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Política · Divulgación de los archivos de EpsteinNoticia en seguimiento · informe 3 de 3

218 firmas ponen el proyecto de ley para hacer cumplir la divulgación de los archivos de Epstein en camino a una votación en la Cámara

Una mayoría de la Cámara ha abierto una vía para sortear a los líderes republicanos. La ley propuesta permitiría a los sobrevivientes y a los investigadores demandar por el bloqueo de los archivos de Epstein, pero las firmas no equivalen a la promulgación.

Escrito 8 min de lectura · 63 fuentes

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Traducido del original en inglés.

Qué cambió desde nuestro último informe

97 días después

Entonces

Un año después, la cooperación es la cuestión en disputa en la lucha por los archivos de Epstein

Pendiente entonces

  • Ninguna fuente independiente del expediente verifica las citas de Krishnamoorthi en C-SPAN ni el nivel de cooperación de la Casa Blanca.
  • No hay confirmación por separado de que los republicanos se hicieran eco de su crítica específica a la Casa Blanca.

Lo que dijimos que vigilaríamos

  • Si el tribunal ordenará la publicación o aceptará las tachaduras después de la audiencia del 13 de agosto.
  • Si Comer cerrará la investigación de la Cámara con remisiones penales.
  • Si avanzará la ley de transparencia y si Trump la firmaría.

Ahora

Una mayoría de la Cámara ha abierto una vía para sortear a los líderes republicanos. La ley propuesta permitiría a los sobrevivientes y a los investigadores demandar por el bloqueo de los archivos de Epstein, pero las firmas no equivalen a la promulgación.

218 firmas —una mayoría de la Cámara— han abierto una vía para sortear a los líderes republicanos y llevar adelante una legislación que permitiría a los sobrevivientes de Epstein, los fiscales estatales y los legisladores llevar ante los tribunales al fiscal general de Estados Unidos por bloquear archivos. Se trata de un cambio significativo en el control de la agenda de la Cámara. Aún no es una victoria para el acceso a los archivos.⁠33⁠3

La petición de descarga del representante Thomas Massie alcanzó el umbral el 11 de noviembre de 2026, cuando el demócrata de California John Garamendi aportó la firma número 218. El demócrata de Washington Adam Smith había añadido la número 217 el día anterior. El registro oficial del secretario de la Cámara contiene 218 firmas: las de los 214 demócratas y cuatro republicanos.⁠33

Los republicanos que firmaron son Massie, de Kentucky; Nancy Mace y Ralph Norman, de Carolina del Sur; y Brian K. Fitzpatrick, de Pensilvania. ABC News describió a los cuatro como miembros salientes. Sus firmas respaldan que la propuesta avance; no los obligan a votar a favor de su aprobación definitiva. No se ha programado una votación en el pleno.⁠33⁠3

La idea central de la propuesta es sencilla: quienes buscan registros no deberían depender por completo del departamento que los tiene para que haga cumplir sus propias obligaciones de divulgación. La Ley II de Transparencia de los Archivos de Epstein daría a los sobrevivientes y a los investigadores herramientas legales propias para impugnar presuntos incumplimientos, y establecería plazos para el Congreso respaldados por el derecho a demandar. Esas facultades todavía requieren la promulgación de la ley.⁠61

El 8 de agosto de 2026, informamos sobre la evaluación del representante Raja Krishnamoorthi de que el presidente Donald Trump no estaba cooperando plenamente con la investigación de Epstein, según lo que querían los legisladores. También informamos sobre el argumento del representante Pete Sessions de que el Congreso había remitido el asunto al Departamento de Justicia y lo había convertido en un «arma política». Esas fueron evaluaciones de legisladores, no conclusiones judiciales. Lo que ha cambiado es concreto: ahora una mayoría ha firmado un instrumento procedimental para impulsar una aplicación más estricta. Eso no resuelve las acusaciones anteriores sobre la cooperación del poder ejecutivo.

