde las casas tienen estructuras ligeras, las carreteras se anegan con las lluvias habituales y los servicios estatales ya eran escasos⁠6.

Lo que siguió no fue un desastre único, sino una acumulación de crisis. ABC/AP, a través de ABC News, describió la recuperación en el Chocó como una «triple crisis» debido a la pobreza de larga data, la infraestructura deficiente y los servicios con financiación insuficiente⁠6. The New Humanitarian informó que el sismo golpeó «en un momento difícil para la respuesta humanitaria»⁠7. Esa expresión no alcanza a describir lo que ocurrió sobre el terreno: edificios derrumbados, carreteras bloqueadas y clínicas desbordadas se sumaron al mismo tiempo, mientras algunas comunidades seguían incomunicadas días después⁠2.

La destrucción física, allí donde se ha medido, es asombrosa. Solo en el barrio Lleras de Buenaventura, más de 54 viviendas quedaron destruidas o en riesgo de derrumbe⁠2. A escala nacional, la evaluación RAPIDA del PNUD estimó el 28 de agosto daños estructurales por USD 13.2 billion, o COP 42.1 trillion, y 16.9 millones de metros cúbicos de escombros⁠5. Las fuentes discrepan sobre el costo de la reconstrucción: una agencia estadounidense citada por EL PAÍS calculó que ascendería a entre $1–10 billion⁠9. La diferencia entre esas cifras no es un error de redondeo. Es una advertencia de que todavía nadie coincide en qué se perdió, y mucho menos en lo que costará reponerlo.

El número de víctimas aumentó a medida que se revisaban las listas y se llegaba a zonas remotas. EL PAÍS informó que alrededor de 200 personas estaban desaparecidas al 12 de agosto⁠9. Para el 23 de agosto, la cifra era de 294 muertos y 320 desaparecidos⁠11. Dos días después, el balance de la Unidad Nacional correspondiente al 25 de agosto situó el saldo en 331 muertos, con cientos de personas aún desaparecidas⁠4. Esa evolución no significa que los informes anteriores fueran erróneos. Significa que el desastre seguía revelando su magnitud y que las listas de personas desaparecidas, en medio de desplazamientos y cortes de comunicación, tardan en depurarse y verificarse.

El presidente Abelardo de la Espriella puso en marcha las labores de reconstrucción desde Quibdó el 24–25 de agosto y prometió ayudas en efectivo mensuales, hipotecas a tasas reducidas y un fondo de reconstrucción de $9.8 billion⁠10. La elección de Quibdó fue importante. Situó brevemente la presidencia en la capital del Chocó más cercana a la zona del epicentro, como señal de que el Estado reconstruiría donde rara vez ha construido gran cosa⁠10. La pregunta que queda sin plantearse dentro de esa promesa es si los pagos mensuales y el crédito subsidiado pueden funcionar allí donde los títulos de propiedad son informales y no hay bancos.

El 19 de agosto se publicó la Adenda al Plan de Respuesta Humanitaria⁠3. El expediente de investigación no confirma las afirmaciones narradas sobre un decreto nacional de desastre específico del 10 de agosto ni sobre un decreto de emergencia económica, social y ecológica del 19 de agosto, por lo que esos detalles no deben considerarse establecidos basándose únicamente en estas fuentes⁠3. Esa ausencia importa porque las declaraciones de emergencia habilitan fondos y facultades. Lo documentado es la planificación, no el instrumento jurídico que supuestamente la autoriza.

La decisión inicial más polémica fue quién podría ayudar. Colombia limitó la aceptación de equipos internacionales de rescate a los procedentes de solo cuatro países, mientras se cerraba la ventana de supervivencia⁠8. EL PAÍS informó que durante las primeras 72 horas hubo «un despliegue desigual de los equipos de rescate y lentitud para aceptar la ayuda internacional»⁠9. En los primeros tres días, cuando aún es posible rescatar personas con vida, incluso las demoras breves se miden en vidas. En estas fuentes, el Gobierno no ha explicado la restricción en términos operativos, y la información publicada no aclara si obedeció a motivos logísticos, de soberanía o a una simple saturación⁠8⁠9.

Quienes vieron nuestra transmisión habrán oído cifras precisas de financiación: un llamamiento por $148.1 million, $35 million de donantes, $5 million de un fondo de emergencia de la ONU y una brecha resultante de $108 million. Esas cifras específicas no están confirmadas en las fuentes proporcionadas⁠2⁠3⁠7. Tampoco están confirmadas las cifras relacionadas mencionadas en la narración: 4,449 heridos, 364 rescatados, una profundidad de 110 km, temblores sentidos en Ecuador y Panamá, atribuciones por departamento, tonelaje del PMA, cifras de escuelas y viviendas, número de réplicas o una fecha de corte del 26 de agosto. Eso no significa que sean falsas. Significa que aquí no están verificadas, y una historia de esta magnitud no debería apoyarse en cálculos sin verificar.

Lo que sí está verificado es que las necesidades superan con creces el alcance de la ayuda. Noticias ONU informó que algunas comunidades siguen incomunicadas⁠2. La advertencia inicial de The New Humanitarian sobre un momento difícil para la respuesta se ha confirmado⁠7. El texto disponible de las fuentes no confirma los detalles narrados sobre enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en el occidente del Chocó, restricciones a la movilidad, 72,000 personas atendidas o entregas del PMA, aunque las limitaciones de acceso, como hecho general, son compatibles con que algunas comunidades estén aisladas⁠2⁠7. En otras palabras: la barrera es real; los actores a quienes se atribuye no están identificados en este expediente.