El acceso también les corresponde a los sobrevivientes

Este no es el primer mandato de divulgación. El Congreso aprobó abrumadoramente la Ley original de Transparencia de los Archivos de Epstein en noviembre de 2025, después de que Massie usara una petición de descarga para forzar esa votación en la Cámara, y Trump la firmó. La nueva medida modificaría esa ley, la Ley Pública 119-38, en lugar de crear la primera obligación de divulgar registros.⁠3⁠61

Massie presentó el proyecto de ley independiente, H.R. 9694, el 15 de julio junto con los demócratas Ro Khanna, de California, y Teresa Leger Fernández, de Nuevo México. Se remitió al Comité Judicial. Los senadores Jeff Merkley, de Oregón, y Ben Ray Luján, de Nuevo México, encabezan la versión del Senado.⁠61⁠30

Al presentarlo, Massie acusó al Departamento de Justicia de retener ilegalmente más de tres millones de archivos de Epstein y de mantener numerosas tachaduras. Esa fue su acusación en julio, no un inventario de noviembre recién verificado ni una conclusión judicial sobre qué registros se han retenido ilegalmente. El éxito de la petición demuestra el número de firmas, no la veracidad de la acusación.⁠30

Para un sobreviviente, el proyecto de ley establecería el derecho a solicitar registros completos y sin tachaduras que se refieran a esa persona o al daño que sufrió, incluidos informes de entrevistas del FBI y referencias a sus padres, hermanos o tutores legales. El derecho abarcaría los registros o partes que se refieran a ese sobreviviente, no un derecho irrestricto a la información de otros sobrevivientes. Los datos de identificación de otras víctimas y el material personal o médico protegido podrían seguir tachados.⁠61

Un sobreviviente que alegara retención ilegal, ocultamiento, demora, falta de respuesta o una tachadura injustificada podría demandar al fiscal general. Los fiscales generales estatales, los fiscales de distrito y otros funcionarios estatales autorizados también podrían iniciar acciones para hacer cumplir la ley en nombre de sus estados o residentes. Las medidas disponibles incluirían órdenes judiciales, compensación monetaria, costas y honorarios razonables de abogados, y se indicaría a los tribunales que tramitaran los casos con la mayor celeridad posible.⁠61

La definición propuesta de víctima abarca a las personas perjudicadas directamente por abusos, trata, trabajo forzado, explotación o delitos relacionados que involucren a Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell o su red criminal. El reconocimiento federal, un expediente de investigación o una declaración jurada en la que se alegue el daño podrían establecer la conexión especificada. En general, quedarían excluidas las reclamaciones derivadas de la participación o el beneficio de una persona en los delitos, aunque se mantendría la cobertura si esa implicación comenzó como consecuencia de su propia trata o abuso. Estas son definiciones legales propuestas, no conclusiones sobre ninguna otra persona nombrada.⁠61

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, explicó lo que estaba en juego para la investigación cuando respaldó el proyecto de ley el 15 de julio:

Los sobrevivientes han esperado demasiado tiempo para obtener respuestas, y mi oficina ha esperado demasiado tiempo a que el gobierno federal entregue los registros sin tachaduras que necesitamos para completar nuestra investigación penal.

Raúl Torrez 30

Eso describe la preocupación que su oficina manifestó en julio, no una versión verificada de lo que posee ahora. La legislación se aplicaría a las investigaciones estatales ya en curso al momento de su promulgación y se sumaría a otras medidas disponibles. Su importancia radica en que los investigadores podrían solicitar el acceso mediante un sistema definido para hacer cumplir la ley, en vez de limitarse a pedirlo y esperar.⁠61

Sin tachaduras no significa sin restricciones

El proyecto de ley establece una distinción importante entre publicar información y dar a los investigadores un acceso que puedan utilizar. Los fiscales estatales podrían obtener copias sin tachaduras incluso cuando los registros deban permanecer debidamente ocultos al público. Podrían tenerlos, conservarlos y utilizarlos en investigaciones y procedimientos autorizados, con órdenes de protección para salvaguardar a las víctimas. El acceso no podría limitarse a la inspección privada de un juez de manera que impidiera a los investigadores poseer y utilizar los registros.⁠61

Las partes protegidas utilizadas ante los tribunales seguirían bajo sello o protegidas de otro modo, salvo que su divulgación legal al público preservara la información privada y de identificación de las víctimas. Las agencias federales no podrían invocar las normas especificadas del Departamento de Justicia sobre entrega de información, conocidas comúnmente como reglamentos Touhy, para bloquear, demorar o condicionar el acceso exigido por la ley.⁠61

El material clasificado recibiría un tratamiento separado: una revisión completa, sin tachaduras, en una instalación segura y conforme a procedimientos aprobados por un tribunal. El fiscal general podría solicitar medidas de protección para el almacenamiento, el manejo y la presentación de documentos, pero la clasificación por sí sola no justificaría denegar ni demorar el acceso exigido. Las partes clasificadas podrían utilizarse bajo sello o ser revisadas en privado por un juez, excluyendo a la parte contraria cuando fuera necesario. Estas disposiciones no autorizarían por sí solas la publicación de información clasificada.⁠61

El Congreso tendría su propio mecanismo para hacer cumplir la ley. Una solicitud escrita de un miembro activaría un plazo de siete días naturales para conceder acceso completo y sin tachaduras. Una notificación escrita en la que se alegara una infracción activaría un plazo distinto de 30 días naturales para corregirla o explicar el cumplimiento. Una vez transcurrido el plazo correspondiente, un miembro que alegara incumplimiento podría demandar y solicitar órdenes que exigieran el acceso y pusieran fin a la retención continuada. Los tribunales también podrían rechazar justificaciones sustancialmente falsas o engañosas y conceder el reembolso de los costos legales y honorarios razonables. Estos son plazos propuestos, no obligaciones activadas por la petición.⁠61

El texto exigiría explicaciones para «Cada tachadura», en sustitución de «Todas las tachaduras», y prohibiría invocar privilegios del derecho consuetudinario —incluidos los de proceso deliberativo, abogado-cliente, producto del trabajo y aplicación de la ley— para retener material comprendido en la ley, salvo cuando esta lo permita expresamente.⁠61

También invoca leyes penales federales vigentes que abarcan las declaraciones falsas, la obstrucción y la destrucción o falsificación de registros, incluso cuando la conducta indebida involucre a altos funcionarios del Departamento de Justicia y del FBI. Pero la existencia de un registro no divulgado no convertiría automáticamente a un funcionario en delincuente. Cualquier multa o pena de prisión dependería de que se probara el delito aplicable, incluido el estado mental exigido.⁠61

Las firmas todavía necesitan votos

El procedimiento en la Cámara es más complicado que simplemente someter a votación la H.R. 9694. La Petición de Descarga n.º 27 apunta a la H.Res. 1430, que está en el Comité de Reglas. Esa resolución llevaría adelante un vehículo legislativo, la H.R. 185, y sustituiría su texto por la Ley II de Transparencia de los Archivos de Epstein. Descargar la resolución no adoptaría por sí solo la regla ni aprobaría el proyecto de ley.⁠33⁠62

Según la explicación del procedimiento publicada por ABC News el 11 de noviembre, la moción de descarga debe permanecer en el calendario al menos siete días legislativos antes de que un firmante la presente. Luego, el presidente de la Cámara tendría dos días legislativos para actuar. Los días legislativos se rigen por las sesiones de la Cámara; no se trata de una cuenta regresiva ordinaria de siete días.⁠3

La Cámara aún tendría que adoptar la resolución y aprobar la legislación. La resolución establece una hora de debate, repartida por igual entre la mayoría y la minoría del Comité Judicial, y una moción para devolver el proyecto a comisión. Si se aprobara el proyecto de ley, el secretario tendría un día natural para transmitir al Senado el mensaje de aprobación. Seguirían siendo necesarias la actuación del Senado y la promulgación.⁠62

ABC News señaló el 2 o el 3 de diciembre, después del receso de Acción de Gracias, como posibles fechas más tempranas para una votación en el pleno, no como un calendario confirmado. Los partidarios consiguieron las firmas necesarias para impulsar su consideración. La prueba más difícil es si esa mayoría procedimental se convertirá en una ley que otorgue a los sobrevivientes y a los investigadores un acceso exigible. Hasta entonces, 218 significa una vía hacia derechos más sólidos, no que ya se tengan.⁠3

Cronología

Día 98 · 3 informes

Cronología de la historia

  1. Lo que emitimos · Actualización 1

    Ocho meses después de que el Congreso ordenara publicar los archivos Epstein, Justicia aún los retiene

  2. Lo que emitimos · Actualización 2

    Un año después, la cooperación es la cuestión en disputa en la lucha por los archivos de Epstein

  3. 25 días después

  4. Primero en informar

  5. 16 días después

  6. Lo que emitimos · Actualización 3Estás aquí

    218 firmas ponen el proyecto de ley para hacer cumplir la divulgación de los archivos de Epstein en camino a una votación en la Cámara

Fuentes28

De las fuentes citadas aquí, disputeindex.com publicó primero, 5 días antes de que se emitiera esta noticia. Le siguieron 10 medios más.
  1. disputeindex.com
  2. CBS Los Angeles
  3. Clash Report
  4. X (formerly Twitter)
  5. Edit USA
  6. Roll Call
  7. 2paragraphs.com
  8. Washington Examiner
  9. +3 medios más
  10. HeyDay News

9 artículos anteriores consultados como contexto.12 medios sin fecha:congress.govGovInfoaxios.comThe HillC-SPAN.orgCRS Reports

Noticia en seguimiento · informe 3 de 3

Todas las fuentes, por medio

63 fuentes de 28 medios· Los más citados primero

Tal como se emitió
  1. A House majority signed the Epstein files petition, opening a route around Republican leaders. The proposed law would let survivors and investigators take the attorney general to court over blocked records. Can supporters turn those signatures into enforceable access?
  2. The petition reached 218 signatures on November 11. That gives supporters of the Epstein Files Transparency Act II a way to force House consideration. The House still has to vote on the legislation.
  3. On August 8, we reported Raja Krishnamoorthi's criticism that President Trump wasn't cooperating as fully as lawmakers wanted. We also reported Pete Sessions's argument that Congress handed the matter to the Justice Department and made it a “political football.”
  4. Those were lawmakers' assessments. Now supporters have secured a concrete tool for controlling the House agenda. A discharge petition lets a majority bring a measure forward without the cooperation of leadership or the committee holding it.
  5. Thomas Massie, Nancy Mace, Ralph Norman and Brian K. Fitzpatrick supplied the four Republican signatures. All 214 House Democrats signed. The four Republicans are lame-duck members, but signing the petition doesn't commit anyone to voting for final passage.
  6. California Democrat John Garamendi supplied signature number 218. Washington Democrat Adam Smith had added number 217 the day before. The coalition has enough support to pursue a vote, while the outcome of that vote is still open.
  7. Eight discharge petitions had succeeded in the 119th Congress by November 11. Massie used the same approach to force the first Epstein disclosure vote. Congress passed that law overwhelmingly in November 2025, and Trump signed it.
  8. Massie introduced the new bill on July 15 with California Democrat Ro Khanna and New Mexico Democrat Teresa Leger Fernández. It went to the Judiciary Committee. Senators Jeff Merkley of Oregon and Ben Ray Luján of New Mexico lead the Senate version.
  9. Supporters must wait at least seven legislative days on the discharge calendar. Then a signer must offer the motion. The speaker would have two legislative days to act. A successful discharge vote would lead to consideration of the measure.
  10. Legislative days follow House proceedings, so that waiting period won't automatically end after an ordinary week. The petition targets a resolution in the Rules Committee. That resolution would replace another bill's text with the Epstein Files Transparency Act II and bring it before the House.
  11. The stand-alone proposal is H.R. 9694. The petition's route runs through H.Res. 1430 and a vehicle called H.R. 185. The resolution allows one hour of debate, equally divided between the Judiciary Committee's majority and minority, and one motion to send the bill back.
  12. If the House passes it, the clerk would have one calendar day to send the passage message to the Senate. Senate action and enactment would still be necessary before anyone gains the proposed new powers.
  13. Subscribe to this channel to follow whether this petition delivers enforceable access for survivors and investigators.
  14. New Mexico Attorney General Raúl Torrez backed the proposal in July. He said survivors had waited too long for answers, and his office had waited too long for unredacted records needed to finish its criminal investigation.
  15. Massie said in July that the Justice Department was unlawfully withholding more than three million Epstein files and maintaining heavy redactions. The bill would give survivors and state officials their own way to challenge alleged violations of the existing disclosure law.
  16. A survivor could request full, unredacted records about themselves and the harm they suffered. Covered material includes FBI interview records and references to their parents, siblings or legal guardians. Other survivors' identifying information and private medical material could remain protected.
  17. The survivor's entitlement would cover the portions relating to that survivor. If the department unlawfully withheld, concealed or delayed them, failed to respond, or couldn't justify a redaction, the survivor could sue the attorney general.
  18. The definition covers people directly harmed by abuse, trafficking, forced labor, exploitation or related crimes involving Epstein, Ghislaine Maxwell or their network. Federal recognition, an investigative record or a sworn declaration could supply the required connection.
  19. Claims arising from someone's own participation in or benefit from the crimes would generally be excluded. Coverage would remain when that involvement began through their own trafficking or abuse. The network definition reaches people who knowingly enabled, financed, concealed, profited from or obstructed investigation of the crimes.
  20. State attorneys general, district attorneys and other authorized state officers could also sue for their states or residents. Both groups could seek court orders, monetary relief, costs and reasonable legal fees. Courts would be directed to move the cases as quickly as practicable.
  21. The proposal recognizes harms such as blocked investigations, harassment and difficulty corroborating reports to police or obtaining victim statements. It also covers loss of information and financial harm exceeding one hundred dollars. These enforcement powers would reach investigations already underway and add to other available remedies.
  22. State prosecutors could obtain unredacted copies even when records properly remain hidden from public view. They could keep and use them for authorized investigations and court proceedings, under protective orders safeguarding victims. Access couldn't be confined to a judge's private inspection.
  23. Protected portions used in court would stay sealed or otherwise protected unless lawful disclosure preserved victims' identifying and private information. Federal agencies also couldn't use the specified Justice Department information-production rules, often called Touhy regulations, to block, delay or impose conditions on the required access.
  24. Classified records would be reviewed in a secure facility under court-approved procedures. The attorney general could request handling and storage protections, but classification alone couldn't justify refusing or delaying access. The proposal would preserve restrictions on public release.
  25. Classified portions could be used under seal or reviewed privately by a judge, with the opposing party excluded where necessary. Investigators would gain a controlled way to use the material while protecting it from unrestricted disclosure.
  26. A member's written request would start a seven-calendar-day deadline for unredacted access. A written notice alleging a violation would start a separate thirty-calendar-day deadline to fix it or explain compliance. These deadlines would take effect only if the proposal becomes law.
  27. After the applicable deadline, a member alleging noncompliance could sue in Washington or a federal district covering part of the area they represent. Courts could order compliance, stop continued withholding, reject materially false or misleading explanations, and award costs and reasonable legal fees.
  28. The bill changes “All redactions” to “Each redaction,” requiring explanations for individual cuts. It would also bar common-law privileges from being used to withhold, delay or redact covered records, except where the statute expressly allows it.
  29. Those privileges include protections for internal deliberations, attorney-client communications, lawyers' work product and law-enforcement material. The bill also ties misconduct involving records to existing federal criminal laws covering false statements, obstruction, falsification and destruction or removal of government records.
  30. The provisions cover Justice Department, FBI and federal prosecutors' personnel, including the attorney general and FBI director. Any fine or imprisonment would depend on proving the applicable offense and its required state of mind. An undisclosed record alone wouldn't automatically make someone a criminal.
  31. The text would also treat congressional compliance proceedings as proceedings covered by the obstruction law. It places compliance within federal-agency jurisdiction for the records-destruction law. Those provisions are part of the enforcement system supporters still need Congress to approve.
  32. Possible earliest House action falls after the Thanksgiving recess, on December 2 or 3. A floor vote hasn't been scheduled. Supporters have secured the signatures needed to pursue consideration; survivors' proposed access and enforcement rights still depend on enactment.

Traducción actualizada el

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